Peras con manzanas: Gobierno equipara rebajas de penas con Boric, pero omite diferencias clave

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, defendió este viernes las rebajas de condenas otorgadas durante la administración de José Antonio Kast a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales, entre ellos algunos contra menores de edad. Para justificar las resoluciones, exhibió decretos firmados tanto por el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, como por su antecesor, Jaime Gajardo, asegurando que ambos gobiernos habían llegado al mismo resultado.

Sin embargo, la comparación del portavoz omitió una diferencia fundamental en los procedimientos: durante el gobierno de Gabriel Boric, el Ministerio de Justicia rechazaba las solicitudes y concedía las rebajas cuando existían fallos judiciales que así lo ordenaban. La actual administración, en cambio, adoptó un nuevo criterio y comenzó a aprobar directamente los beneficios, sin esperar órdenes judiciales individuales.

La distinción ha sido confirmada por el exministro Gajardo y por antecedentes publicados por BioBioChile, Radio Pauta y T13, que también dan cuenta de fallos de la Corte Suprema contrarios a la interpretación que ha defendido Rabat.

Durante su vocería, Arenas rechazó los cuestionamientos contra el Ejecutivo y sostuvo que atribuirle una intención de favorecer a condenados por delitos sexuales constituía una utilización política de la controversia.

También te puede interesar:

“Suponer que el Gobierno tiene alguna intencionalidad de favorecer a delincuentes que han cometido este tipo de delitos es una manipulación política de un tema humano muy grave”, afirmó.

El subsecretario agregó que el Gobierno no estaba satisfecho con las reducciones de condena, pero insistió en que se trataba de una obligación derivada de la legislación vigente.

“Aunque no nos guste este tipo de decretos, somos un Gobierno que cumple la ley, que cumple la Constitución; estos beneficios fueron establecidos en la Ley 19.856 del año 2003, durante un gobierno de la Concertación, y nosotros, como Ministerio de Justicia y el ministro de Justicia, no puede sino aplicar la ley”, sostuvo.

Arenas argumentó que, si el Ministerio de Justicia rechazaba las solicitudes, los condenados podían recurrir de amparo y obtener el beneficio mediante una resolución judicial.

“Si ustedes revisan la ley, el artículo 2.º señala expresamente que esto es un derecho; por lo tanto, no puede ser negado por el Ministerio de Justicia porque se recurre al amparo, se va a los tribunales y los tribunales en forma consistente han dicho que se debe otorgar”, aseguró.

Posteriormente, el vocero exhibió dos documentos ante la prensa. El primero correspondía a un decreto firmado durante la administración de Boric y el segundo a una resolución de la actual gestión.

“El resultado es exactamente el mismo en el gobierno del presidente Gabriel Boric y en este gobierno. Por lo tanto, en ambos casos se cumplió con la ley, se cumplió con la normativa establecida, no se cometieron arbitrariedades”, afirmó.

No obstante, los antecedentes conocidos muestran que la diferencia entre ambas administraciones no radica únicamente en el resultado de los decretos, sino en las circunstancias bajo las cuales fueron firmados.

En conversación con BioBioChile, el exministro Jaime Gajardo explicó que durante el gobierno anterior se aplicaba la exclusión incorporada en febrero de 2022, que restringió el acceso a reducciones de condena para determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

La cartera rechazaba las solicitudes incluso cuando los delitos habían sido cometidos antes de la reforma. Si los condenados presentaban recursos de amparo, el Ministerio de Justicia defendía su interpretación ante los tribunales y únicamente concedía el beneficio cuando una resolución judicial lo obligaba.

“Nosotros teníamos un criterio que era muy estricto. La ley se aprobó desde el 2022 y desde el 2022 nosotros rechazábamos. Si alguien quería recurrir, bueno, que lo resolviera la Corte, pero nuestro criterio era rechazar”, explicó Gajardo.

El exsecretario de Estado también precisó a Radio Pauta que las resoluciones de la Corte Suprema debían cumplirse cuando ordenaban conceder una rebaja, pero que esas decisiones correspondían a casos concretos.

“Nosotros firmamos porque la Corte Suprema nos ordenaba cumplir los fallos”, señaló, agregando que en esas circunstancias no tenían otra alternativa.

La administración de Kast adoptó un procedimiento distinto. Según los antecedentes publicados por BioBioChile, los 56 decretos firmados por el Ministerio de Justicia entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre fueron concedidos sin recursos judiciales previos en esos casos.

De ese total, 27 correspondieron a condenados por abuso sexual de menores y otros 29 a personas sentenciadas por violación.

Rabat ha explicado que la decisión respondió a la jurisprudencia que, a su juicio, había establecido mayoritariamente la Corte Suprema sobre la aplicación de la reforma de 2022 a delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia.

En declaraciones a Radio Duna, el ministro reconoció que su administración decidió aplicar directamente esa interpretación, en lugar de mantener los rechazos y esperar eventuales resoluciones judiciales.

Según informó ADN Radio, el secretario de Estado situó en mayo de 2026 el cambio de criterio adoptado por su cartera. La interpretación del Ejecutivo, sin embargo, no ha sido uniforme en los tribunales.

Un reportaje de T13 dio cuenta de un fallo de la Corte Suprema del 24 de febrero de 2026 que respaldó el rechazo de una solicitud de reducción de condena firmada por Gajardo. En ese caso, el máximo tribunal distinguió entre la existencia de un derecho y el cumplimiento de las condiciones necesarias para acceder al beneficio.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, también precisó que fue el ministro de Justicia quien dictó los decretos conforme a sus atribuciones legales, y recordó que los tribunales solo pueden pronunciarse sobre estas decisiones cuando existe una acción judicial que habilite su intervención.

Suspensión de decretos

En paralelo, la controversia llevó al Ministerio de Justicia a anunciar este viernes la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condenas, después de identificar un vacío legal relacionado con la aplicación de las restricciones establecidas en 2022.

El Gobierno también informó que presentará iniciativas legislativas con discusión inmediata para modificar el procedimiento de reducción de penas, establecer nuevas causales de exclusión y garantizar que las víctimas puedan ser oídas.

Durante la vocería, Arenas descartó que la suspensión representara un cambio de criterio jurídico y sostuvo que la intención del Ejecutivo es modificar la legislación.

“No es un cambio de criterio, sino que es un intento y una convicción de cambiar la ley”, afirmó.

El subsecretario también reconoció que existían aspectos susceptibles de mejorar en la actuación del Gobierno.

“Los procedimientos siempre se pueden hacer mejor. Esto yo creo que es una enseñanza, una lección. Se pudieron haber hecho cosas distintas”, señaló.

Respecto de las 56 rebajas ya concedidas, Arenas afirmó que los decretos completaron su tramitación y que la suspensión anunciada por Justicia no se aplicará a esas resoluciones.

Finalmente, ratificó el respaldo presidencial al ministro Rabat, pese a los cuestionamientos surgidos desde la oposición y sectores del oficialismo.

“El ministro Rabat cuenta con toda la confianza del Presidente de la República”, sostuvo, y agregó que el Ejecutivo defenderá su actuación ante una eventual acusación constitucional.