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Los llamados «falsos positivos» son uno de los episodios más oscuros del conflicto armado en Colombia. En 2008 estalló el escándalo por las denuncias de familiares de las víctimas, quienes revelaron que militares habían matado a civiles para presentarlos como guerrilleros caídos en combate en el municipio de Soacha.
Las autoridades colombianas informaron este sábado el hallazgo de una fosa en la que «se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate».
Esta práctica ilegal, conocida en el país como «falsos positivos», consiste en el asesinato de civiles por parte del ejército, que luego los presenta como muertos en combate.
La información fue revelada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una instancia creada para investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado de medio siglo con la guerrilla de las FARC y en la que se juzga a exguerrilleros, militares, agentes del Estado y civiles involucrados.
La JEP reveló el hallazgo de esta fosa ubicada en el Cementerio Católico Las Mercedes de Dabeiba, en el departamento de Antioquia, donde realizan labores de exhumación de cuerpos desde el pasado 9 de diciembre.
La JEP informa que hasta la fecha ha realizado la exhumación de siete cadáveres completos de presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
El organismo también señala que se han «recuperado numerosas estructuras y fragmentos óseos de otras posibles víctimas».
Los investigadores de la JEP afirman que en el cementerio de Dadeiba podrían estar los restosde más de 50 personas víctimas de falsos positivos.
«Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad«, sostiene el informe de la JEP.
Las investigaciones en el cementerio de Dabeiba comenzaron a raíz de una serie de versiones voluntarias, según indica la entidad.
Uno de estos testimonios fue el de un exmiembro del Ejército que «indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado», según indica el tribunal, que sostiene que estas declaraciones fueron contrastadas con un conjunto de pruebas.
El Ejército habría presentado a los civiles como víctimas de combate.
Según medios locales, un exsoldado que acompañó a la JEP a la exhumación detalló que superiores suyos le ordenaron disparar en la cabeza de los fallecidos para que estos no pudieran ser identificados.
La JEP señala que estos hechos «nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria» y que realizan estas pesquisas para «encontrar la verdad plena sobre la desaparición forzada«.
Tras la recuperación de los restos, la siguiente fase es la identificación de los cadáveres por parte de Medicina Legal.
Ante el anuncio, la vicepresidenta de Colombia Martha Lucía Ramírez, dijo en su cuenta de Twitter que se «debe adelantar la investigación hasta sus últimas consecuencias y sancionar a los responsables».
Los llamados «falsos positivos» son uno de los episodios más oscuros del conflicto armado en Colombia.
En 2008 estalló el escándalo por las denuncias de familiares de las víctimas, quienes revelaron que militares habían matado a civiles para presentarlos como guerrilleros caídos en combate en el municipio de Soacha.
Durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), se promovió un modelo de estímulos a los soldados por bajas obtenidas de sublevados, lo que fue considerado el germen de las ejecuciones de civiles.
Una investigación del Congreso calcula que más de 2.000 personas resultaron víctimas de falsos positivos, aunque organizaciones civiles sostienen que la cifra podría ser mucho más alta.
Un caso de falsos positivos llevó a la reciente renuncia del Guillermo Botero, que ocupaba el Ministerio de Defensa.
La estrategia de seguridad del Ministerio de Defensa de Colombia ha sido puesta en tela de juicio en varias ocasiones en los últimos meses, luego de que salieran a la luz varios casos que encendieron la polémica.
En noviembre pasado se conoció que durante una operación contra un campamento guerrillero en el que murió su jefe, Rogelio Bolívar Córdoba alias Gildardo Cucho, murieron varios menores de edad, entre ello, una niña de 12 años, un adolescente de 15 años y otra menor de 16 que fueron presentados como parte de la disidencia de la FARC.
La revelación conllevó a la renuncia del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.
Otro de los hechos que levantó cuestionamientos fue la ejecución extrajudicial de Dimar Torres, un desmovilizado de la guerrilla. cuyo cuerpo fue encontrado en un área rural en el extremo norte de Colombia.
Las indagaciones de la Fiscalía establecieron que miembros del Ejército colombiano terminaron con su vida, sin embargo, de manera inicial, el ministro Botero no reconoció que eso hubiera sucedido.
En mayo pasado un reportaje de The New York Times revelaba que el alto mando militar ordenó a sus fuerzas que doblaran «el número de criminales y guerrilleros que matan, capturan o fuerzan a rendirse en combate (y posiblemente admitiendo un mayor número de víctimas civiles)».
Las autoridades de Colombia cuestionaron la veracidad de la investigación.
