Cae seremi de Bienes Nacionales de Arica por incumplimiento y conflictividad en gestión de suelo

No aguantó más. La hoguera que encendió el secretario regional ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota, Cristian Pradenas Soto, desde que asumió en su cartera en abril de este año, con acusaciones permanentes al Gobierno anterior sobre ilegalidades cometidas en la gestión de suelo fiscal y la ralentización en los trámites solicitados por servicios públicos y usuario, terminaron por desbancarlo.

En la tarde de ayer, en un viaje programado a última hora, el abogado tuvo que presentar su renuncia ante la ministra Catalina Parot Donoso (RN) en Santiago. Con esta nueva dimisión, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast anota 46 renuncias de seremis en el país y 6 de éstas corresponden a la Región de Arica y Parinacota.

En exclusiva, su término anticipado de funciones en el Gobierno fue confirmado a El Mostrador por el delegado presidencial regional, Cristian Sayes Maldonado. La máxima autoridad regional señaló que “el Ministerio le solicitó la renuncia el miércoles en la noche y se formalizó ayer en Santiago. Necesitamos una mayor celeridad en la gestión y eso es lo que se está buscando con este cambio. Eso significa apurar respuestas, por ejemplo, a la PDI para que pueda instalarse en Zapahuira y Cuya y para cuyos proyectos tiene recursos y necesitan terreno fiscal. Le agradecemos lo que hizo durante estos meses y ahora vamos a dar este nuevo impulso a esa cartera”.

Sayes mencionó que espera tener a la nueva autoridad designada en esa repartición la primera semana de noviembre y que su tarea será “agilizar los procesos que tienen que ver con desarrollo productivo de barrios industriales como Orpa y Agrima y ordenar también lo que dejó el Gobierno anterior donde detectamos que hubo hartas entregas de suelos, pero con trámites superpuestos. También el próximo año abordaremos la toma de La Libanesa en el sector de Villa Frontera”.

Desde su asunción, el seremi Pradenas contó con el apoyo de la diputada republicana, Stephanie Jéldrez Ortiz, cuyo partido anota 4 seremis renunciados en la región. La parlamentaria patrocinó su llegada al Gabinete Regional en retribución a la campaña que hizo a su favor en las elecciones parlamentarias del año pasado, cuando el abogado aún militaba en el Partido Nacional Libertario (PNL). Pradenas se desmarcó de la campaña del candidato PNL, Marcelo Zara Pizarro, luego de que el partido no lo seleccionara como su opción parlamentaria.

El exseremi también contó con el respaldo ministerial, incluso cuando El Mostrador difundió su ejercicio como abogado de gremios con ocupaciones ilegales de suelo en la región y que ahora estaba obligado a desalojar. Esa asesoría quedó registrada en un video donde en medio de una protesta de los camioneros por el desalojo de un predio de 3,8 hectáreas ejecutado por la Seremi de Bienes Nacionales el 19 y 20 de noviembre de 2024, el jurista acompañó a los dirigentes, bloqueando una avenida de alto tráfico en el sector de Cerro Chuño.

Conflictos con usuarios

Durante los seis meses de su gestión, el abogado presentó alto nivel de conflictividad con los usuarios que acudían a las oficinas de la Seremi, para reclamar por la dilación en los trámites de sus expedientes de arriendos o concesiones gratuitas que habían iniciado durante el Gobierno anterior.

Con un estilo histriónico, voz impostada y tono violento, la autoridad se asomaba constantemente en el pasillo del edificio para “atender” al público que exigía respuestas por las gestiones pendientes.

En esa particular performance de autoridad en terreno y vigilante, comenzó a repetir un relato diciendo que iba a revisar “todos” los trámites que había dejado en curso el Gobierno anterior, ya que tenía dudas de la legalidad de los actos administrativos que se habían gestionado hasta el mismo 10 de marzo pasado.

Esa respuesta y que luego comenzó a repetir en algunos encuentros con organizaciones que agrupan a pequeñas empresas, irritó a varias directivas que comenzaron a ingresar solicitudes de transparencia o recursos de reconsideración ante negativas a sus solicitudes de arriendo.

La señal más prístina de que se avecinaba un final abrupto para su gestión fue la foto difundida en el Instagram de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota el 16 de octubre. En ella, aparece el delegado regional Cristian Sayes junto a la ministra Catalina Parot anunciando gestiones para resolver gestiones que estaban trabadas en el despacho del seremi relacionadas con los predios cedidos a organizaciones de pymes y vecinales en Cerro Chuño y Villa Frontera.

En la cita no participó el seremi Pradenas. Su ausencia dio que hablar en los círculos políticos. Ese mismo ruido se acrecentó en el propio Gabinete Regional, al constatarse la inasistencia del exseremi a un encuentro programado por el delegado presidencial con vecinos del sector de Villa Frontera. Allídebía abordarse el traspaso pendiente de 2 terrenos que dejó en trámite el Gobierno anterior y que uno de ellos tiene una “toma”.

Permanentemente Pradenas quiso dar una señal de que era eficiente, publicando videos en las redes sociales de la Seremi viajando al altiplano y la precordillera. También anunció varias veces que haría desalojos, pero lo cierto es que la toma de La Libanesa, la más grande de la región, nunca la tocó. Más bien fue un ruido permanente, dado que erradicarla pondría en entredicho los compromisos suscritos por excandidatos republicanos a diputados como la seremi de Gobierno, Pollyana Rivera Bigas con los usurpadores que apuntaron a garantizarles una regularización y no su desalojo.

Molestia en ministerio

Los últimos meses de la gestión del exseremi fuero de alta conflictividad, incluso con el equipo de confianza de la ministra Parot. Se conoció que había molestia por los rechazos de los expedientes a nivel local, situación que estaba generando reclamaciones a las autoridades del nivel central de Bienes Nacionales y una sobrecarga de trabajo.

Asimismo, trascendió que había inquietud por los números en rojo que mostraba el cumplimiento de metas de gestión de la Seremi, los cuales estaban a punto de afectar las metas nacionales y gatillar la pérdida de un bono para el 2027.

Denuncias por amenazas

Los problemas de Pradenas con dirigentes que antes de su asunción eran sus clientes y adeptos a su breve campaña de precandidato a diputado, fueron en aumento. A través de las redes sociales y también en el recurso de protección que presentó su organización en agosto, quedó en evidencia la denuncia de la dirigente Catalina Cabrera respecto de amenazas que habría recibido de la autoridad, condicionándola a que le imputara al seremi del Gobierno anterior manejos irregulares, para obtener la aprobación de un terreno en la localidad de Acha.

En la acción judicial, Cabrera relató que “el 19 de junio de 2026, el Sr. Pradenas Soto citó a su domicilio particular a la recurrente doña Catalina Cabrera Maldonado bajo el pretexto de tratar los avances de los proyectos de regularización. En dicho encuentro, la autoridad pública la increpó e intentó forzarla indebidamente a interponer una denuncia penal instrumental en contra del anterior Seremi, don Rodrigo Díaz, afirmando textualmente que sus proyectos solo avanzarían y «le iría bien» si accedía a formular dicha acusación.

La reclamante refirió que, ante su negativa, el Seremi intensificó “una campaña de asedio personal e institucional. Aprovechándose de la investidura de su cargo y de los usuarios que acuden a consultar por expedientes a dependencias públicas, se ha dedicado a instigar a terceros y miembros de la agrupación para que denuncien infundadamente a la recurrente y desacrediten su labor social”.

Esta situación llevo a Cabrera a presentar una denuncia formal por desvío de poder, las amenazas directas, la violencia institucional y el grave menoscabo a su seguridad e integridad psíquica, el 1 de septiembre ante el Ministerio Público.

Asimismo, existen otras denuncias de dos funcionarias testigos del Caso de Corrupción en la Seremi de Bienes Nacionales. Ambas fueron suspendidas por la exautoridad, luego que revocaran sus despidos en la Corte de Apelaciones. Ellas acudieron a la Fiscalía para denunciar haber recibido mensajes a través de otro funcionario de ese servicio, donde Pradenas las habría acusado de promover reclamos de los usuarios a través de la plataforma electrónica del servicio.

Trascendió que ambas requirieron una medida de protección a su integridad. La solicitud está en curso, considerando que las dos son testigos claves en la investigación de la Fiscalía y cuyo proceso fue visto con distancia por el exseremi, dada su cercanía con algunos de los exfuncionarios acusados de delitos de corrupción pública.

Por último, en la Seremi hizo ruido el abandono intempestivo de sus funciones que hizo su coordinadora de gabinete y socia de su estudio jurídico R&L Abogados, la abogada Camila Céspedes Uribe. Hasta hoy la funcionaria se mantiene con una licencia médica, luego de sostener una discusión a gritos con la autoridad.