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La cuenta del show de Cancerbero: Presidencia gastó $18,5 millones en transmitir traslado de reos
La transmisión oficial del traslado de 687 reos a La Laguna costó $18,5 millones, en medio del discurso de austeridad del Gobierno. El despliegue comunicacional de Cancerbero ya había sido cuestionado por su mediatización y, semanas después, un 51% lo calificó como un “espectáculo comunicacional”.
La puesta en escena con que La Moneda presentó uno de los principales hitos de su agenda de seguridad también tuvo una cuenta para el Estado. La transmisión oficial del traslado de 687 reos de alta peligrosidad hacia la cárcel La Laguna de Talca, bautizado por el Gobierno como “Operación Cancerbero”, costó $18.549.720, IVA incluido.
El desembolso agrega una nueva arista a la controversia que ha acompañado al operativo desde el 13 de agosto, cuando el Gobierno desplegó cerca de 100 vehículos, unidades especializadas y dos helicópteros para movilizar a los internos, mientras Presidencia transmitía en vivo el procedimiento.
Según reveló Interferencia, el monto fue confirmado por la propia Presidencia en respuesta a una solicitud de Transparencia. Los casi $18,5 millones correspondieron a un servicio de circuito cerrado de televisión, con dirección de TV y unidad móvil, para emitir el operativo por las plataformas oficiales del Gobierno.
El gasto adquiere además una dimensión política al contrastar con el discurso de austeridad que ha acompañado a la administración de José Antonio Kast y con los cuestionamientos que, desde el mismo día del traslado, apuntaron precisamente al carácter comunicacional que adquirió Cancerbero.
En La Semana Política de El Mostrador, el investigador del Instituto Libertad César Miranda —ligado a uno de los centros de pensamiento del propio oficialismo— sostuvo entonces que “se hizo todo este aparataje mediático” con el propósito de instalar la narrativa de un cambio en materia de seguridad. En el mismo espacio, Isidora Alcalde cuestionó “el nivel de espectáculo” desplegado en torno al procedimiento.
La transmisión tampoco fue contratada mediante una licitación específica para Cancerbero. El desembolso se realizó mediante la orden de compra N°776-627-SE26, emitida el 26 de agosto, utilizando un contrato de producción general que Presidencia ya mantenía vigente.
Ese contrato, denominado “Servicio de Producción General para la Presidencia”, fue adjudicado en junio de 2025, durante la administración de Gabriel Boric, a la productora La Oreja Lab SpA.
La administración Kast decidió mantenerlo y posteriormente ampliarlo. El 28 de julio pasado, el Gobierno aumentó en un 30% el contrato mediante una nueva resolución, argumentando la necesidad de garantizar la “continuidad operativa” mientras se desarrollaba un nuevo proceso licitatorio.
La toma de razón de Contraloría se concretó precisamente el 13 de agosto, el mismo día en que se ejecutó y transmitió la primera etapa de la Operación Cancerbero.
La Oreja Lab ya había trabajado para Presidencia durante el Gobierno anterior. Bajo el mismo contrato organizó en julio de 2025 la cumbre “Democracia Siempre”, convocada por Gabriel Boric en La Moneda y a la que asistieron los mandatarios Lula da Silva, Gustavo Petro y Yamandú Orsi, además del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Desde entonces, según los antecedentes entregados, la productora ha recibido adjudicaciones por $1.093.400.610 distribuidas en 141 órdenes de compra: 90 durante la administración Boric, por $863 millones, y 50 bajo el Gobierno de Kast, por $229 millones.
Cancerbero había sido presentado por La Moneda como una señal emblemática del giro que el Ejecutivo buscaba imprimir en seguridad. Kast llegó personalmente hasta Talca vestido con uniforme de gendarme y acompañado por ministros, mientras el procedimiento era seguido a través de los canales oficiales de Presidencia. El constitucionalista Jorge Correa Sutil sostuvo posteriormente que la presencia presidencial no representaba “un aporte al éxito operativo”, sino que buscaba transmitir el mensaje de cuán duro sería el Estado frente a la delincuencia.
La estrategia tuvo inicialmente un amplio respaldo, pero la evaluación se deterioró rápidamente. Según una medición de Cadem publicada a fines de agosto, en quince días cayó de 62% a 45% la proporción que consideraba que Cancerbero significaría un “cambio real en materia penitenciaria” con efectos sobre la seguridad. En paralelo, quienes lo calificaban como un “espectáculo comunicacional” aumentaron de 35% a 51%.
El Mostrador también dio cuenta de que en sectores del oficialismo el despliegue fue leído como parte de los esfuerzos comunicacionales de La Moneda para reposicionar al Gobierno en seguridad y enfrentar su deterioro en las encuestas.
A ello se sumaron controversias judiciales por algunos de los internos trasladados. Un tribunal ordenó inicialmente devolver a cuatro integrantes del clan Chen a recintos de Alto Hospicio y Santiago, decisión que posteriormente fue revocada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que respaldó las facultades de Gendarmería para definir su destino penitenciario.
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