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Crédito: Agencia Uno
De los cinco carabineros que quedaron con prisión preventiva, cuatro son oficiales. El restante es un suboficial. Uno de los oficiales que quedó con prisión fue el capitán de la comisaría, Cristián Almuna Salgado.
Después de una maratónica jornada de formalización, cinco carabineros de la 21° Comisaría de Estación Central, de los 12 que fueron detenidos por apremios ilegítimos, quedaron en prisión preventiva, mientras que los otros siete quedaron con medidas cautelares. Los cargos que se le imputan, además de los apremios ilegítimos, están el delito de torturas, detención ilegal y falsificación de instrumentos públicos.
De los cinco carabineros que quedaron con prisión preventiva, cuatro son oficiales. El restante es un suboficial. Uno de los oficiales que quedó con prisión fue el capitán de la comisaría, Cristián Almuna Salgado.
Según precisó el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Francisco Ledezma, la diferencia en las medidas cautelares se debe a la repetición de funcionarios policiales en distintos ilícitos: «La verdad que la intensidad de las medidas cautelares tiene que ver también con el número de delitos que se le imputan a cada uno de los funcionarios y en ese sentidos hay funcionarios que participan en varios hechos”.
Los otros siete quedaron con prohibición de acercarse a las víctimas, firmas diarias o firmas quincenales y arraigo nacional.
Por su parte, Carabineros de Chile, a traés de una declaración pública, señaló que ” la institución ha aportado y seguirá prestando la colaboración necesaria al ente persecutor penal. En el ámbito interno, se dispuso la apertura de un Sumario Administrativo, con la finalidad de establecer las eventuales responsabilidades funcionarias de los involucrados, adoptando las medidas administrativas que cada caso amerite”.
La institución agregó que “seguirá perseverando en la supervisión con equipos especializados internos para prevenir y detectar oportunamente eventuales sucesos como los señalados”.
En tanto, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quienes presentaron al menos cinco querellas por torturas para determinar las responsabilidades del caso, celebró las medidas, aunque recalcó que «los terribles relatos entregados al INDH por las víctimas solo vienen a dar cuenta que la tortura es una realidad que persiste en Chile en lugares de privación de privación de libertad. Los agentes del Estado deben entender que es inaceptable desde cualquier óptica”.
“Como INDH llegaremos hasta las últimas consecuencias legales para que situaciones como las conocidas no vuelvan a ocurrir. Los torturadores deben hacerse responsables de sus terribles actos y las víctimas deben recibir justicia. Ya lo hemos dicho, la tortura es una de las más graves violaciones a los derechos humanos porque afecta la dignidad, y la salud física y mental de las víctimas”, sentenció Contreras.
