Chile ante la estrategia austral argentina

El 3 de septiembre, los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei se reunieron en Santiago y emitieron una declaración conjunta que parecía destinada a cerrar la reciente controversia en torno al estrecho de Magallanes. Ambos gobiernos reafirmaron la plena vigencia de los tratados que establecen el régimen jurídico del estrecho y la soberanía chilena sobre sus aguas. Pero la tranquilidad duró poco.

Apenas horas después, el canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó que Argentina es un país “bicontinental, bioceánico”, mientras explicaba la importancia estratégica de fortalecer la presencia de su país en el Atlántico Sur. A ello se sumaron las declaraciones de la senadora Patricia Bullrich, quien al referirse a las capacidades militares que necesita Argentina, incluyó la recuperación de las Falklands/Malvinas y el “control” del Atlántico Sur, del estrecho de Magallanes y de la llegada a la Antártica.

No eran los primeros episodios. El 23 de agosto, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Valverde, ya había provocado una protesta chilena al afirmar que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía”, y describir esa zona como una “llave bioceánica”.

Posteriormente, Bullrich se disculpó y señaló que había querido referirse al canal Beagle, mientras Quirno aclaró sus palabras y reafirmó el respeto argentino por los tratados vigentes. Las precisiones redujeron la tensión diplomática, pero no eliminan la discusión de fondo.

La amistad y la cooperación con Argentina son importantes para Chile. Pero existe un peligro en confundir una buena relación entre gobiernos –e incluso la evidente afinidad política entre Kast y Milei– con una coincidencia permanente de intereses nacionales, porque en el extremo austral esos intereses no siempre coinciden y, en algunos ámbitos, incluso pueden colisionar.

Una misma geografía estratégica

El marco jurídico del estrecho de Magallanes no admite demasiadas interpretaciones. El Tratado de Límites de 1881 estableció su régimen, mientras el Tratado de Paz y Amistad de 1984 lo reafirmó y delimitó las respectivas soberanías en la zona. El Protocolo Adicional de 1893 estableció, además, que Chile no puede pretender punto alguno hacia el Atlántico y Argentina no puede hacerlo hacia el Pacífico.

Por eso, cuando altos funcionarios argentinos utilizan conceptos como “Argentina bioceánica”, “llave bioceánica” o “control del Estrecho”, Chile tiene razones para pedir explicaciones. Pero sería un error que la discusión se agotara en las palabras, porque Argentina está desarrollando capacidades concretas en el extremo austral.

Un buen ejemplo es la Base Naval Integrada de Ushuaia. No es una iniciativa creada por Milei: las obras comenzaron en marzo de 2022, durante el Gobierno de Alberto Fernández. Ahora Milei anunció mayores recursos para acelerar su construcción.

Los diseños contemplan más de un kilómetro de sitios de atraque, sectores con hasta 16 metros de profundidad y alrededor de 10.100 metros cuadrados destinados específicamente a logística antártica. La instalación está concebida para apoyar buques de gran porte y reforzar simultáneamente la presencia naval argentina en el Atlántico Sur y su capacidad logística hacia la Antártica.

Nada de esto significa que Argentina esté construyendo una base militar contra Chile. Pero sería igualmente ingenuo creer que un aumento significativo de las capacidades navales de nuestro principal vecino, precisamente en Tierra del Fuego, carece de importancia estratégica para nuestro país.

Una política de Estado

Algo semejante ocurre con la plataforma continental. Argentina creó en 1997 la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) y en 2009 presentó ante Naciones Unidas el resultado de años de investigaciones destinadas a determinar su extensión.

Argentina estableció el límite exterior de su plataforma continental en más de 1.782.000 kilómetros cuadrados más allá de las 200 millas. La comisión de Naciones Unidas adoptó recomendaciones en 2016 y 2017, pero no examinó las zonas correspondientes a las Falklands/Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, debido a la controversia con Reino Unido, ni tampoco la plataforma correspondiente al sector antártico. Por eso es incorrecto afirmar que Naciones Unidas reconoció la totalidad de la pretensión marítima argentina.

Para Chile existe además la controversia por la denominada “medialuna”, al sureste del Punto F fijado por el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Santiago ha formulado reservas frente a la pretensión argentina y en 2021 actualizó su cartografía de los espacios marítimos australes.

Sería injusto sostener que Chile no ha hecho nada. Ha defendido sus derechos y está avanzando en la determinación de su propia plataforma continental extendida. El 29 de julio pasado, por ejemplo, el Gobierno presentó ante Naciones Unidas los antecedentes correspondientes al archipiélago Juan Fernández, que comprenden aproximadamente 71.000 kilómetros cuadrados adicionales de suelo y subsuelo marino.

Pero la comparación deja una enseñanza. Buenos Aires lleva casi treinta años desarrollando institucionalmente esta política. COPLA atravesó gobiernos de distinto signo político; la reivindicación de las Falklands/Malvinas también lo ha hecho; y la Base Naval Integrada comenzó con Alberto Fernández y ahora Milei quiere acelerarla.

Argentina está mirando el extremo austral como una política de Estado. Y cuando se observa el mapa, las piezas comienzan a conectarse: Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, plataforma continental, Ushuaia, Falklands/Malvinas, Atlántico Sur y Antártica.

Es una misma geografía estratégica sobre la cual Argentina está definiendo y defendiendo sus intereses nacionales. Chile debería hacer exactamente lo mismo.

Amistad no significa intereses comunes

Esa misma lógica obliga a examinar otro componente de la política chilena hacia el Atlántico Sur: el tradicional respaldo a la reivindicación argentina sobre las Falklands/Malvinas.

Durante la visita de Milei, el Gobierno de Kast volvió a expresar el respaldo chileno a los derechos de soberanía argentinos sobre las Falklands/Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La pregunta es sencilla: ¿responde todavía esa posición, adoptada casi automáticamente durante décadas, al actual interés nacional chileno?

No se trata de asumir como propia la posición británica, sino de analizar las consecuencias geopolíticas que tendría para Chile una eventual modificación de la soberanía de las islas. Una transferencia a Argentina ampliaría significativamente la proyección marítima y la profundidad estratégica de este país en un espacio conectado directamente con el Pasaje de Drake y la Antártica. Un cambio de esa magnitud difícilmente podría resultar geopolíticamente indiferente para Chile.

La dimensión antártica es particularmente sensible. Chile y Argentina poseen reclamaciones parcialmente superpuestas en la Antártica, al igual que Reino Unido. Esas reivindicaciones permanecen congeladas por el Tratado Antártico, pero existen y los tres países continúan desarrollando presencia, infraestructura y capacidades logísticas en la región.

Existe, además, una paradoja. Reino Unido es uno de los socios históricos de Chile en materias navales y de defensa. En junio pasado, ambos países realizaron en Londres sus XXIII conversaciones bilaterales de Defensa y acordaron un nuevo plan de cooperación. Esa relación alcanza directamente a la Antártica, porque en 2023 firmaron una Carta de Intención sobre Cooperación Antártica para el período 2023-2028.

¿Por qué, entonces, Chile debe respaldar automáticamente la posición argentina en una controversia territorial entre dos países con los cuales mantiene relaciones importantes, especialmente cuando su resultado podría modificar el equilibrio estratégico del Atlántico Sur?

La pregunta merece al menos ser formulada. Milei acaba de relanzar la reivindicación argentina sobre las Falklands/Malvinas, anunció mayores recursos para la Base Naval Integrada de Ushuaia y sostuvo que quien tenga mayor proyección sobre el Atlántico Sur estará en mejores condiciones para defender sus intereses.

En eso tiene razón. La política exterior consiste precisamente en defender intereses nacionales. Argentina está en todo su derecho de hacerlo y Chile debe actuar con la misma claridad.

La principal equivocación del Gobierno de Kast no sería buscar una relación estrecha con Milei. Una relación estable y cooperativa con Argentina es indispensable. El error sería creer que la cercanía ideológica entre ambos mandatarios altera los intereses permanentes de sus respectivos Estados.

Chile debería tomar nota. No para convertir a Argentina en un enemigo que no es ni para alimentar un nacionalismo anacrónico. Una relación madura entre dos países vecinos requiere cooperación donde existen intereses comunes, pero también claridad y firmeza allí donde divergen.

La amistad entre Estados es valiosa, pero nunca puede sustituir la defensa del interés nacional. Los presidentes cambian, las afinidades ideológicas pasan y los gobiernos terminan. Pero la geografía permanece y, con ella, los intereses nacionales.