PAÍS
Además de procesamientos de excomandantes en jefe, el presidente de la Cámara de Diputados pide perseguir responsabilidades políticas, jurídicas y administrativas, incluyendo a exministros y subsecretarios del área Defensa.
La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford se ha llenado de elogios por investigar la malversación de fondos públicos en el Ejército, sobretodo tras el último dictamen de la jueza: la de someter a proceso al general en retiro del Ejército y excomandante en jefe, Humberto Oviedo.
En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, valoró la labor que ha estado desarrollando Rutherford y reclamó que se persigan no sólo las responsabilidades penales de los excomandantes en jefe sino también las políticas, jurídicas y administrativas que se deriven de los megafraudes descubiertos en la institución castrense.
«La ministra Romy Rutherford debe terminar la investigación que ha llevado con éxito y también con mucho coraje y eficacia. En ese escenario estimo que las instancias que sean necesarias deben permitir que ella termine su tarea y no que una investigación importante, grave, quede a medias solamente porque se le termina el plazo”, expresó el parlamentario DC sobre la ministra de la Corte Marcial.
Sobre lo otro, Flores indica que «las responsabilidades políticas de otros funcionarios del ministerio de Defensa que debieron preocuparse a la primera señal de que estaban habiendo recursos públicos mal utilizados. Aquí estoy apuntando a los subsecretarios de las Fuerzas Armadas o a los propios ministros que ejercían cuando estaban a lo menos estos dos comandantes en jefe involucrados».
A juicio del parlamentario, «es inaceptable que aparezcan nuevos casos de megafraudes dentro del Ejército y espero que la justicia haga su trabajo con el máximo rigor porque no puede ser que esto solamente apunte hacia los ex comandantes en jefe sino que evidentemente aquí hay otras personas que participaron en las decisiones administrativas y en su trámite».
Remarcó el diputado Flores que “todas esas responsabilidades políticas jurídicas y administrativas deben ser investigadas y sancionadas y para ello estoy convencido que la más idónea es la ministra Rutherford, que inició esta investigación”.
