La caja de Pandora de los comités de la Cancillería

La Ley 21.080 del 7 de marzo del 2018, que buscaba modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras cosas, determinó crear una serie de consejos que tienen como fin apoyar la gestión de dicha cartera y la política exterior de Chile. Esta modernización fue principalmente trabajo de Heraldo Muñoz, a quien se le pueden criticar algunos aspectos de la forma en que manejó nuestra relación con Argentina, pero que, en otros, incluyendo este tema de la modernización, tenía claro qué necesitábamos en términos del ministerio responsable en apoyar al Presidente de la República en la conducción de las relaciones internacionales de Chile. El día en que el Congreso aprobó la modernización fue calificado por el entonces canciller como un día histórico, por el impacto que se esperaba pudiera tener a futuro (ver).

En el párrafo 1° de la ley de modernización, en donde se habla de la misión y organización del ministerio, se crea el Consejo Asesor de Política Exterior (artículo 6), el Comité de Exministros (artículo 7), la unidad asesora de velar por intereses de Chile en procesos internacionales (artículo 8), el Comité Interministerial de Negociaciones Económicas Internacionales (artículo 9) y el Consejo de Cooperación Internacional para el Desarrollo (artículo 10).

Hasta aquí todo bien, excepto que todo lo indicado en el párrafo anterior, o no funciona, o funciona más o menos, o no ha sido creado, o no cumple su propósito, o lo diseñado por el canciller Muñoz era para otro país o, bien, no tenemos la madurez necesaria que esto exige.

Para dejar claro lo anterior y a modo de ejemplo, el Consejo Asesor de Política Exterior recién arrancó con el canciller Ribera, quien le dio el carácter de consultivo, pero que en origen partió con el problema de ser demasiado extenso con el fin de dar cabida a todas las sensibilidades, haciendo poco posible que generara algún tipo de valor agregado, excepto dejar felices a los que habían sido elegidos para integrarlo. Posteriormente, el canciller Allamand solo informó temas al consejo y no lo usó para los fines que había sido diseñado. Entre ambos, solo 4 reuniones no presenciales en que el valor agregado no fue mucho.

La reunión del viernes 11 de noviembre de 2022 del Consejo Asesor de Política Exterior fue la primera de la canciller Urrejola, con un consejo de 26 integrantes que reflejan los intereses del actual Gobierno, con algunos nombres que se repiten, con una agenda poco clara, siendo un reflejo de lo que son la Cancillería y la política exterior actual del país, en una reunión dominada por la falta de claridad y propósito, y en donde se genera la pregunta sobre si ello fue culpa de la canciller o, bien, un problema de diseño, o ambas condiciones. Me inclino por lo último, ya que en parte corresponde a la máxima autoridad asegurarse de que las cosas funcionen, pero, dicho eso, se entiende la dificultad de hacer que consejos de este tipo funcionen, algo que sus antecesores de derecha tampoco lograron, lo que deja abierta la pregunta sobre la efectividad de la nueva institucionalidad que trajo la Ley 21.080 y que, probablemente, buscaba que el tema de las relaciones internacionales fuera uno de Estado.

El Comité de Exministros también corre una suerte similar al señalado consejo, ya que depende de la ministra convocarlo, su propósito no es claro, es ad honorem al igual que el anterior, y no hay obligación de asistir. Y algo que es más importante: no es transparente, ya que no se publican las minutas, acuerdos y recomendaciones, tema que en general afecta a todos los comités que la modernización crea.

En lo que se refiere a los comités o unidades que generan los artículos 7, 8 y 9, no me queda claro que se hayan creado, o funcionen, o si lo han sido, no es de dominio público, lo que me lleva a la pregunta de quién o qué unidad del Estado se preocupa de que las leyes creadas se materialicen e implementen. No he visto reporte alguno de la Cancillería reportando el estado de avance en la implementación de la ley de modernización, o del segundo piso de La Moneda, o de la Contraloría General de la República, en lo que parecía ser una buena idea del canciller Muñoz y que contó con la aprobación de todo el Congreso en enero del 2018, sin un voto en contra.

Quizás es hora de ser realistas y revisar dónde nos equivocamos, corrigiendo o modificando lo que sea necesario para que la Cancillería sea una efectiva organización en su rol de darle soporte a la Presidencia de la República en la conducción de las relaciones exteriores de Chile, y que podría partir por la notificación oficial a quienes dejaron de pertenecer al Consejo Asesor de Política Exterior, ya que se informaron por la prensa de la reunión de la que ya no tenían derecho a participar, en lo que se podría calificar de una acción muy poco diplomática.

Para finalizar, si vamos a abrir la caja de Pandora de los comités, por qué no revisar de una vez por todas los problemas e incentivos que tiene el desempeño de los profesionales de carrera que trabajan en el ministerio, como también por qué es la Cancillería la organización del Estado que tiene a cargo el tema oceánico y el tema antártico, temas que claramente debieran ser manejados por una organización ejecutiva a cargo de las acciones y coordinaciones interministeriales de nuestros intereses en la Antártida, los mares de Chile, el subsuelo marítimo y el comercio exterior que nos conecta con el resto del mundo, ya que claramente sus complejidades superan las capacidades que se le han dado a este ministerio, el que por naturaleza está orientado a la conducción de las relaciones exteriores, y no a manejar la Antártida y mares de Chile.

Para dudas sobre la Ley 21.080, ver aquí.