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Crédito: Agencia UNO
Se trata de los mismos imputados que el juez Daniel Urrutia había dejado sin prisión preventiva, lo que generó un sumario en su contra y la suspensión de sus funciones por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago. En su resolución, la jueza Tatiana Escobar, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, acogió el cambio de cautelares a firma mensual, aludiendo al criterio de la proporcionalidad. Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, sostuvo que “no compartimos la resolución» y anunció que apelarán a la resolución judicial solicitando el arresto domiciliario total de los involucrados [ACTUALIZADA]
La jueza Tatiana Escobar, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, revocó la prisión preventiva de 12 detenidos formalizados por daños y desórdenes públicos, sindicados como integrantes de la «Primera Línea» y los dejó con firma mensual.
La resolución representa un vuelco, y la magistrada adoptó la decisión acogiendo la solicitud de los defensores penales públicos Patricia Alvarado, Nicolás Alvarez, Arturo Vergara y Cristián Calvo de levantar la prisión preventiva en el caso de 9 de los formalizados, mientras otros tres detenidos estaban representados por abogados particulares.
Se trata de los mismos imputados que el juez Daniel Urrutia había dejado sin prisión preventiva y en arresto domiciliario total, para que cumplan la pena en su casa debido a la pandemia del coronavirus. Esta decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que además abrió un sumario en su contra y la suspensión de sus funciones.
En su decisión, la jueza solamente aludió a la proporcionalidad de la pena, tomando en cuenta que quienes están formalizados por el delito de desórdenes públicos se exponen a una pena que en ningún caso será efectiva. «Todos los imputados gozan de irreprochable conducta anterior, lo que los coloca en el mínimo del tramo y como posibles beneficiarios de una pena sustitutiva ante una eventual condena. Desde esta perspectiva, la prisión preventiva no es proporcional y el tribunal no puede desconocer la situación excepcional que vive el país por la pandemia, por lo que el tribunal accede a la modificación e impondrá para todos los imputados la cautelar de firma mensual», razonó la jueza.
Según explicó el defensor Arturo Vergara, «el tribunal entendió que cualquier medida cautelar más gravosa que la de firma mensual era desproporcionada tomando en consideración la pena probable y los delitos que se habían imputado, es por eso que se impone la medida cautelar de firma mensual”.
Los detenidos estaban en esta condición desde principios de marzo, cuando Carabineros detuvo a 62 personas en las manifestaciones en el sector de Plaza de la Dignidad (Plaza Baquedano) y la Fiscalía Centro Norte optó por formalizar a 44 de ellos.
En cuanto a los próximos pasos, Vergara añadió que como el Ministerio del Interior y el Ministerio Público solicitaron el arresto domiciliario, ahora queda “esperar el plazo de interposición de recursos de lo mismo, puesto que aún podrían apelar a esta resolución. Pero lo importante es que ya como techo de cautelar tienen el arresto domiciliario total, por ende a la cárcel o a la prisión preventiva no podrían volver, ya que la pretensión de los persecutores fue fijada en el arresto total, por lo que ya al menos tenemos un techo fijado y asegurado de libertad respecto de nuestros representados”.
En efecto, desde el Gobierno, en tanto, anunciaron que apelarán a la resolución judicial. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, sostuvo que “no compartimos la resolución, nuestro rol como Ministerio del Interior es resguardar y proteger los derechos de los ciudadanos, en particular de aquellos vecinos que vieron seriamente afectadas sus vidas como consecuencia de estos hechos”.
“Por ello apelaremos de la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago solicitando mantener una medida gravosa como el arresto domiciliario total en el contexto de la pandemia que se vive hoy nuestro país”, añadió.
Mientras, según precisó el Poder Judicial, los imputados Sebastián Cambiazo Toro, Diego Alvarado Avilés, Daniel Sepúlveda Molina, José Salgado Roca, Jaime Rubio Flores, Ismael Donoso Salazar, Jean Godoy Miranda, Nicolás Ubilla Donoso, Raúl Leiva Cocio, Paloma González Herrera, Alejandro Nicho Mendoza y Óscar Gutiérrez Ramírez deberán firmar en comisarías cercanas a sus domicilios.
