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Las explicaciones del Servicio de Impuestos Internos no convenció a los empleados del organismo, quienes creen que «es una obligación ética y social dar respuesta y no ‘esconder bajo la alfombra’ este tipo de situaciones. Sólo así avanzaremos en justicia fiscal”.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) reaccionó al reportaje de «Informe Especial» -el que fue realizado con información extraída desde El Mostrador– que reveló que propietarios de lujosos inmuebles ubicados en el sector oriente de la capital no estaban pagando las contribuciones correspondientes.
El método que usaban para pagar menos contribuciones era catalogarse ante el SII como terrenos «agrícolas», por lo que tras el reportaje, se criticó los criterios que utiliza el organismo para definir la clasificación de los predios y la falta de fiscalización de estas situaciones.
Ante esto, el Servicio de Impuestos Internos emitió un comunicado, en el que señaló que «lamentablemente, el reportaje no recogió debidamente la información que entregó el Servicio detallando los aspectos fundamentales del Impuesto Territorial, de su administración y de los mecanismos de fiscalización que utiliza para verificar su cumplimiento, gestión que en los últimos años ha permitido, entre otros logros, aumentar el giro por concepto de impuesto territorial desde $1,1 billones en 2015, a más de $1,38 billones en el 2018».
«El catastro de bienes raíces contiene más de 7,9 millones de propiedades distribuidas en todo el país», agregando que «la fiscalización de los Bienes Raíces tiene como objetivo mejorar la calidad de la información catastral, procurar su actualización de la forma más oportuna posible y promover el cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes», agregaron.
Ante esto, el SII afirmó que «resulta materialmente imposible fiscalizar de manera directa el total de las propiedades existentes en el país, razón por lo cual el SII utiliza diversas plataformas tecnológicas que permiten integrar su accionar con el de estas otras entidades. En ese contexto, tenemos vigentes 122 acuerdos de colaboración firmados con Municipios para efectuar un trabajo coordinado de actualización de datos y la habilitación de un sistema web que les permite entregarnos fácilmente y en línea la información de las nuevas construcciones y/o ampliaciones realizadas en sus comunas».
Ante las críticas que han surgido contra el SII a raíz del reportaje, los trabajadores agrupados en la Asociación Nacional de Funcionarios del SII y en la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos expresaron que los hechos denunciados en la investigación “no son desconocidos” y que forman parte de “múltiples injusticias” que persisten en el sistema tributario chileno y que profundizan las inequidades.
A través de una declaración pública, creen que «es una obligación ética y social dar respuesta y no ‘esconder bajo la alfombra’ este tipo de situaciones. Sólo así avanzaremos en justicia fiscal”.
En esa línea, dijeron que les resulta “incomprensible e inaceptable” que el SII se haya negado a otorgar una respuesta a los realizadores del reportaje.
“Negarse a responder las legítimas consultas de la ciudadanía, contraviene la legislación vigente en relación a la transparencia de los actos administrativos de las instituciones públicas”, dijeron.
Según los trabajadores, no existen las condiciones para desempeñar correctamente su función: “solo contamos con 242 Fiscalizadores tasadores para un total de 345 municipios, cifra que claramente resulta insuficiente para el desarrollo de planes y programas de fiscalización”.
«El SII no cuenta con atribuciones legales, equipos y herramientas computacionales propias que le permitan georeferenciar la información de impuestos territoriales, y revisar las propiedades de los contribuyentes sin acceder a ellas, tal como lo realizado en el reportaje, ya que los funcionarios solo pueden actuar en base a una instrucción de sus superiores, a través de un programa de trabajo que emana de la Subdirección de Avaluaciones”, sentencian.
