Geopolítica, la doctrina Storni y la lección Bákula

Horas después que desde Santiago comenzaba a darse por cerrado el capítulo de las polémicas declaraciones de altos uniformados argentinos respecto al “control conjunto” de Magallanes y su estrecho homónimo, el canciller trasandino Pablo Quirno refería el establecimiento de una base naval integrada cerca de Ushuaia, aseverando que “esa base naval es justamente algo que Argentina necesita hace muchísimo tiempo. Argentina es un país bicontinental, bioceánico y lo que tiene que hacer es justamente fortalecer su presencia en el Atlántico Sur, porque es el camino a la Antártida”.

En este caso lo supuestamente “novedoso” era la salida de Argentina al mar Pacífico, dado que el Protocolo de 1893, que complementa el Tratado de Límites de 1881, estableció que la soberanía argentina se extendía hasta el océano Atlántico, lo mismo que la chilena hasta el Pacífico. Lo anterior equivalió a que Chile no podía ambicionar punto alguno de proyección hacia el Atlántico, ni Argentina hacia el Pacífico.

Poco después la mileísta senadora Bullrich declaró a Radio Mitre: “El concepto de soberanía no es quién tiene un título de propiedad, el concepto de soberanía es cómo estamos puestos en los lugares que nuestro país tiene que defenderse: en la frontera norte contra la droga, en la frontera sur en lo que es la lucha por la recuperación de las Malvinas, y el control del Atlántico Sur, del estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida”.

Aunque posteriormente rectificadas, la sensación instalada es que no se logra pasar página de una cuestión donde todos están de acuerdo en sus fuentes, pero divergen en la hermenéutica.

Algunos recordaron el Decreto 457, que originó la directiva de Defensa Nacional argentina refiriendo el control conjunto en el estrecho. Otros aludieron al anuncio de una base naval argentina en Tierra del Fuego (ambos en la administración de Alberto Fernández) o el episodio de paneles solares emplazados por Argentina hacia 2024 en la boca suroriental del paso interoceánico, que el Presidente Boric exigió que se retiraran o lo harían efectivos nacionales. El asunto era más antiguo.

El almirante argentino Segundo Storni ya en la primera parte del siglo XX tradujo el concepto geopolítico al Poder Naval. En el conjunto de escritos y conferencias que elaboró entre 1911 y 1916 sugirió que, para proteger y proyectar la costa marítima de su país, Argentina debía construir bases navales, puertos de aguas profundas, flota de mar, mercante y pesquera, más astilleros. Durante años acopió información sobre el Canal Beagle, mostrando su interés en los pasos bioceánicos. Para su retiro, en 1935, ya se mencionaba la doctrina naval de Storni, que aún sigue vigente.

¿Pero qué “abrió el apetito” (como suele decir el presidente Milei) para actualizar dicho repertorio temático? La respuesta está más al norte, en la denominada doctrina Donroe, que declaró la supremacía de Estados Unidos en el hemisferio occidental, su capacidad de repeler potencias extrahemisféricas consideradas “peligrosas” y controlar recursos y espacios que considere estratégicos.

Hace una semana, el presidente Trump afirmó ante la prensa que estaba reconsiderando la postura de su país acerca de las Malvinas, agregando que, como los británicos no habían respaldado a Washington en su guerra contra Irán, tenía dudas de la habilidad de Londres para retener el archipiélago.

Y aunque el destinatario primero es indefectiblemente Londres, evacuó una derivada favorable a la reivindicación argentina, poco después que dicho país cambió su estrategia de defensa de la tradicional disuasión a la denegación de acceso, calzando con la actualizada doctrina estadounidense de 1823. La demanda histórica por las islas Malvinas, y también la proyección al Atlántico Sur y la Antártica, tenía mayores probabilidades de concreción en el marco de la política trumpista. Milei advirtió otra oportunidad en el alineamiento irrestricto con la Casa Blanca.

Desde luego, este no es el mayor riesgo externo de la historia de Chile. En el discurso del Estado de la Unión de 1892 ante el Congreso, el presidente estadounidense Benjamin Harrison se refirió al incidente del Baltimore USS (con marines muertos en una pelea de bar en Valparaíso), denunciando una supuesta hostilidad de Chile, sin descartar la respuesta bélica. Casi un siglo después, el año 1978 conjugó amenazas armadas provenientes de Argentina y Perú. Estas tesituras no deben interpretarse como la necesidad de rearmarse, la que a veces es indirectamente incentivada cuando otra potencia demanda incrementar los presupuestos de defensa.

Tampoco se puede decir que el comunicado conjunto del 3 de septiembre de 2026 es el peor documento firmado por nuestro país, sencillamente porque no lleva las firmas presidenciales, lo que también relativiza su peso ante cortes internacionales. Por lo tanto, más bien hay que estar atentos e insistir, en cada oportunidad que lo amerite, con la enmienda/reemplazo de la parte del Decreto 457 alusiva al estrecho de Magallanes. Antes resultaría prematuro dar por zanjado el tema.

En este sentido, la experiencia del memorándum Bákula, en la disputa por la delimitación marítima con Perú, nos debe reportar un aprendizaje histórico. La cercanía entre el canciller de Torre Tagle, Allan Wagner, y su homólogo nacional, Jaime del Valle, fue determinante para que el último recibiera al experto diplomático peruano Juan Miguel Bákula, el 23 de mayo de 1986, quien planteó una negociación para un tratado de límites marítimos.

Sin desconocer completamente las fuentes y criterios utilizados a la fecha respecto de la demarcación, la declaración de Santiago de 1952 y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 (que Santiago consideraba definitorios), el trabajo de Bákula los evaluaba extemporáneos, por lo que sugería celebrar un tratado específico. Perú perseveró y Chile ignoró lo anterior,  basándose en los instrumentos mencionados. A la postre, el memorándum sería un antecedente decisivo para que la Corte Internacional de Justicia reconociera la demanda peruana.

Hoy, ni la convergencia político-ideológica entre gobiernos, determinante en la Guerra Fría, ni la experticia comercial, otrora crucial en la estrategia aperturista de la globalización post Guerra Fría, son suficientes en un mundo de securitización de cadenas globales de suministro y de bifurcación tecnológica y normativa. Tal como sucedía hacia fines del siglo XIX, la competencia geopolítica, el dominio sobre estrechos y rutas, son más relevantes.