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Créditos: Agencia Uno
“Queremos facilitar que la información financiera, las deudas, las morosidades, o el Dicom de las pequeñas empresas no sea considerado riesgoso para acceder a estas garantías, para que así, estos puedan competir en igualdad de oportunidades y tengan acceso a ese beneficio”, dijo el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto.
La diputada del PPD Carolina Marzán, junto con los diputados Raúl Soto (Ind), Cosme Mellado (PR) y Boris Barrera (PC), presentaron un proyecto de ley para que Dicom no sea considerado cuando las Mipymes postulen a créditos o ayudas del Gobierno.
Para la diputada Marzán, autora del proyecto, es necesario “evitar todo obstáculo que deje fuera a este tipo de empresas de las ayudas que está disponiendo el Gobierno a través de los bancos con garantías del Estado”, ya que para la legisladora, “la final es única y clara: Facilitar el acceso a créditos dispuestos ante la emergencia del COVID-19 para aquellas, micro, pequeñas y medianas empresas que están en DICOM, para que este no sea considerado al momento de evaluación crediticia, con el objetivo final de que estos sean concedidos por la particularidad del momento que vivimos y el Estado como garante del endeudamiento».
La parlamentaria justificó la iniciativa comentando que “en nuestro país, el 96% de las empresas son micro, pequeña o mediana y cubren gran parte de la actividad económica de nuestro país y, por su tamaño, requieren de protección por parte del Estado ante la situación excepcional que vivimos».
También agrega que “no es extraño que muchas de estas empresas cayeran dentro del registro de morosidad post 18 octubre (estallido social), no por irresponsabilidad financiera, sino por circunstancias excepcionales y fortuitas ajenas. La pandemia empeoró esta situación y hoy hablamos de la supervivencia de estas empresas, quienes emplean a casi el 45% de los trabajadores, que son, sin duda alguna, quienes deben ser el principal foco de todas estas medidas que deben involucrar a esta cadena».
Por su parte, el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto señaló que «se debe fijar una tasa obligatoria, o un tope para que esto se traduzca en beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas. Creemos que aún no están las garantías suficientes para que estas pequeñas empresas tengan igualdad de competencia y acceso a estos créditos garantizados por el Estado, respecto de una empresa más grande».
“Hay que recordar que lo que hace este proyecto es aumentar los topes de las empresas que pueden acceder al FOGAPE, de 350 mil UF de ventas anuales, a empresas de hasta 1 millón UF de ventas anuales, eso significa que son cercanos al 99,8% de las empresas de este país”, añade.
Soto también sostuvo que “aquí hablamos de que las empresas grandes tienen un colchón y una espalda económica”, lo anterior provoca que puedan “negociar de forma preferencial con los bancos para acceder a estos créditos, por lo tanto logramos prever que probablemente los microempresarios puedan eventualmente quedar afuera».
“Con esto queremos facilitar que la información financiera, las deudas, las morosidades, o el Dicom de las pequeñas empresas no sea considerado riesgoso para acceder a estas garantías, para que así, estos puedan competir en igualdad de oportunidades y tengan acceso a ese beneficio”, dijo.
El proyecto se presentó como indicación en la discusión general del proyecto del Gobierno en Comisión de Hacienda, para que se discuta con urgencia y «se defina de manera más o menos inmediata», sostuvo Soto.
