PAÍS
Los magistrados de la Corte Suprema, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Ángela Vivanco, fallaron de forma unánime, por lo que las constructoras tendrán que ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y tramitar un Estudio de Impacto Ambiental.
Justo cuando se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente, la Corte Suprema le propinó un nuevo revés a los edificios que se construyen en el Campo Dunar de la Punta de Concón, el cual pese a ser Santuario de la Naturaleza, sigue siendo amenazado por la construcción de proyectos inmobiliarios.
El Tribunal Supremo declaró, este pasado miércoles, ilegales las obras que está realizando la empresa Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S. A., (Reconsa) en el campo dunar de Concón, y ordenó que los proyectos de esta inmobiliaria deberán ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y tramitar un Estudio de Impacto Ambiental. Fallo que se suma al de la semana pasada, esta vez en contra de Inmobiliaria Vimac, con lo que la justicia ratifica que ambas empresas se encontraban incumpliendo la legislación ambiental vigente.
Reconsa (Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón), desde enero, exigen un pago de $79 mil millones, a partir de los perjuicios generados, ya que no pueden continuar con sus planes de edificación. Básicamente, quieren cobrar lo que han dejado de ganar luego que la zona fuera declarada Santuario.
La noticia fue celebrada por el abogado patrocinante de la causa, Gabriel Muñoz, explicó que «la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado para defender el campo dunar por el lado de Concón. Con estos dos fallos, la Suprema ordena que se paralicen todas las obras en el campo dunar, y que cualquier construcción que se haga, de ahora en adelante, requiere de un estudio de impacto ambiental. Salvamos las dunas».
Con esta decisión, la Suprema revoca la determinación tomada inicialmente por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ordenando a Reconsa que debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Los magistrados de la Corte Suprema, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Ángela Vivanco, los que fallaron de forma unánime, determinaron que de la interpretación armónica de ambos artículos «es posible afirmar (…) que toda obra, programa o actividad próxima a un área protegida susceptible de ser afectada por ésta, debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través de instrumento de revisión más intenso contemplado en la legislación vigente, consistente en el Estudio de Impacto Ambiental».
El movimiento Duna Viva, quienes iniciaron la lucha contra las empresas, está integrado por la Fundación Yarur Bascuñán y la Corporación Pro Defensa del Patrimonio de Viña del Mar, y busca la protección del Campo Dunar de la Punta de Concón, el cual pese a ser Santuario de la Naturaleza, se encuentra amenazado por la construcción de proyectos inmobiliarios que están dañando en forma permanente e irreversible su composición única y más de 200 especies de flora y fauna.
