El miedo al delito crece y las políticas públicas no logran contenerlo

La seguridad pública no se juega únicamente en las cifras de delitos, las detenciones o la capacidad de persecución penal, sino que también depende de que las personas se sientan protegidas, confíen en las instituciones y puedan desarrollar sus actividades cotidianas sin temor. Esa es una de las principales advertencias que plantea el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe El miedo al delito en Chile, el cual será presentado este jueves y que identifica una brecha creciente entre la victimización efectiva y el riesgo que la ciudadanía percibe de convertirse en víctima de la delincuencia.

El organismo sostiene que el miedo al delito constituye un problema público multidimensional, que no puede entenderse exclusivamente como una consecuencia de haber sufrido un ilícito. Entre los factores que lo alimentan identifica las perturbaciones en los entornos barriales, los cambios abruptos en el orden cotidiano, el aumento de la violencia delictual y la evaluación crítica que realizan las personas sobre la capacidad del Estado para enfrentar los problemas de seguridad pública. En otras palabras, la percepción de desprotección institucional también contribuye a que la ciudadanía experimente temor.

Según el informe, el miedo al delito “tiene importantes impactos sociales, institucionales y en las vidas cotidianas. Erosiona la confianza interpersonal y la cohesión social, fomenta la segregación urbana, deteriora la confianza en las instituciones y puede repercutir en la calidad de la democracia. Conlleva además importantes costos económicos, pues desincentiva la inversión, aumenta el gasto fiscal y el de los hogares, e incrementa los costos operativos de la actividad productiva”.

Para elaborar el diagnóstico, el PNUD realizó grupos focales, análisis estadísticos de distintas series de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), una revisión de literatura especializada y un análisis documental de las políticas públicas de seguridad. Este último consideró instrumentos nacionales y programas territoriales implementados entre 2000 y 2025, incluyendo dos políticas nacionales, cinco planes de gobierno y quince iniciativas locales. El análisis estadístico de las dimensiones del miedo se basó, entre otros antecedentes, en los datos de la ENUSC 2025.

Uno de los hallazgos que explican la preocupación del organismo es la distancia que se ha producido entre la victimización de los hogares y el riesgo percibido de ser víctima de un delito. Según la serie histórica de la ENUSC, mientras en 2009 y 2010 la diferencia entre ambos indicadores era de nueve puntos porcentuales, en 2025 llegó a 31 puntos. Esto ocurrió porque la victimización de los hogares mostró una trayectoria oscilante, pero relativamente estable, mientras que el riesgo percibido creció de manera importante, especialmente desde la pandemia.

Para el PNUD, estas cifras obligan a revisar la manera en que se comprende y se enfrenta la inseguridad. De acuerdo con el estudio, el delito y el miedo están relacionados, pero no son equivalentes. El segundo no es un mero síntoma del primero ni una ficción psicológica, se trata de una experiencia subjetiva multidimensional, que combina una dimensión emocional (la sensación de inseguridad), otra cognitiva (el riesgo percibido de victimización) y una conductual, expresada en las estrategias de autoprotección, evitación y restricción de actividades.

En esa línea, el organismo advierte que, si el temor no se aborda como un problema específico, las estrategias de seguridad corren el riesgo de dejar fuera una parte sustantiva de la experiencia de inseguridad que afecta a la población.

La desigualdad detrás del miedo

Uno de los principales hallazgos del estudio es que el miedo al delito no se distribuye de manera homogénea. Su intensidad y sus consecuencias varían según el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, las experiencias de victimización y las características de los territorios.

“El miedo al delito restringe profundamente las libertades de las personas, desincentiva el uso del espacio público, incide en las dinámicas familiares, limita la autonomía de niñas, niños y adolescentes, y afecta las capacidades de las mujeres para desempeñar un trabajo remunerado o para acceder a puestos laborales con mejores ingresos”, dice Georgiana Braga-Orillard, representante Residente del PNUD en Chile.

El análisis estadístico de la ENUSC 2025 muestra que ser mujer y pertenecer a los tramos de mayor edad, especialmente desde los 40 años, se asocia con una mayor sensación de inseguridad y una mayor evitación de actividades cotidianas. En contraste, pertenecer al grupo socioeconómico alto se relaciona con una reducción moderada de la sensación de inseguridad. Estas diferencias evidencian que el temor no depende solamente de la exposición al delito, sino también de los recursos materiales y sociales con que cuentan las personas para protegerse y enfrentar las amenazas percibidas.

Por otro lado, el estudio advierte que el temor modifica las formas en que las personas se relacionan con sus ciudades, organizan sus familias y desarrollan sus actividades. Cuando la posibilidad de ser víctima se vuelve una amenaza permanente, las personas dejan de utilizar determinados espacios, modifican sus horarios, evitan desplazamientos y reducen sus interacciones con desconocidos. El resultado es una vida cotidiana más restringida y una progresiva privatización del espacio público.

Esta dinámica tiene efectos sobre la salud mental. El informe asocia el miedo persistente con el aislamiento social, el aumento de sintomatología ansioso-depresiva y una disminución de la satisfacción vital. En el caso de las mujeres, el temor puede afectar incluso su capacidad para acceder a un trabajo remunerado o a puestos laborales con mejores ingresos.

La responsabilidad de la política y el debate público: el Estado también incide en el temor

Una de las dimensiones más relevantes del informe es el vínculo entre el miedo al delito y la evaluación que la ciudadanía realiza sobre las instituciones responsables de la seguridad. En los grupos focales, las personas expresaron una percepción crítica sobre la voluntad de los liderazgos políticos y la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia. En particular, manifestaron desconfianza hacia la política formal, a la que atribuyen prioridades electorales y falta de interés por los problemas cotidianos de la población.

“El miedo se nutre de la evaluación profundamente crítica que realiza la ciudadanía de la voluntad de los liderazgos políticos y de la capacidad institucional del Estado para enfrentar los problemas de seguridad pública en el país. Las personas manifestaron en los grupos focales que quienes se desempeñan en la política formal, y especialmente en el Poder Legislativo, carecen de un interés real por los problemas que afectan a la ciudadanía, pues priorizan objetivos electorales y son corruptos. También la ineficacia que atribuyen las personas a las policías y al sistema de justicia constituye en las conversaciones un importante motor del miedo al delito”, detalla el texto.

En esa línea, por ejemplo, “las personas consideran que Carabineros no llega cuando se les necesita, que los procesos de denuncia son excesivamente burocráticos y que no arrojan resultados. Además, perciben al sistema de justicia como excesivamente garantista, porque en lugar de resguardar los derechos de las víctimas protegería a quienes delinquen. Y creen que promueve la reincidencia y la impunidad de los delincuentes”.

La evidencia da cuenta de que cuando las personas consideran que el Estado no tiene capacidad para protegerlas, que las policías no llegan cuando se las necesita o que la justicia no ofrece respuestas, la sensación de desprotección se profundiza.

En este punto, el organismo pone el acento en la responsabilidad de los actores públicos y de quienes participan en el debate sobre seguridad. La discusión sobre la evolución del delito debe ser informada y responsable, de modo que la ciudadanía pueda distinguir entre información veraz y desinformación, y evaluar críticamente las cifras, los patrones y las transformaciones de la actividad delictual. Esa tarea –sostiene– involucra al Estado, los liderazgos políticos, los medios de comunicación, las plataformas digitales y la ciudadanía.

La advertencia tiene especial relevancia en un contexto en que la seguridad ocupa un lugar central en la discusión pública y en la competencia política. Aunque el informe analiza políticas e iniciativas desarrolladas entre 2000 y 2025 y, por lo tanto, no constituye una evaluación de la gestión del actual Gobierno, sus conclusiones plantean un desafío para las autoridades y para el sistema político en su conjunto, ya que la reducción de los delitos no bastará para revertir el miedo si no se recupera también la confianza en la capacidad de las instituciones para responder a los problemas de seguridad.

Frente a este diagnóstico, el organismo propone ocho criterios para reconocer el miedo al delito como un problema público y complementar las políticas de prevención, control y sanción. Entre ellos plantea asumir su carácter multicausal; generar respuestas diferenciadas según grupos sociales y territorios; revitalizar los centros urbanos; mejorar los entornos barriales; fortalecer la dimensión relacional y comunitaria de la seguridad; impulsar políticas basadas en evidencia y diversificar los indicadores utilizados para medir el temor; promover un debate público responsable y enmarcar las intervenciones en un horizonte de largo plazo que trascienda los ciclos electorales.

En particular, el PNUD sugiere incorporar a los sistemas de medición variables como la cohesión social y la confianza interpersonal, además de complementar las encuestas con herramientas cualitativas que permitan comprender cómo experimentan la inseguridad distintos grupos.

La última advertencia apunta a la continuidad de las políticas. Para el organismo, las intervenciones no darán frutos si no constituyen una tarea permanente y si no se enmarcan en un proyecto de largo plazo que otorgue certezas a la ciudadanía. En ese sentido, la confianza pública aparece como una condición para enfrentar el fenómeno, ya que el Estado debe demostrar capacidad de respuesta, pero también sostener políticas que permitan reconstruir la relación entre las instituciones y las comunidades.