Opinión
En una columna anterior en este medio había señalado, previo al plebiscito, que si el margen de victoria del Rechazo era amplio, podríamos vernos enfrentados como país a un incremento en los niveles de incertidumbre acerca del destino del proceso constituyente, cuyo debate podría tomar meses o años, pudiendo incluso culminar con un paquete de reformas a la actual Constitución. Al parecer, día tras día nos vamos acercando a dicho escenario, ya que el ánimo constituyente ha decaído significativamente tanto en los partidos como en la calle, por lo que a todas luces la posibilidad de que tengamos una nueva Carta Magna se ve cada día más lejos. Dicho de otro modo, no hay sentido de urgencia por parte de aquellos que prometieron “hacer una nueva” o “hacer una mejor”, confirmando la tesis de quienes auguraban que el plebiscito del pasado 4 de septiembre era una suerte de todo o nada.
El 15 de noviembre de 2019 se celebró un acuerdo histórico. En respuesta a las demandas del estallido social, los partidos políticos con representación parlamentaria acordaron sentar las bases para tener nuestro primer proceso constituyente realizado en democracia. En ese entonces, el escenario era de optimismo, sobre todo al interior de las fuerzas políticas y sociales que buscaban transformaciones profundas al sistema político, junto a un giro en el rol del Estado. Hoy, a poco más de tres años de dicho acuerdo, nos encontramos en un escenario totalmente diferente: una ciudadanía desencantada (pese a su optimismo inicial), los partidos políticos vuelven a tomar control de la agenda, sumado esto a un Gobierno que intenta sortear el día a día para levantar sus niveles de popularidad y cumplir con su programa.
La principal promesa de los grupos que hicieron campaña por el Rechazo en el pasado plebiscito de salida fue la de “rechazar para hacer una nueva (Constitución)” o “rechazar para hacer una mejor”. La campaña comunicacional quedó en manos de grupos independientes, quedando los partidos de Chile Vamos, más republicanos, al margen, con el objeto de que la opinión pública no asociara la figura del Rechazo con el sector. Pese a esto, tras conocerse el resultado del plebiscito, los grupos políticos de derecha tomaron crédito, interpretando que el triunfo del Rechazo era un giro hacia la derecha en contra del itinerario establecido por el oficialismo. En dicho escenario se comenzaron a plasmar las primeras voces para definir el cronograma para un nuevo proceso constituyente. Hoy en día tal posibilidad se ve lejana, principalmente por la lentitud con la que han avanzado los acuerdos, junto a un cronograma legislativo desfavorable.
Por una parte, se presagiaba que el acuerdo estaría completo para el mes de octubre, pero lo único que se logró establecer fue una orgánica de trabajo junto a los denominados “bordes temáticos”. Por otro lado, se ha logrado avanzar en el tipo de órgano redactor, sumado al establecimiento de una comisión experta (que seguirá criterios político-partidarios en su conformación). Sin embargo, lo que todavía no avanza son los criterios de selección de representantes. Con dicho tema pendiente culminó el mes de octubre y para el mes de noviembre los acuerdos parecen no materializarse, al punto que los énfasis están más enfocados en la política contingente, principalmente en la definición del Presupuesto de la Nación para el año 2023, por lo que cualquier posibilidad de acuerdo para el presente mes hay que darlo por descartado.
Hay que tomar en consideración que para el mes de diciembre la agenda legislativa estará centrada en los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, principalmente la reforma al sistema de pensiones, por lo que el oficialismo finalmente decidió enfocarse en su programa, asumiendo que la Constitución de 1980 será la que acompañará al Gobierno hasta el final de su mandato constitucional. La reforma requerirá de importantes acuerdos, por lo que el capital político oficialista posiblemente esté centrado en sacar adelante tan ambiciosa iniciativa, la que fue parte de los compromisos de campaña y ha incidido en el aumento en la aprobación gubernamental en las recientes encuestas.
Así las cosas, se ve muy complejo que el escenario de un nuevo proceso se materialice para 2022. Asimismo, el mes de enero de 2023 seguramente estará enfocado en la definición de prioridades de la agenda legislativa tras el receso parlamentario de febrero. En concreto, la posibilidad de que se defina un nuevo proceso constituyente se ve cada día menos probable. No hay que olvidar que los acuerdos tendrán que materializarse en reformas constitucionales que requieren superar umbrales supramayoritarios y trabajo en comisiones, por lo que un eventual acuerdo sería tan solo un primer paso. La votación de las reformas podría tomar meses e incluso años si el Congreso así lo estima, especialmente si los proyectos de reforma no van acompañados del patrocinio del Gobierno mediante urgencias.
En una columna anterior en este medio había señalado, previo al plebiscito, que si el margen de victoria del Rechazo era amplio, podríamos vernos enfrentados como país a un incremento en los niveles de incertidumbre acerca del destino del proceso constituyente, cuyo debate podría tomar meses o años, pudiendo incluso culminar con un paquete de reformas a la actual Constitución. Al parecer, día tras día nos vamos acercando a dicho escenario, ya que el ánimo constituyente ha decaído significativamente tanto en los partidos como en la calle, por lo que a todas luces la posibilidad de que tengamos una nueva Carta Magna se ve cada día más lejos. Dicho de otro modo, no hay sentido de urgencia por parte de aquellos que prometieron “hacer una nueva” o “hacer una mejor”, confirmando la tesis de quienes auguraban que el plebiscito del pasado 4 de septiembre era una suerte de todo o nada. Al parecer, la parálisis actual del proceso indicaría que efectivamente el país se estaría quedando en nada.
