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“Entreguen los 56 decretos”: exministro Jaime Gajardo arremete contra La Moneda
El exministro acusó al vocero Gonzalo Arenas de confundir a la ciudadanía y emplazó al Presidente Kast a ordenar que se estudie la revocación de las rebajas de condena y exigir al ministro Rabat que pida perdón. “Si (decretos) fueron impecables ayer, ¿por qué los suspenden hoy?”, cuestionó.
El exministro de Justicia Jaime Gajardo arremetió este viernes contra La Moneda por las 56 rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Acusó al vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, de entregar información incompleta para defender las decisiones del ministro Fernando Rabat y exigió al Ejecutivo transparentar los decretos, estudiar cómo revertir los beneficios y asumir responsabilidades políticas.
“Entreguen los decretos, entreguen los 56 decretos, que la opinión pública los conozca, sepa quiénes son, podamos escrutar adecuadamente los fundamentos que se utilizaron”, emplazó durante un punto de prensa realizado en las afueras de Chilevisión.
La respuesta llegó después de que Arenas exhibiera dos decretos, uno firmado por Gajardo durante el Gobierno de Gabriel Boric y otro por Rabat, asegurando que “el resultado es exactamente el mismo” en ambas administraciones.
“Los subsecretarios de gobierno tienen como obligación entregarle a la ciudadanía información veraz. Información que sea real, información que sea completa. Lamentablemente, el subsecretario de gobierno no entregó información completa”, respondió Gajardo.
El exministro rechazó la comparación y marcó una diferencia: los decretos de su administración respondían al cumplimiento de sentencias judiciales, mientras que Rabat concedió las rebajas directamente por vía administrativa.
“Esos decretos no son iguales. Hay un decreto que es el que firma el actual ministro de Justicia que entrega inmediatamente y lo entrega él directamente un beneficio a un criminal que ha violado un niño o que ha abusado sexualmente a ese niño. Y el decreto que mostró que lleva mi firma es un decreto que está cumpliendo una sentencia judicial”, sostuvo.
Según explicó, tanto durante los gobiernos de Boric como de Sebastián Piñera, Justicia rechazaba las solicitudes de estos condenados y defendía esa posición ante los tribunales, aunque posteriormente debiera cumplir fallos que ordenaran conceder el beneficio.
Emplazamiento directo a Kast
Gajardo también cuestionó la decisión de Rabat de suspender la tramitación de nuevos decretos, anunciada este viernes en medio de la controversia.
“Eso no está dentro de la órbita de facultades del ministro de Justicia. El ministro de Justicia no puede suspender. Lo que él tiene que hacer es rechazar estas solicitudes”, afirmó, planteando que corresponde defender ese criterio ante los tribunales.
El exsecretario de Estado fue más allá y apuntó directamente al Presidente José Antonio Kast, luego de que Rabat asegurara que el Mandatario no estaba informado de las rebajas.
“Si el presidente de la República no estaba al tanto, le tiene que ordenar hoy al ministro de Justicia que estudien todas las vías para revocar las rebajas de condena que entregaron”, exigió.
Además, pidió rechazar las solicitudes pendientes y que el ministro de Justicia ofrezca disculpas a las víctimas y sus familias.
Gajardo cuestionó que el Gobierno invoque jurisprudencia de casos particulares para justificar administrativamente las rebajas y exigió publicar los fundamentos de las 56 resoluciones.
También apuntó a las contradicciones que, a su juicio, han marcado la respuesta oficial, especialmente después de que Rabat reconociera que la mayoría de los beneficiados ya estaría en libertad, sin precisar cuántos.
“Si fueron impecables ayer, ¿por qué los suspenden hoy?”, preguntó.
La controversia se amplió esta semana luego de que una investigación de El Mostrador revelara otros tres decretos de rebaja por delitos graves, incluidos secuestro calificado y tortura, dos de ellos correspondientes a internos de Punta Peuco. Rabat confirmó estos últimos beneficios y defendió su legalidad.
Consultado sobre una eventual acusación constitucional contra el titular de Justicia, Gajardo no respaldó expresamente ese mecanismo, pero fue categórico sobre las consecuencias del caso.
“A mi juicio la responsabilidad política es evidente. Y en este país se tienen que asumir las responsabilidades políticas”, sentenció.
