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¿Qué estaban pensando en Justicia? Tres teorías para explicar lo inexplicable
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El Gobierno que cuestionó con dureza los indultos de Gabriel Boric quedó bajo presión por beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales, un homicida neonazi y exagentes de la dictadura. En círculos políticos y de DDHH circulan tres explicaciones sobre cómo se llegó a esas decisión.
Uno de los grandes enigmas respecto del actual Gobierno es por qué una administración que hizo gárgaras respecto de los indultos concedidos por el expresidente Boric terminó rebajando las condenas a algunos de los peores criminales que ha conocido Chile: pedófilos de todo tipo (incluyendo al líder de una secta), neonazis y exagentes de los servicios represivos de la dictadura.
- Al respecto, hay a lo menos tres teorías.
A la Bannon. La primera de ellas, que se escucha en el mundo de los defensores de derechos humanos, es que comenzaron a liberar a todo el que lo pidiera con un objetivo inconfesado: soltar de esa manera, en medio del montón, a criminales de lesa humanidad.
- Se trataría de una suerte de reedición a la chilena de la táctica del primer estratega de Donald Trump, Steve Bannon, aquella de inundar el área con mierda, a fin de causar tanta confusión que nadie se dé cuenta de lo que hay en el trasfondo.
Una excusa amable. La segunda se va al otro extremo. “Rabat, Silva y compañía son abogados dogmáticos, fieles representantes del viejo dicho de tribunales de que las cosas son lo que son y no lo que las partes quieren que sean”, dicen algunos, tratando de explicar lo inexplicable gracias al apego a las leyes de las autoridades hoy cuestionadas.
- Algo de ello parece perfilarse en uno de los decretos exentos que publicó El Mostrador, el referido al “Hermano Quelo”, el líder sectario que abusó de cinco niñas, documento en el cual Fernando Rabat advierte de la gravedad de los hechos cometidos por el pederasta, pero básicamente dice que no puede hacer nada al respecto, salvo dejarlo salir en forma anticipada.
La banalidad de burocracia. La tercera teoría es que sencillamente no hubo mayor reflexión, análisis de las repercusiones ni, mucho menos, alguien pensó en las víctimas. Simplemente, tramitaron los decretos exentos como quien tramita una licencia de conducir o una petición de permiso de alcoholes en un municipio: simple burocracia banal, propia de aquellos parásitos del Estado que con tanta vehemencia denunciaba el asesor del Presidente José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, hace menos de un año.
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