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Crédito: Agencia UNO
En el extenso informe de más de 200 páginas y que fue elaborado por un equipo liderado por el fiscal nacional subrogante Juan Agustín Meléndez, el área especializada de la Fiscalía advierte que distintas organizaciones internacionales quieren instalarse en el país, entre las cuales se encuentran el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Jalisco Nueva Generación de México, el Clan del Golfo proveniente de Colombia y el Tren de Aragua de Venezuela. Estos grupos, según advierte el informe, pueden traer junto con su llegada diversas situaciones que no eran habituales en el país. Uno de esos es la amenaza a fiscales, lo que ya ha ocurrido en otros países y el informe da cuenta de ello. ¿Puede ocurrir esto en Chile? “Es imposible anular por completo la posibilidad que ello ocurra, pero la despersonalización de las investigaciones penales o el cambio real de identidad y el apoyo del Estado para una eficaz protección, son temas pendientes”, dice. También hace un análisis de la situación de la droga en Chile, de las cárceles y el norte.
Desoladores son los datos que entrega el último informe del Observatorio de Narcotráfico del Ministerio Público -el séptimo sobre la materia y el que fue elaborado por el fiscal nacional subrogante Juan Agustín Meléndez, junto a otro grupo de personas- ya que concluye una expansión del crimen organizado en el país y su vinculación con el narcotráfico desde el 2015 a la fecha.
En el extenso informe de más de 200 páginas, el área especializada de la Fiscalía advierte que distintas organizaciones internacionales quieren instalarse en el país, entre las cuales se encuentran el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Jalisco Nueva Generación de México, el Clan del Golfo proveniente de Colombia y el Tren de Aragua de Venezuela.
Estos grupos, según advierte el informe, pueden traer junto con su llegada diversas situaciones que no eran habituales en el país. Uno de esos es la amenaza a fiscales. “El mes de mayo del 2022 fuimos testigos de cómo una amenaza que estuvo latente por años, finalmente se concretó. En menos de 30 días fueron asesinados tres fiscales en Latinoamérica. El primero de ellos, Marcelo Pecci, fiscal antidrogas del Paraguay, asesinado el 10 de mayo. Le seguiría Luz Marina Delgado, fiscal antidrogas del Ecuador, asesinada el 25 del mismo mes, y luego, Karen Almendares, fiscal de Honduras, asesinada cinco días después. A estos mártires que nos deja el crimen organizado en nuestro continente, debemos lamentablemente sumar la muerte del fiscal de Ecuador, Federico Estrella, asesinado el 15 de agosto del 2022, quien también investigaba casos de drogas”, dice el informe.
¿Esto puede ocurrir en Chile? “Es imposible anular por completo la posibilidad que ello ocurra, pero la despersonalización de las investigaciones penales o el cambio real de identidad y el apoyo del Estado para una eficaz protección, son temas pendientes”, dice el informe, a la vez que es necesaria una protección hacia los persecutores.
Otra arista que toca el informe es la ocupación de parques nacionales y territorios de pueblos originarios por el narcotráfico, que la pandemia influyó negativamente en este comercio ilegal pero que han sabido reinventarse. «Luego de una breve pausa, la pandemia vino a constituir una oportunidad a la que los narcotraficantes han sabido sacarle el mejor provecho y, muy probablemente, aumentar sus ilícitas utilidades. Todo indica que el crimen organizado transnacional trabajó arduamente, encontrando formas de masificar la producción de nuevas drogas y buscando alternativas para seguir fabricando estupefacientes tradicionales, para trasladar y distribuir dichas drogas, empleando para ello nuevos métodos, pero también potenciando estrategias ya existentes que significasen una dificultad mayor para los fiscalizadores, como lo son las rutas marítimas”, advierte.
«En Chile, si bien no existen comunidades autónomas, los Alcaldes mapuche, también han manifestado amenazas y hechos de violencia por parte del narcotráfico, los que buscan instalarse en sus territorios», dice.
La situación de las cárceles es otro eje central del informe. Ahí, se afirma que ha habido una disminución “muy pronunciada de los homicidios al interior de los penales”, lo que, dice la Fiscalía, es un hecho que “llama la atención”. Según datos de Gendarmería, en 2019 hubo 42 muertes, 61 en 2020, 49 en 2021 y 7 en 2022. Esta caída se explica debido a que las organizaciones criminales al interior de las cárceles “han estructurado la convivencia carcelaria, y ello podría estar haciendo menos frecuente la comisión de homicidios. Suponemos que dicha afirmación nos quiere sugerir que las diferencias entre internos podrían estar siendo ‘administradas’ por estas organizaciones”.
Luis Toledo, director de la unidad de tráfico ilícito de drogas de la fiscalía nacional, agregó que «ha aumentado el número de homicidios que no pueden esclarecerse, fenómeno preocupante vinculado a la forma de operar que tiene el crimen organizado».
Finalmente, sobre la situación en el norte del país, el informe hace un trabajo comparativo de los homicidios ocurridos en 2011 y 2021 en la macrozona norte del país. La conclusión es que las causas aumentaron de un 47,8% en el 2011 a un 52,4% en el 2021, y “las victimas de homicidios consumados (fallecidas) aumentaron en un 89,2%”. La Región de Tarapacá es la que tuvo el mayor aumento de estos casos.
“El Observatorio del Narcotráfico es hoy una entidad respetada a nivel nacional e internacional, premiada internacionalmente en tres oportunidades por sus trabajos de análisis, y reconocida por la Organización de Estados Americanos como parte formal de la red de observatorios de droga del continente. Creemos que su experiencia también debería iluminar el camino para que otras iniciativas similares puedan multiplicarse en cada área de la persecución penal, entregando información seria y validada que permita orientar eficazmente la toma de decisiones en las mismas”, señaló el fiscal nacional subrogante Juan Agustín Meléndez.
