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Se acusaba que el Ministerio de Educación había usado bases de datos de personas para promocionar Admisión Justa, pero el Consejo para la Transparencia lo desestimó.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) se refirió al uso de las bases de datos del Ministerio de Educación (Mineduc) para promocionar el proyecto de Admisión Justa, con el cual pretende reincorporar la selección por mérito en los colegios.
A través de un comunicado, respondieron sobre la legalidad de esta acción por parte del ministerio, la que muchas personas calificaban como irregular. Pero, para el CPLT, esto no es así, ya que “el tratamiento de los tres bancos de datos informados por el Ministerio de Educación en sus presentaciones encuentra sustento en una base de licitud que la habilita a su procesamiento”.
Así, se deja en claro que “la política de privacidad del Ministerio de Educación, específicamente en lo concerniente a la utilización de las cuentas de correo electrónico registradas en el Sistema de Admisión Escolar, para el envío de información relativa al proyecto de ley que establece un sistema de selección por mérito con inclusión en los establecimientos educacionales de alta exigencia académica y de especialización temprana, fue utilizada en conformidad a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico”.
Sin embargo, y a pesar de reiterar que estaba dentro del marco de la legalidad, piden al Mineduc “revisar sus políticas de privacidad, precisando el ámbito y los objetivos para los que hayan obtenido los datos personales que han de tratar”.
“Junto al acuerdo, resuelto por mayoría dirimente, el CPLT insiste de forma unánime en la urgencia de contar con una nueva ley de Protección de Datos Personales -iniciativa que actualmente se tramita en el Congreso Nacional- en el entendido que entregará mayores atribuciones a esta entidad”, sentenció.
Tras conocer la decisión del CPLT, desde el Ministerio de Educación dijeron que «viene a confirmar lo que ya había dictaminado la Contraloría General de la República el 7 de mayo de este año, en relación a que el envío masivo de correos electrónicos a padres y apoderados se enmarca en las funciones del Mineduc y es por tanto admisible y ajustado a la ley».
“El Consejo para la Transparencia al descartar las denuncias de parlamentarios reafirma lo resuelto por la Contraloría, y resuelve que mi actuación se ha ajustado plenamente a la ley. Nosotros creemos que los apoderados necesitan más información y no menos. Y por eso hemos usado todas las plataformas para mantener con ellos contacto lo más directo posible. No son los padres los que han reclamado ni los que presentaron las denuncias, todo lo contrario. Nuestra experiencia es que agradecen tener información permanente, personal y oportuna”, señaló la ministra Marcela Cubillos.
