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Cobre, mineras multinacionales y cuervos Opinión

Cobre, mineras multinacionales y cuervos

Cristián Zamorano Guzmán
Por : Cristián Zamorano Guzmán Analista y doctor en Ciencias Políticas.
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Hace poco, el presidente Joe Biden, en su promoción de la lucha en contra del calentamiento global, refiriéndose a la transición energética, mencionaba la transformación indispensable de la industria manufacturera más importante de su país: la del automóvil y sus 285 millones de vehículos, el 97% térmicos, pero que quiere sustituir por vehículos eléctricos con una huella de carbono mucho más baja.  Sepan que un coche eléctrico requiere de dos a cuatro veces más cobre que su equivalente térmico. Al ritmo de un auto producido cada dos minutos en el mundo, la demanda y el precio del cobre, en el futuro, solo pueden dispararse en el corto/mediano plazo. Y por ende todo los lugares donde se pueda extraer cobre van a ser codiciados. A la hora de discutir el futuro royalty, en Chile, sería bien que se tome en consideración ese elemento.


En un contexto internacional agitado, donde las preocupaciones de las grandes potencias siguen ligadas a los recursos energéticos y a la extracción de minerales, sería iluso pensar que el subcontinente americano no está concernido por todo el juego geopolítico al cual asistimos y que Chile no despierta los intereses de muchos. En realidad, en nuestro caso, de siempre los mismos. Nuestro siempre “benevolente” Tío Sam.

El poder (mundial) estadounidense y la expansión de este, desde un inicio, se ha basado y apoyado en la expansión de sus multinacionales petroleras y mineras, estando plenamente consciente del vínculo simbiótico que une a los recursos naturales con los medios económicos, el poder militar y el político. No es por nada que recientemente en la última cumbre de Davos, el ex Secretario de Estado, el famosísimo Henry Kissinger, defendió una vez más, la necesidad del ingreso de Ucrania a la OTAN. Todo chileno debería saber que ese mismo influyente personaje, en 1973, en las oficinas de la Casa Blanca, promocionaba la idea de un golpe de Estado en Chile; porque el control del cobre en ese entonces ya era uno de los diversos motivos de esa intervención militar como la cuestión energética innegablemente lo es en el caso de la guerra en Ucrania. Los recursos energéticos y minerales siempre han sido una preocupación de la política externa norteamericana y sería erróneo pensar que el cobre ha perdido valor a los ojos de los dirigentes estadounidenses. Por el contrario.

Hace poco, el presidente Joe Biden, en su promoción de la lucha en contra del calentamiento global, refiriéndose a la transición energética, mencionaba la transformación indispensable de la industria manufacturera más importante de su país: la del automóvil y sus 285 millones de vehículos, el 97% térmicos, pero que quiere sustituir por vehículos eléctricos con una huella de carbono mucho más baja.  Sepan que un coche eléctrico requiere de dos a cuatro veces más cobre que su equivalente térmico. Al ritmo de un auto producido cada dos minutos en el mundo, la demanda y el precio del cobre, en el futuro, solo pueden dispararse en el corto/mediano plazo. Y por ende todo los lugares donde se pueda extraer cobre van a ser codiciados. A la hora de discutir el futuro royalty, en Chile, sería bien que se tome en consideración ese elemento.

Hoy, Richard Adkerson, CEO de la multinacional estadounidense Freeport-McMoRan, a pesar de que no los tenga físicamente, debe estar tranquilamente “arreglándose los bigotes”. ¿Por qué? ¿Acaso no es esta corporación minera desde 1988, la mayor productora de cobre del mundo cotizada en bolsa? Esta corporación alcanzó para el año 2022, incluyendo el cuarto semestre, un volumen de negocio de 5,76 billones de dólares. Por lo demás, con las declaraciones de Joe Biden, Freeport-McMoRan tiene algo extremadamente sólido para tranquilizar a sus accionistas en estos tiempos de recesión mundial. De hecho, en noviembre pasado, según Bloomberg Intelligence, Freeport superó a Codelco como productor número uno de cobre en el mundo. Y a pesar de que usted nunca haya escuchado ese nombre, no crea que la multinacional no está presente en Chile. ¿A quién cree usted que pertenece, desde 1996, el 51% del importante proyecto minero El Abra? El otro 49% pertenece a… Codelco; y la razón de ese “joint-venture”, esa asociación, es muy simple. Siempre se crean vínculos simbióticos entre las multinacionales norteamericanas y los Estados donde se extraen los recursos.

Sin embargo, algunos problemas serios surgieron en lo que concierne la extracción de cobre en El Abra. Importantes y repetidos derrames de ácido sulfúrico en el lugar de la explotación de la empresa, en el Alto del Loa, han sido constatados por la comunidad atacameña de Conchi Viejo. Frente a la displicencia, la voluntad de siempre minimizar los perjuicios y la falta de proactividad por parte de la directiva nacional de la empresa Freeport McMoRan para mitigar y compensar los daños irreversibles ocasionados por esos derrames; que afectaron, por lo demás, irrevocablemente sitios arqueológicos ancestrales; la comunidad a través de sus representantes decidieron iniciar últimamente un juicio en el Tribunal Ambiental, ingresando una causa por daño de derrame de ácido sulfúrico y afectación a sitios patrimoniales históricos (algunos milenarios).  La decisión del gobierno en relación con el proyecto Dominga ha despertado altas expectativas en  la comunidad.

Lo que llama mucho la atención con esta empresa multinacional estadounidense es que a pesar que su actividad genere importantes desastres ecológicos y humanos en diferentes lugares del planeta, estos causan muy poco ruido ¿Cómo explicar que esta corporación minera, número uno en su rubro a nivel mundial desde hace ya décadas, asociada a innumerables tragedias a nivel ambiental, político, económico, geopolítico, humano y social sea tan poco conocida por el gran público?

Si uno lee la excelente investigación de Philippe Pactad C., publicada en noviembre de 2022 en Le Monde Diplomatique, edición francesa, en un artículo titulado “Un gigante del cobre en la casa de la etnia Papú”, el periodista explica como Freeport-McMoRan se ha comportado en el país asiático de Indonesia para adueñarse de sus principales minas de cobre. En abril de 1967; posteriormente al golpe de Estado que ensangrentó a esa nación en 1964; esta corporación creó su filial en ese mismo país: PT-Freeport Indonesia (PT-FI). Luego firmó el primer contrato de una empresa extranjera con el nuevo régimen del entonces General Suharto. Cláusulas contractuales no publicadas le otorgaron derechos mineros exclusivos por treinta años, sobre una concesión de 250.000 hectáreas libres de renta, regalías e impuestos durante los primeros tres años de explotación rentable. Estos requisitos fueron impuestos por el Departamento de Estado de EE.UU. por recomendación de Freeport-McMoRan.

Así, esta corporación registró una ganancia neta estimada alrededor de 3.400 millones de dólares, entre 1975 y 1989. Estos ingresos para la empresa seguirán aumentando después de la puesta en marcha de otro sitio, la mina de Grasberg. Para este yacimiento, cuyas reservas se estiman en unos 40.000 millones de dólares, se negoció rápidamente, con el Estado de Indonesia,  un nuevo contrato en 1991 y eso por treinta años. Como pueden ver, siempre hay lazos simbióticos con el país en cuestión pero casi siempre en desmedro de las poblaciones locales.

En efecto, la explotación minera en Indonesia, por parte de esa empresa, ha despojado a los papúes, pueblo indígena de esa región, de la gran mayoría de sus tierras y los mantiene a una gran cantidad de ellos en una total indigencia. Ya en 1992, un informe condenatorio pero confidencial de la asociación ecologista World Wide Fund (WWF) denunciaba, la contaminación generada en dicho lugar: 120.000 toneladas de desechos mineros vertidos diariamente en el río Ajkwe, y cerca de 50 kilómetros cuadrados de bosque envenenado. Hoy, la situación es lógicamente peor.

No les sorprenderá informarse que el ex Secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, que mencionamos al inicio de esta columna, hace parte del Consejo de Administración de la multinacional Freeport-McMoRan, y que este ha intervenido en diversas oportunidades en el desarrollo de los asuntos de la corporación en Indonesia. En 2023, aún no se ha hecho imprescindible la intervención de este personaje en los asuntos de esa empresa en Chile. Un país que ha puesto un antecedente, últimamente, con el caso de la minera Dominga, donde prevaleció una mirada que protegió a la naturaleza ante un proyecto minero muy mal definido del punto de vista ambientalista. Teniendo en el país a un “monstruo” que adora ocultarse en la sombra, que si bien crea empleos también genera muchas utilidades para sus accionistas como daños al medio ambiente y a las comunidades locales, es necesario poner énfasis en el hecho de hacerse cargo de todas las externalidades negativas de su actividad de extracción. Y aún no es el caso. Como sucede en Indonesia. Alguien debe “ponerle el cascabel al gato” ya que el ejemplo del país asiático demuestra un menosprecio por parte de esa corporación en relación a las poblaciones locales y medioambiente. Las autoridades nacionales están llamadas a estar mucho más presentes, porque aparentemente el cobre de aquí al futuro se va a necesitar mucho más. Y si de algo dispone Chile, es de cobre. El CEO de Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, aún más después de las declaraciones del presidente Joe Biden, lo sabe perfectamente. Y a 50 años del “Golpe”, uno no puede dudar que Henry Kissinger lo ignore. Para nada.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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