El orden que la élite no entiende

Chile necesita orden. Negarlo sería una frivolidad intelectual y una forma particularmente cómoda de desentenderse del miedo que atraviesa la vida cotidiana. Hay barrios donde el Estado retrocedió, espacios públicos apropiados por grupos violentos, mercados ilegales instalados a plena luz del día y personas que han debido modificar sus rutinas para evitar convertirse en víctimas. En un contexto de desorganización social, recuperar el orden es una tarea democrática urgente.

La pregunta, sin embargo, es qué entendemos por orden.

El Gobierno y los especialistas que lo acompañan parecen haber resuelto el problema con una fórmula conocida: más autoridad, mayores penas, nuevos registros, ampliación de facultades y una retórica suficientemente enérgica como para que el Estado parezca estar nuevamente al mando. Es una respuesta políticamente rentable, pero intelectualmente pobre. Supone que basta pronunciar la palabra orden con severidad para que la sociedad vuelva a producirlo.

No es extraño. La élite chilena ha entendido históricamente el orden desde su propia posición en la estructura social. Para ella, hay orden cuando se respeta la propiedad, no se desafía a la autoridad, las calles permanecen despejadas y quienes ocupan posiciones subordinadas cumplen las reglas que les han sido asignadas. El desorden comienza, bajo esta mirada, cuando alguien irrumpe, protesta, ocupa, evade o transgrede.

Pero el orden que necesita la mayoría de los chilenos no es exactamente ese. Para una persona común, tener orden significa poder esperar una micro sin miedo, caminar por una plaza sin atravesar grupos consumiendo alcohol o drogas, dormir sin balaceras, abrir un negocio sin pagar extorsiones y enviar a sus hijos a la escuela sin tener que calcular previamente los riesgos del trayecto. También significa recibir atención médica a tiempo, conservar cierta estabilidad laboral, obtener respuesta de una institución y saber que las reglas serán aplicadas tanto al vecino incómodo como al empresario influyente.

El orden no es solamente disciplina. Es previsibilidad.

Esa diferencia parece escapar a los especialistas instalados en el Gobierno. Han comprendido que existe una demanda de seguridad, pero no necesariamente aquello que la sociedad está demandando cuando pide seguridad. Interpretan el miedo como una autorización para castigar con mayor dureza, cuando muchas veces lo que las personas reclaman es algo mucho más elemental: que las consecuencias anunciadas por el Estado y las leyes ocurran realmente.

Está prohibido consumir alcohol y drogas en los espacios públicos. Están sancionadas numerosas conductas que deterioran la convivencia. Existen multas, ordenanzas, citaciones y procedimientos. El problema es que buena parte de esa arquitectura normativa se desvanece al momento de aplicarse. La policía no siempre fiscaliza; cuando fiscaliza, la infracción puede no tramitarse; cuando se tramita, la multa puede no cobrarse; cuando no se paga, frecuentemente no ocurre nada perceptible. La sanción existe en el papel, pero ha desaparecido de la experiencia social.

Podemos llamarlo impunidad cotidiana. No es la impunidad espectacular de los grandes casos de corrupción ni la que acompaña a los homicidios sin resolver. Es aquella que la población observa todos los días. Es la conducta abiertamente contraria a la norma que se repite en el mismo lugar, frente a las mismas instituciones y sin ninguna consecuencia visible.

Ante ello, nuestros especialistas responden proponiendo nuevas leyes. Legislan como si el Diario Oficial patrullara las calles. Aumentan multas que no se cobran, crean delitos que difícilmente serán investigados y anuncian registros que acumularán nombres sin modificar necesariamente la conducta de quienes figuren en ellos. Parecen fascinados con la severidad abstracta porque es mucho más sencillo aprobar una pena que construir la maquinaria institucional necesaria para ejecutarla.

La experiencia internacional ofrece soluciones bastante más creativas. Existen sistemas de citación digital inmediata, agencias nacionales dedicadas exclusivamente al cobro de sanciones, descuentos automáticos y proporcionales desde remuneraciones o devoluciones de impuestos, convenios de pago, multas calculadas según el ingreso, trabajo comunitario para quienes acrediten no poder pagar, tratamiento supervisado cuando la infracción está asociada a un consumo problemático, fiscalización focalizada en lugares críticos y estrategias dirigidas especialmente a los reincidentes.

Nada de esto tiene la espectacularidad de un operativo transmitido en directo. Requiere interoperabilidad, gestión de datos, coordinación institucional, funcionarios capacitados y seguimiento de cada sanción hasta su cumplimiento. En otras palabras, exige gobernar.

Una multa moderada que se cobra es más disuasiva que una multa gigantesca que puede ignorarse. Una fiscalización breve y reiterada resulta más eficaz (curva de Koper) que un despliegue masivo que ocurre una vez y luego desaparece. Una persona que no puede pagar debe cumplir una consecuencia alternativa, no ser encarcelada por su pobreza ni quedar simplemente liberada de toda obligación. Quien reincide merece una respuesta gradual y cierta. Nada de ello supone criminalizar la precariedad. El objeto de la intervención debe ser la conducta, no la apariencia, el origen ni la posición social de quien la realiza.

Recuperar el orden no significa devolver la amenaza al lugar del que vino, sino lograr que una consecuencia justa, proporcional y verificable siga efectivamente a cada transgresión. El orden que Chile pide no es el que el Gobierno ofrece.