Opinión
Necesitamos sentarnos a discutir y pensar en un nuevo diseño y una nueva arquitectura de seguridad nacional. Una instancia civil, pero con institucionalidad permanente, con una masa crítica de profesionales en el área de seguridad y Defensa, que cumpla un rol de coordinación y asesoría multiagencial y supraministerial. Su conducción será siempre responsabilidad del Gobierno democráticamente elegido, pero su responsabilidad de articulación y empleo de todas las capacidades del Estado para producir el bien público seguridad nacional, es una necesidad permanente de la ciudadanía en todas las encuestas de opinión. La seguridad es la primera prioridad de los chilenos y, quizás, una de las razones por las cuales se cayó la opción del Apruebo, ya que no había sintonía popular con la propuesta sobre la cual se nos pedía votar.
Con agrado hemos leído la columna publicada en El Mostrador por Miguel Navarro, titulada “Debate sobre Defensa, Fuerzas Armadas y estrategia de seguridad nacional”. Aun cuando el texto es una muy merecida réplica y crítica a una columna del ingeniero Eduardo Santos, miembro del GADFA, nos abre la puerta para profundizar el debate en el sentido correcto. En efecto, Navarro nos conduce a la necesaria, y tal vez urgente, revisión de nuestro diseño y nuestra arquitectura de la institucionalidad superior de la seguridad nacional.
En una aproximación para definir bien el problema nos encontramos con la necesaria conceptualización de seguridad nacional, concepto que divide el alma política del actual Gobierno y su coalición. En el centro del debate está el empleo de la violencia, de la fuerza y su legitimidad por parte del Estado para el logro de objetivos políticos, tanto dentro como fuera de sus fronteras.
Hacia el exterior de los límites soberanos, los Estados tienen intereses y también derechos. Intereses que se desprenden de la ambición y capacidad de dichos Estados de ser actores en la escena internacional, de contribuir a la paz y la estabilidad y velar por derechos como la libertad de navegación por los mares, el cumplimiento de reglas que han construido un sistema de convivencia internacional, exigir el cumplimiento de tratados vinculantes y la reciprocidad de trato hacia sus ciudadanos. Por supuesto que en el centro de esos derechos está el derecho a ser reconocido como un Estado soberano, a a su autonomía política y autodeterminación con la vigencia plena de sus propias leyes, a su integridad territorial, a la seguridad de sus ciudadanos y al cumplimiento de los tratados internacionales y compromisos adquiridos. Cualquier situación que vulnere lo descrito es un riesgo o una amenaza a la “seguridad nacional”.
Hacia el interior de los límites soberanos, la Constitución Política de la República, fiel reflejo del pacto social entre el pueblo y los conductores políticos del Estado, la situación es distinta. El derecho inalienable a la defensa propia de cada persona en virtud de su condición y dignidad de tal se renuncia a cambio de otorgarle al Estado el monopolio del uso de la fuerza y la violencia, en el marco del estado de derecho para garantizar los derechos de las personas. El Estado es el único que puede usar la fuerza y la violencia en forma legítima, pues para eso existen los contrapesos legales e institucionales, pero en contraprestación es el responsable de producir el bien público “seguridad nacional”.
En ambos casos, el exterior y el interior, el Estado tiene la obligación de proveer el bien público de la seguridad nacional. Es un bien público que llega a todos los habitantes del país en forma universal y es uno de primera necesidad. Sin seguridad nacional nos es posible el desarrollo de las actividades productivas, culturales, deportivas, familiares de distracción y ocio, en fin, sin seguridad nacional la vida de la sociedad se ve perturbada, entorpecida e incluso imposibilitada.
Por un proceso lógico de especialización y gradualidad en la intensidad el empleo de la fuerza, el monopolio del uso de esta por parte del Estado se divide institucionalmente en Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, dependientes del Ministerio del Interior, y FFAA dependientes del Ministerio de Defensa. En tiempos de normalidad, la institucionalidad funciona sobre la base de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que dan efectividad al derecho, le dan vigencia operativa al estado de derecho y, además, actúan en forma disuasiva respecto de la delincuencia y las amenazas y riesgos a la seguridad nacional del país. Las FF.AA. actúan como instrumento militar del poder nacional, coadyuvando a la política exterior del Estado, contribuyendo a la presencia de este en zonas aisladas del territorio y en el extranjero, y constituyendo un factor de disuasión ante cualquier conflicto de intereses u objetivos nacionales. Constituyen además, las Fuerzas Armadas, un instrumento de maniobra política al actuar en coaliciones (FT Cruz del Sur, Patrulla Antártica Naval Combinada, RIMPAC, Panamax, etc.) o bien representando la voluntad del Estado de ser actor internacional (Haití, Cambodia, Timor, Alturas del Golán, Bosnia, etc.).
El hecho de que distintas instituciones se especialicen, gradúen o complementen su actuar para atender las necesidades de producción del bien público no implica, para nada, que la seguridad nacional sea solamente aplicable fuera de las fronteras de la república. La seguridad nacional tiene que ver con los efectos en la vida, los intereses, la infraestructura y los ciudadanos que una falta de seguridad puede producir. En los tiempos actuales, la cruda realidad nos recuerda que da lo mismo dónde se ubique físicamente un hacker, si los efectos que puede producir su actuar son verdaderas amenazas a la seguridad del país.
La coalición de gobierno está conformada por diversos partidos políticos, donde algunos de ellos no reconocen el monopolio del Estado en el uso legítimo de la fuerza. Con distintos argumentos pretenden pasar por encima de las decisiones democráticas de las urnas o los dictámenes de los contrapesos y balances institucionales, incluidos los legales, si el fin justifica usar todos los medios, incluidas la violencia y las armas, “por si las moscas”. Tenemos entonces un factor de inhibición de la voluntad política para enfrentar los temas de seguridad nacional, un “freno de mano ideológico” para utilizar el legítimo poder del Estado para producir el bien público seguridad.
Esa es la razón por la cual necesitamos sentarnos a discutir y pensar en un nuevo diseño y una nueva arquitectura de seguridad nacional. Una instancia civil, pero con institucionalidad permanente, con una masa crítica de profesionales en el área de seguridad y Defensa, que cumpla un rol de coordinación y asesoría multiagencial y supraministerial. Su conducción será siempre responsabilidad del Gobierno democráticamente elegido, pero su responsabilidad de articulación y empleo de todas las capacidades del Estado para producir el bien público seguridad nacional, es una necesidad permanente de la ciudadanía en todas las encuestas de opinión. La seguridad es la primera prioridad de los chilenos y, quizás, una de las razones por las cuales se cayó la opción del Apruebo, ya que no había sintonía popular con la propuesta sobre la cual se nos pedía votar.
Modelos y soluciones hay muchos en países amigos y aquellos a los que aspiramos a parecernos. El problema está en que la única variable que puede tirar la ecuación a cero es la voluntad política. Sin despejar esa variable, el problema de seguridad de Chile no tiene solución.
Es hora, quizás, de que el Gobierno recuerde que en el tema de la seguridad nacional, como también en las relaciones exteriores, hay una sola alma, el alma de Chile y su interés nacional, y no dos como se observan hoy en día. En este tema está muy claro cuántos pares son tres moscas.
