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“Con esta iniciativa nos estamos haciendo cargo de un vacío que dejaba a los usuarios desprotegidos” en caso de ser víctimas de un fraude, destacó el ministro de Economía. El proyecto pasó a tercer trámite constitucional en el Senado.
Por una amplia mayoría, la sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que fortalece la protección de los usuarios en caso de fraudes con medios de pago como tarjetas de crédito, débito y otras operaciones electrónicas.
De este modo, se aborda una problemática que afecta a miles de usuarios afectados por fraudes que, en ocasiones, no son reconocidas por los emisores, debiéndose iniciar largos y engorrosos procesos ante la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional del Consumidor e, incluso, ante la justicia.
El proyecto, que pasó a tercer trámite constitucional en el Senado, amplía la responsabilidad de los emisores en caso de fraude, al reducir sustancialmente el periodo de tiempo que los usuarios pasan sin respuesta y obliga a los bancos a implementar mayores medidas de seguridad para evitar este tipo de delitos.
Al respecto, el ministro de Economía José Ramón Valente dijo que “hoy día un usuario puede pasar hasta dos o tres meses sin su dinero, porque tenía que acreditar el fraude, pero ahora será responsabilidad del banco acreditarlo, no va a ser el usuario el que pague las consecuencias».
“Nos estamos haciendo cargo de un vacío que dejaba desprotegidos a los usuarios cuando son víctimas de un fraude, sin normas claras y sin obligaciones para los bancos. Hoy van a estar más protegidos y los emisores no podrán desentenderse de sus responsabilidades”, añadió.
Tras aprobarse la idea de legislar por 138 votos a favor y dos abstenciones, se ratificó (132 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones) una enmienda al título de la ley que incluía originalmente la limitación de responsabilidad para los emisores. Asimismo, por votación separada (57 votos a favor, 76 en contra y siete abstenciones) se rechazaron tres normas contempladas en el proceso de reclamación sobre operaciones previas al aviso, que se estimaron iban en perjuicio de los consumidores.
La iniciativa surgió como una moción de los exparlamentarios Lily Pérez y Eugenio Tuma, junto al senador RN Manuel José Ossandón.
El texto establece que el usuario deberá dar aviso inmediato a su banco cuando detecte un movimiento fraudulento, por ejemplo, cuando su medio de pago es clonado producto de un robo o extravío, o bien sus claves para transferencias bancarias son vulneradas.
A partir de dicho aviso, la institución bancaria deberá bloquear la tarjeta u otro medio de pago involucrado y, una vez avisado, el banco u otro emisor será responsable de cualquier otro movimiento que ocurra con dicho instrumento.
Así, el banco deberá restituir los fondos al usuario en un plazo máximo de siete días hábiles. En caso de que el usuario desconozca una operación, será responsabilidad del emisor demostrar el origen de ésta.
En otro punto relevante, en caso de que el banco acuse al usuario de incurrir en un auto fraude, el banco deberá demostrarlo ante un tribunal de justicia y no podrá pedir la restitución de los fondos sin un fallo ejecutoriado. Además, la entidad emisora estará impedida de ofrecer la contratación de un seguro al usuario cuya cobertura corresponda a los mismos siniestros.
La iniciativa considera una nueva figura penal que consiste en la suplantación de la identidad del titular o usuario frente al emisor u operador para obtener autorización para realizar transacciones. Estos delitos se sancionarán con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y una multa correspondiente al triple del monto defraudado, pena que aumentará en un grado en caso de perjuicio a terceros.
