Opinión
Crédito: Agencia Uno
La instancia designada (Comisión Experta) partirá en enero –a la vuelta de la esquina, sin que siquiera esté aprobada la reforma constitucional y se despejen las muchas dudas existentes–, estará encargada de redactar un anteproyecto, es decir, los electos por la gente recibirán el pastel bastante prehorneado, y participará de todo el proceso, aunque después con derecho a “voz”. ¿No suena esto un poco a –en lenguaje circense– “la cachetada del payaso”? Vale decir, cuánto margen de cambio tendrá el texto, el que además será supervisado por la tercera instancia del proceso, el Comité Técnico de Admisibilidad (14 juristas elegidos por el Senado), que velará por que se cumplan los 12 puntos denominados “bordes”, que fueron acordados entre oficialismo, oposición y los invitados de piedra, Amarillos y Demócratas.
Después de largos 99 días, la semana pasada, se alcanzó un acuerdo entre los partidos con representación parlamentaria de oficialismo y oposición, a los que se sumaron tres pequeños movimientos, entre ellos, Amarillos y Demócratas, los que ni siquiera han podido constituirse como partidos. Por supuesto –y aunque los conglomerados oficialistas prefieran hacer la vista gorda y mirar hacia arriba– una anomalía que le quita fuerza a la firma del documento y deja muchas, pero muchas dudas acerca de por qué se aceptó la participación y el poder deliberativo de estos grupos minúsculos que representan a la elite política chilena.
Tanto es así que el propio Cristián Warnken se preguntó, en su habitual columna en El Mercurio, “¿Qué hago yo aquí ?”, para graficar el día en que entró a estampar su firma en el acuerdo. La verdad es que la autopregunta es compartida por mucha gente. Porque, pese a la frase del propio líder de Amarillos, nuestra elite política validó su participación y, de paso, aprobó que se hubieran arrogado el 62% del Rechazo. Cosas de la elite política.
Más allá de que el Partido Republicano se restara de participar en la segunda parte del proceso –porque no quiere otra Constitución, como lo ratificó su líder, José Antonio Kast, hace unos días–, lo mismo que el PDG –un partido en tal crisis que, producto de lo mismo, renunciaron tres de los seis diputados que tenía–, lo cierto es que estas colectividades deberán aportar con sus votos a la aprobación de la reforma constitucional que debe validar el acuerdo con un quórum de 4/7. Un trámite que debe hacerse en tiempo flash y que, de seguro, tendrá un fuerte rechazo de estos dos partidos de derecha.
La fórmula –claramente impuesta por la derecha, desde donde hace al menos un par de meses ya habían exigido dos condiciones básicas: el número de consejeros y la instancia de expertos– incluye un Consejo de 50 miembros, electos de acuerdo a las circunscripciones senatoriales actuales, a los que se sumarán 5 o 6 representantes de los pueblos originarios (PPOO) –de acuerdo a la votación que obtengan en el padrón indígena–, y será además paritario, funcionará con aprobación de 3/5 y tendrá 5 meses de trabajo efectivo.
Sin embargo, incorporaron dos instancias que, a lo menos, generan dudas acerca del rol de tutelaje que tendrán los “designados a dedo”, respecto de los elegidos de manera libre, secreta y democrática por la ciudadanía. Existirá una Comisión Experta integrada por 24 miembros, propuestos por la Cámara (12) y el Senado (12), de carácter paritario. Esto último, uno de los grandes aportes que dejó el proceso anterior a la política criolla
La instancia designada partirá en enero –a la vuelta de la esquina, sin que siquiera esté aprobada la reforma y se despejen las muchas dudas existentes–, estará encargada de redactar un anteproyecto, es decir, los electos por la gente recibirán el pastel bastante prehorneado, y participará de todo el proceso, aunque después con derecho a “voz”. ¿No suena esto un poco a –en lenguaje circense– “la cachetada del payaso”? Vale decir, cuánto margen de cambio tendrá el texto, el que además será supervisado por la tercera instancia del proceso, el Comité Técnico de Admisibilidad (14 juristas elegidos por el Senado), que velará por que se cumplan los 12 puntos denominados “bordes”, que fueron acordados entre oficialismo, oposición y los invitados de piedra, Amarillos y Demócratas.
Y, por supuesto, después de más de tres meses de negociaciones, desencuentros –especialmente en el oficialismo–, incluida la participación de una DC dividida, de la dupla Walker & Rincón representándose a sí mismos, de Warnken preguntándose “¿Qué hago yo acá?”, el anuncio del acuerdo dejó muchos vacíos y dudas.
¿Serán remunerados los expertos?, algo que no debería siquiera estar en duda: ¿por qué los parlamentarios podrían exigir a otros(as) que trabajen gratis cuando ellos ganan un sueldo millonario? Tampoco es claro que las elecciones de consejeros puedan ser el 18 de abril, debido a que el Servel requiere 140 días para organizar el proceso, y estos rigen una vez que sea aprobada la reforma constitucional. O sea, parece que los negociadores ni siquiera pudieron contar bien los días –uuuuuf–.
Pero la principal duda es la siguiente: ¿qué pensarán los(as) ciudadanos(as) de este acuerdo cupular, en que no se consultó ni se incluyó la opinión de organizaciones sociales o grupos representativos de la población? ¿A los PPOO les dará lo mismo la Constitución para que incluyan a 5 de ellos y, por tanto, que sean irrelevantes a la hora de las votaciones? ¿Los(as) chilenos(as) seguirán pensando, después de 32 años de democracia, que esto es “en la medida de lo posible”, aunque Pinochet esté enterrado hace 16 años? ¿Cómo habrán procesado los(as) ciudadanos(as) que, a pesar del 80% en contra de que la Carta Magna fuera escrita por electos más “designados” por el Congreso –la institución peor evaluada del país–, ahora nos propongan lo contrario? Cuando el Presidente dijo que esta era una “segunda oportunidad”, no sé si se refería a los(as) chilenos(as) o a nuestra elite política. Por ahora, todo parece indicar que es la segunda opción.
