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En su requerimiento, la FNE señala que la entidad bancaria infringió el artículo 3° del Decreto Ley 211 en el marco de la licitación del seguro colectivo de desgravamen asociado a sus créditos hipotecarios del 2017, pues excluyó arbitrariamente la oferta que contenía el menor precio, presentada por la aseguradora Rigel con los servicios de corretaje de Burgos, para declarar ganadora a una propuesta más costosa, presentada por la aseguradora BICE con los servicios de corretaje de BCI Corredores. Desde el banco señalaron a El Mostrador que «analizaremos los antecedentes cuando seamos notificados del requerimiento, con la convicción de que en BCI velamos permanentemente por el cumplimiento del marco legal y normativo vigente».
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) puso término a dos investigaciones sobre el funcionamiento de las licitaciones de seguros asociados a créditos hipotecarios, con la presentación de un requerimiento contra el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y con el envío al Ministerio de Hacienda y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de propuestas de cambios normativos sobre la regulación de estos productos.
En su requerimiento, la FNE señala que el BCI infringió el artículo 3° del Decreto Ley 211 en el marco de la licitación del seguro colectivo de desgravamen asociado a sus créditos hipotecarios del 2017, pues excluyó arbitrariamente la oferta que contenía el menor precio, presentada por la aseguradora Rigel con los servicios de corretaje de Burgos, para declarar ganadora a una propuesta más costosa, presentada por la aseguradora BICE con los servicios de corretaje de BCI Corredores.
A través de esta actuación, afirma la FNE, el Banco Bci logró beneficiarse económicamente, pues obtuvo de modo mensual, durante dos años, ingresos que no habría recibido si la licitación hubiese operado en condiciones competitivas. Todo esto, según el requerimiento, en directo perjuicio de los deudores hipotecarios de este banco (que a la fecha de la licitación superaban los 80.000), quienes debieron asumir finalmente una prima superior a aquella ofrecida por la mejor oferta. Así, durante los dos años de vigencia de la póliza, estos clientes pagaron por el seguro de desgravamen un sobreprecio cercano a los $ 1.500 millones de pesos.
Dada la ejecución de este «abuso explotativo», la FNE solicitó al TDLC que ordene a la entidad bancaria realizar licitaciones que aseguren una competencia efectiva entre los oferentes, con la debida transparencia en los procesos licitatorios, y la aplicación de una multa a beneficio fiscal de 3.500 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a cerca de US$ 3 millones.
Desde el banco señalaron: «Analizaremos los antecedentes cuando seamos notificados del requerimiento, con la convicción de que en BCI velamos permanentemente por el cumplimiento del marco legal y normativo vigente».
