Los abogados de la Universidad de Chile y especialistas en Derecho del Consumidor, María Jimena Orrego y Mauricio Tapia, analizaron cómo las infracciones y vulneraciones a la libre competencia, en cualquier dimensión o etapa de la cadena productiva, afectan a la economía del país y a los ciudadanos como consumidores finales. “Es intrínsecamente propio de la colusión, en tanto violación a la libre competencia, la afectación a los consumidores, que somos los que pagamos al final de la cadena”, indicó Orrego. Por su parte, Tapia recalcó: “Lo que ocurre con los atentados a la libre competencia es que afectan al mercado completo (…), por eso, el impacto que tienen es un impacto en un gran número de consumidores”.
La libre competencia y mantener las buenas prácticas en los mercados, a toda escala, es esencial para resguardar la economía del país y los derechos de los ciudadanos, en tanto consumidores.
En este escenario, los abogados de la Universidad de Chile expertos en derechos del consumidor, María Jimena Orrego y Mauricio Tapia, se refirieron a cómo las vulneraciones a la libre competencia perjudican al consumidor final y cómo los ciudadanos de a pie pueden protegerse frente a este tipo de situaciones.
“Uno como ciudadano tiene el derecho a elegir el mejor bien, el mejor servicio, de la mejor calidad y al mejor precio”, y cuando las empresas se coluden conculcan este derecho, afirma Orrego.
Con respecto a la situación de Chile en relación a la región sudamericana, Mauricio Tapia destaca que “en términos comparativos, con países que tienen sistema de libre mercado (…), no obstante existen leyes tutelares, igual pueden configurarse colusiones en particular, monopolios o abusos de posición de dominante, y en ese el contexto, si bien Chile no es el mejor alumno de la región, tampoco es de los peores”.
En esta línea, con respecto a las indemnizaciones a los ciudadanos cuando ocurren este tipo de ilícitos, la abogada Jimena Orrego recalca que la ley debe ser la que entregue las herramientas para que la indemnización sea a tiempo y adecuada. “En otras partes del mundo los consumidores son mucho más conscientes de la eficacia de su conducta (empoderados) al no seguir comprándoles a estas empresas (las coludidas o que han infringido la libre competencia). En Chile no pasa nada, es un ratito, el consumidor reclama por las redes sociales, por los medios, pero le siguen comprando”, recalca.
Sobre los desafíos, Tapia afirma que, actualmente, lamentablemente, “los ilícitos contra la libre competencia son “rentables” para las empresas infractoras, por lo que es difícil que solo una amenaza pecuniaria de multa sea disuasiva. Hay que combinarla con otras sanciones, como, por ejemplo, la disolución de la persona jurídica infractora, que es la pena de muerte de una empresa”.
Asimismo, los abogados destacan que es posible mejorar las instituciones para optimizar la prevención de estos hechos. En este sentido, se necesita un fortalecimiento con más recursos a la Fiscalía Nacional Económica, para incrementar sus posibilidades de investigar a los mercados.
