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El fetiche del valor agregado
La política industrial moderna consiste en construir capacidades que permitan producir para el mundo, sometidas a la disciplina de la competencia internacional. A veces eso significará fundir y refinar más cobre en Chile. Otras veces significará exportar concentrado.
La decisión de la República Democrática del Congo de prohibir la exportación de concentrados de cobre y cobalto encontró rápidamente admiradores en Chile. Para algunos, sería la demostración de que un país dueño de recursos naturales debe obligar a procesarlos antes de exportarlos. La vieja idea reaparece con ropa nueva: vender concentrados sería casi una confesión de subdesarrollo; exportar metal refinado, en cambio, una prueba de sofisticación.
El problema es que la economía es bastante menos obediente a los eslóganes.
Partamos por el propio Congo. La prohibición admite excepciones y restricciones semejantes aplicadas en el 2013, 2019 y en el 2023, que debieron flexibilizarse cuando la capacidad interna de procesamiento resultó insuficiente. Más aún, durante el primer trimestre de este año Congo exportó casi 697 mil toneladas de cátodos de cobre y solo unas 54 mil toneladas de concentrado.
Es decir, buena parte del procesamiento que la medida pretende promover, ya ocurre. El movimiento del precio del cobre dice probablemente tanto sobre la estrechez actual de ese mercado como sobre la magnitud efectiva de la prohibición.
Chile, por supuesto, debe preguntarse por qué ha perdido participación en fundición y refinación. Entre 1990 y 2024 la participación de los concentrados en nuestra producción de cobre pasó de 16% a 60%. Hay buenas razones para modernizar fundiciones, incorporar nuevas tecnologías y recuperar capacidad cuando ello sea económicamente competitivo. Pero de ahí no se debe concluir que exportar concentrados sea, por definición, un fracaso.
Fundir y refinar no es gratis. Son procesos intensivos en capital, energía y control ambiental. Las fundiciones deben capturar azufre y arsénico y cumplir exigencias cada vez mayores. Codelco debió invertir cerca de US$ 1.000 millones para adecuar sus fundiciones a la norma de emisiones aprobada en el 2013, y el nuevo complejo de fundición y refinería de Enami contempla una inversión del orden de US$ 1.700 millones. Es correcto exigir altos estándares ambientales; lo incorrecto es actuar como si cumplirlos no tuviera costos y como si cualquier tonelada procesada localmente generara automáticamente más bienestar.
La experiencia internacional tampoco respalda ese fetiche. Australia sigue siendo un enorme exportador de mineral de hierro, carbón y gas. Más de la mitad del valor de las exportaciones de bienes de Noruega provino en el 2025 del petróleo y el gas. Nueva Zelanda continúa construyendo buena parte de su prosperidad exportadora sobre alimentos, lácteos, carnes, frutas y productos forestales. Canadá exporta masivamente petróleo y otros recursos naturales. Ninguno de esos países es pobre por hacerlo.
La diferencia está en otra parte. Son economías capaces de incorporar productividad, tecnología, capital humano, logística, regulación, servicios sofisticados y conocimiento a sus plataformas productivas. El valor agregado no se mide por el número de transformaciones físicas que sufre una materia prima ni por la cantidad de chimeneas que alcanza a instalar un país.
Esa es también una lección importante para Chile. Durante los últimos 35 años construimos, con todos nuestros problemas, una de las economías de mayor ingreso por habitante de América Latina, redujimos fuertemente la pobreza y levantamos plataformas exportadoras competitivas en cobre, fruta, vino, salmón y productos forestales. Algo no menor.
El problema es que ese impulso perdió fuerza. La OCDE ha advertido que nuestra convergencia de ingresos se estancó desde el 2012 y que detrás de ello está, entre otros factores, la debilidad de la inversión y de la productividad.
Ahí debiera concentrarse ahora la discusión. En convertir la minería en una plataforma todavía más densa con más proveedores tecnológicos, automatización, inteligencia artificial aplicada en procesos críticos, ingeniería, desalación, energías renovables, trazabilidad ambiental, economía circular, nuevos materiales y servicios mineros exportables y no en reemplazar la exportación de concentrados por una consigna industrialista. Y hacer lo mismo alrededor del litio, la bioeconomía forestal, la agroindustria o el hidrógeno verde.
El tránsito desde sectores aislados hacia plataformas de capacidades y encadenamientos es precisamente lo que puede permitirnos diversificar sobre aquello que ya sabemos hacer bien.
La política industrial moderna consiste en construir capacidades que permitan producir para el mundo, sometidas a la disciplina de la competencia internacional. A veces eso significará fundir y refinar más cobre en Chile. Otras veces significará exportar concentrado y capturar mucho más valor en la tecnología, los servicios y el conocimiento que lo hacen posible.
El desarrollo se mide por la calidad de lo que producimos, no por la cantidad que procesamos.
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