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La fiscal general Diana Salazar sostuvo que «se evidenció la entrega y recepción de sobornos por parte de varios empresarios, con lo que se probó la existencia del delito».
La Fiscalía General de Ecuador pidió la pena máxima para el expresidente Rafael Correa y otra veintena de procesados, así como una reparación integral de más de un millón de dólares al Estado por su presunta implicación en el delito de cohecho en el caso conocido como «Sobornos» (2012-2016).
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, expuso en un alegato de unas tres horas su argumentación y señaló que la audiencia, que se prolonga cerca de dos semanas, «demostró la existencia de una estructura de captación de dinero irregular, liderada por el expresidente Rafael C.».
El delito está tipificado en el Código Penal ecuatoriano con una pena de tres a cinco años si es un servidor público el que ejecuta el acto.
La fiscal solicitó al tribunal de la Corte Nacional, donde se ventila el caso, que los procesados «sean sancionados con el máximo de la pena, aumentada en un tercio, por existir la agravante de haber ejecutado el hecho punible con la participación de dos o más personas».
Salazar acusó «como autor mediato al expresidente» Correa, por «tener el dominio de la organización, el poder absoluto sobre la estructura y ser beneficiario de los sobornos».
La Fiscalía aseguró que, con las evidencias expuestas, se probó que «existieron niveles jerárquicos, codificaciones y jerga criminal para la comisión del delito», y que la «estructura delictiva» recaudó 7,57 millones de dólares, de los que 6,5 fueron posibles con cruce de facturas y más de un millón en efectivo.
En paralelo, solicitó una reparación integral de 1,13 millones de dólares, que corresponde a la suma de todos los contratos señalados dentro de la trama, además de disculpas públicas a la ciudadanía y la publicación de la sentencia en los portales web de las entidades afectadas y en tres diarios de circulación nacional.
Por su parte, la Procuraduría General del Estado, como acusación particular, solicitó una reparación integral para el Estado de más de 23 millones de dólares, el triple del monto determinado por los sobornos, así como disculpas públicas por parte de los procesados y el reconocimiento de estos hechos en medios de comunicación.
