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La reunión será el próximo martes a las 14.30. El empresario es acusado por Estados Unidos de exportar material de guerra a Irak en la década de los 80.
Estados Unidos busca insistentemente la extradición del empresario Carlos Cardoen, quienes lo acusan de exportar circonio, un material explosivo, para que fuera usado por Irak en la década de los 80.
En ese sentido, la Corte Suprema lo citó a una comparecencia para notificarle personalmente de la solicitud formal que fue presentada por Estados Unidos. La fecha para que Cardoen, quien está con arresto domiciliario total desde mediados de abril, asista será el próximo martes a las 14.30 horas.
Dicha cita con la Corte Suprema será, en palabras de su abogado, Juan Pablo Olmedo, «una oportunidad para esclarecer los hechos en el procedimiento, e ir reparando el daño que se le ha hecho a Carlos Cardoen por décadas, y no solamente a él sino que a su familia, y en el proceso podremos demostrar todas las aseveraciones que planteamos».
El abogado indicó que «la falta de nuevos antecedentes en la solicitud de extradición, a juicio de esta defensa despeja toda duda de que lo que se está haciendo es una ratificación de la persecución política que se ha realizado por más de 26 años a la persona de Carlos Cardoen».
Olmedo, quien representa a Cardoen junto a Marcia González, Juan Pablo Hermosilla y Joanna Heskia, entregaron un comunicado donde se refieren por primera vez a la situación del empresario. En el texto, explican que «Estados Unidos solicita tras 26 años la extradición de Carlos Cardoen, pese a que en reiteradas ocasiones señaló que no lo haría por carecer de fundamento. Hoy desconoce sus actuaciones previas y, de manera abusiva, pretende dar a los hechos contemplados en la acusación otra significación, sin aportar ningún nuevo antecedente e interpretando arbitrariamente un tratado internacional que entró en vigencia 15 años después de los hechos».
Respecto de los delitos de conspiración, tráfico ilegal de circonio, declaraciones falsas y tráfico de armas, la defensa de Cardoen afirma que su representado «ha actuado en todo momento de buena fe, con total transparencia y con plena sujeción a las leyes de Estados Unidos y de Chile. Pese a lo anterior, ha sufrido graves vulneraciones de sus derechos fundamentales y se le ha negado un debido proceso durante casi tres décadas. Las actividades de la empresa de Carlos Cardoen fueron conocidas y apoyadas por Estados Unidos, como se demostrará en el proceso».
Esto último contradice la acusación de EE.UU. en la cual se estipula que Cardoen, de forma consciente y voluntaria, “llegó a un acuerdo con una o más personas para llevar a cabo un plan ilícito común, y que el objeto del acuerdo era contravenir las leyes de exportación de los Estados Unidos”.
La ministra Andrea Muñoz ofició a la Interpol para que le comunique la citación, debido a la medida cautelar bajo la cual permanece, instancia en la que la jueza también le tomará declaración.
