PAÍS
El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) analizará la pertinencia de realizar observaciones o recomendaciones al protocolo para garantizar que las Fuerzas Armadas y de Orden mantengan un estricto apego a los estándares internacionales en derechos humanos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitó formalmente al Ministerio de Defensa Nacional, acceso a la nueva versión del protocolo que establece las reglas para el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y que, según información de prensa, fue ingresado a la Contraloría General de la República para la toma de razón.
«La relevancia de una nueva reglamentación en la situación actual del país es evidente, y amerita ser analizada desde el punto de vista de los estándares internacionales de derechos humanos, tal como ha ocurrido en relación a la Circular de Uso de la Fuerza y Protocolos de Carabineros para el control del orden público, que han sido revisados en instancias convocadas por el Gobierno a las que ha sido invitado a participar el INDH», sostiene el oficio.
En este sentido, la jefa (s) de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Daniela Lara, sostuvo que «para el INDH es fundamental, que al igual que los Protocolos de Carabineros para el Mantenimiento y Control del Orden Público, estas nuevas reglas sobre uso de la fuerza se apeguen estrictamente a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, para que la aplicación de este protocolo en estados de excepción constitucional, o en el resguardo de infraestructura crítica -discusión que se mantiene en sede legislativa-, no vulnere en ningún momento las garantías fundamentales de las personas».
«Una vez que recibamos respuesta al oficio el Consejo del INDH analizará la pertinencia de realizar observaciones o recomendaciones al protocolo, de manera de que la actuación de las Fuerzas Armadas sea acorde con el respeto irrestricto de los derechos humanos», agregó la abogada.
En el documento el INDH recuerda que en virtud del mandato que le asigna la Ley 20.405, tiene el deber de “promover que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, a fin que su aplicación sea efectiva».
