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¿Por qué Chile exigió una nueva Constitución? Opinión

¿Por qué Chile exigió una nueva Constitución?

Felipe Fontecilla y Angie Hernández
Por : Felipe Fontecilla y Angie Hernández Director ejecutivo y coordinadora del proyecto Rumbos Constituyentes, respectivamente. Ambos de Rumbo Colectivo.
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El triunfo del Rechazo no borra la rotunda decisión ciudadana de que la Constitución de 1980 no lograba suplir las grandes brechas sociales que afectan al país, siendo un cerrojo no solo a las transformaciones sociales demandadas sino también a que Chile pueda avanzar con justicia y comunión. Esta ha sido una conclusión transversal de todo el espectro político, desde Apruebo Dignidad hasta Chile Vamos. La ciudadanía rechazó un texto cuya lectura de las necesidades sociales no se encontraba del todo acoplada a las demandas contingentes más importantes, como seguridad y pensiones.


La derrota vivida en el plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre requiere de los mayores esfuerzos para comprender las expectativas del pueblo de Chile sobre una nueva Constitución.

En primer lugar, no podemos ignorar las grandes demandas que originaron este proceso constituyente. Múltiples fueron los síntomas indicativos de que un gran malestar ciudadano se estaba gestando, iniciado con la “Revolución Pingüina” el 2006, pero alcanzando su punto cúlmine en el estallido social vivido en 2019. La consigna “No son 30 pesos, son 30 años” canalizó el malestar social al que, hasta ese momento, las acomodadas élites económicas y políticas habían puesto bajo la alfombra. Y es que, pese a los innegables avances sociales tras el retorno a la democracia, Chile mantiene graves cifras de desigualdad. Derechos básicos como salud, educación y vivienda aún no son consagrados y, desde el aparato público, poseen graves déficits de acceso y calidad.

Si bien han existido intentos de cambio, estos concitaron el rechazo constante de fuerzas políticas conservadoras que se ampararon bajo la Constitución de 1980 para negar los avances. Esta falta de abordaje de las graves brechas de nuestra sociedad fue desencadenante en la instalación de la profunda crisis de representatividad que habitamos respecto a nuestra clase política y sumó a los factores que empujaron al estallido social de 2019.

Ante este malestar, fue un acuerdo político transversal la necesidad de una nueva Constitución como una salida institucional para trabajarla. Sin embargo, no se puede desconocer que la composición de la Convención Constitucional mandatada para implementarla fue un buen reflejo de la crisis de legitimidad, marcando el ingreso de nuevos grupos políticos y de actores independientes en la escena institucional. Todos, grupos que sostenían una apuesta de cambio y transformaciones que respondieran a las demandas de la movilización social.

Pese a que este espíritu transformador fue una de las potencias iniciales importantes del trabajo de la Convención, rápidamente se convirtió también en su piedra de tope. Al tener agendas predeterminadas y una sobrerrepresentación de ciertas posiciones políticas, producto de la renovación de sectores con intención de cambio, se limitó el diálogo transversal al interior de la Convención, desconectando a nivel comunicacional el trabajo de los convencionales respecto a la ciudadanía. Aún más, la falta de articulación entre estos actores emergentes derivó en un conjunto de polémicas relacionadas con individualismos y personalismos que deslegitimaron al órgano y al proceso.

El triunfo del Rechazo con más de un 61% del apoyo electoral representa el rechazo a la propuesta emanada de un país que, al escoger a su Convención, lo hizo desde un malestar importante contra las fuerzas tradicionales que la defraudaron. Es importante reconocer, entonces, que no habitamos el mismo Chile hoy que el que se movilizó en 2019 y, ante ello, hay que elaborar reflexiones sensatas.

El triunfo del Rechazo no borra la rotunda decisión ciudadana de que la Constitución de 1980 no lograba suplir las grandes brechas sociales que afectan al país, siendo un cerrojo no solo a las transformaciones sociales demandadas sino también a que Chile pueda avanzar con justicia y comunión. Esta ha sido una conclusión transversal de todo el espectro político, desde Apruebo Dignidad hasta Chile Vamos. La ciudadanía rechazó un texto cuya lectura de las necesidades sociales no se encontraba del todo acoplada a las demandas contingentes más importantes, como seguridad y pensiones.

Sin embargo, muchos de los puntos abordados por la propuesta se han hecho parte de la agenda nacional y han permeado los sentires comunes de nuestro pueblo. Derechos de la naturaleza, Estado Social de Derecho, Iniciativas de Participación, Derecho al Cuidado, entre otros, forman parte de una serie de acuerdos con los que tanto oficialismo como oposición se han comprometido, porque hacen sentido transversal con la ciudadanía. Si bien la propuesta constitucional rechazada no logró articularse como una Carta Magna que representara al país, se encuentra mucho más cerca del modelo de sociedad que anhelamos y que nos dará cohesión social.

Ahora que fuerzas como el Partido de la Gente o el Partido Republicano están exigiendo un plebiscito de entrada, desconociendo el resultado de los comicios del 2020 que contaron con más de un 78% de aprobación, es fundamental hacer una defensa a las decisiones democráticas que ha tomado el pueblo de Chile y realizar un llamado a nuestros legisladores para que no echen por tierra la principal salida institucional que ellos identificaron de cara al descontento social. Cualquier otro resultado que no culmine con una nueva Constitución, será un llamado a repetir la historia. No importa cuánto se cubra, el malestar ciudadano volverá a estallar en tanto la Constitución de 1980 siga viva.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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