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PAÍS

Rechazo transversal a la discusión inmediata y al contenido del proyecto de Ley de Migración y Extranjería

por 5 mayo, 2020

Rechazo transversal a la discusión inmediata y al contenido del proyecto de Ley de Migración y Extranjería
Las voces firmantes acusan que “el Estado aún no asume su deber de establecer una institucionalidad”, además de declarar que el actual proyecto “no representa un avance significativo en el respeto de los derechos fundamentales de los y las migrantes” ni “garantiza adecuadamente el principio de reunificación familiar y las garantías de debido proceso de las personas migrantes ante la decisión de expulsión o rechazo de visas de residencia”, en ese sentido y en la actual emergencia sanitaria a raíz del COVID-19 también “dificulta que se debata democráticamente su contenido e impide que las organizaciones sociales participen de la discusión y manifiesten legítimamente su disconformidad”, critican.
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Diversas voces de la oposición, representantes de organizaciones sociales y de la ciencia y figuras del mundo artístico manifestaron el rechazo a la discusión inmediata y al contenido de la iniciativa de ley sobre migración y extranjería propuesta por el Ejecutivo.

Luego de que el pasado 29 de abril el Ejecutivo dispusiera otorgar discusión inmediata al Proyecto de Ley​ de Migración y Extranjería, por medio del Boletín 8970-06, desde diversas organizaciones y voces enviaron un documento mencionando que el Gobierno había reactivado la iniciativa “en un contexto de crisis sanitaria y de excepción constitucional, sin explicitar los fundamentos de esta decisión”.

“Chile ha esperado más de 40 años para adoptar una ley de migración discutida en democracia. Hoy la migración sigue estando regulada por el Decreto Ley 1094 de 1975, adoptado a inicios de la dictadura. Junto con lo anterior, el Estado aún no asume su deber de establecer una institucionalidad con los recursos y capacidad necesaria para establecer una política migratoria acorde a sus obligaciones internacionales, exponiendo actualmente a los solicitantes de visas a largos períodos de espera y exclusión”, comentan.

En concordancia agregan que “si existe consenso sobre algo en relación a nuestra política migratoria, es en la necesidad de cambiar la regulación vigente, abiertamente inconstitucional y violatoria de obligaciones de derechos humanos, pero tal cambio debe hacerse de manera democrática, abierta y participativa, respetando los estándares mínimos de derechos humanos en esta materia”, sugieren.

Sin embargo, tal como lo han hecho presente distintas organizaciones y expertos en la matemateria: “El​ proyecto de ley que el Ejecutivo desea aprobar con inusitada urgencia no representa un avance significativo en el respeto de los derechos fundamentales de los y las migrantes y, por el contrario, desconoce las obligaciones del Estado chileno en materia de derechos humanos, particularmente las disposiciones de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos”, reconocieron.

“El texto del proyecto de ley presentado no​ garantiza adecuadamente el principio de reunificación familiar y las garantías de debido proceso de las personas migrantes ante la decisión de expulsión o rechazo de visas de residencia”.

A su vez, “impide​ que las personas que ya hayan ingresado al país puedan optar a vías de regularización migratoria” y, junto con lo anterior, “limita​ el acceso a beneficios sociales (…). De esta manera, el proyecto no reconoce el aporte que los trabajadores y las trabajadoras migrantes y sus familias hacen a nuestro país, haciendo aún más difícil su regularización y agudizando la exclusión en el ejercicio de sus derechos”, agregaron en la declaración pública.

Cuestionamientos por depurar proceso en emergencia sanitaria

En ese aspecto, desde los firmantes declaran que “la decisión de dar discusión inmediata a este proyecto en un contexto de crisis sanitaria y excepción constitucional dificulta que se debata democráticamente su contenido e impide que las organizaciones sociales participen de la discusión y manifiesten legítimamente su disconformidad con aspectos esenciales del proyecto”, aseguran.

“Una​ muestra de lo anterior fue la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta del 30 de abril, en la que el desconocimiento de la mayoría de los senadores del contenido del proyecto fue evidente. En esta oportunidad se decidió no citar a las organizaciones y expertos interesados en asistir, porque el plazo otorgado por el ejecutivo para su discusión, 6 días, les impedía hacerlo. Pese a que algunas de estas organizaciones fueron escuchadas en otras etapas de la tramitación de este proyecto, el texto que actualmente se discute, ha sido modificado sustancialmente y este es un momento crucial para que la sociedad civil y expertos puedan hacer sus observaciones”, critica.

También añaden que “El Chile que despertó” no puede ser indiferente a que se adopte este tipo de decisiones en un contexto de crisis y excepción, y a que “se apruebe el proyecto de ley de migración que presentó el Ejecutivo sin modificaciones en los aspectos esenciales ya enunciados”, sentenciaron.

“Todas y todos quienes nos sentimos parte de este despertar social, y quienes anhelamos un nuevo pacto social, queremos contribuir a la construcción de un país más justo e igualitario sin dejar a nadie atrás, tampoco a las personas migrantes. Que este proyecto de ley refleje los intereses de este nuevo Chile para todas y todos, depende hoy directamente de los órganos colegisladores, pero también de todos quienes nos podemos manifestar, alzar la voz y presionar para que no se apruebe este proyecto tal como está”, mantuvieron.

Por estas razones, “rechazamos​ la urgencia asignada por el Ejecutivo a la tramitación del proyecto de nueva ley de migración, pues su discusión bajo las circunstancias excepcionales por las que atravesamos niega el carácter democrático que debe preceder a la expedición de toda norma y, en particular, a la de aquellas que definen cuestiones tan fundamentales, como la política migratoria del Estado” concluyen desde los adherentes al documento.

“Como organizaciones firmantes, exigimos que se retire la discusión inmediata al Proyecto de Ley de Migración y que se debata seriamente su contenido. Estaremos disponibles para aportar a este objetivo”, comentan.

Hay que recordar que el proyecto original fue presentado en 2013 y jamás se le había otorgado esta agilización a su tramitación.

Los firmantes del escrito son representantes de partidos, comisiones y movimientos, entre otros; Fernando Atria, Presidente Partido Fuerza Común; Javiera Toro Cáceres, Presidenta Partido Comunes; Gael Yeomans, Presidenta Partido Convergencia Social; Comisión DDHH Convergencia Social; Partido Liberal; Movimiento por una Constituyente Democrática; Catalina Pérez Salinas, Presidenta Revolución Democrática​; Frente Migrante del Partido Revolución Democrática; Comisión Migración Revolución Democrática; Comisión DDHH Revolución Democrática; Coordinación DDHH Frente Amplio; Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile; Movimiento de Acción Migrante; Secretaria de Mujeres Migrantes; Red Internacional de Migrantes, Refugiados y Desplazados (MIREDES Internacional); Red Global de Migrantes Eje Latinoamérica; Red de Periodistas y Comunicadores Migrantes; Red Nacional de Organizaciones migrantes y pro migrantes de Tarapaca, Antofagasta, Valparaíso y Temuco; Organización de Colombianos Refugiados en Chile (OCORCH); Asociación Fuerza Inmigrantes; Comité de Refugiados Peruanos en Chile; Fundación An Nou Pale; Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado; María Emilia Tijoux, Académica de la Universidad de Chile; Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y miembro de Partido Fuerza Común; Cristián Orrego, Investigador Universidad de Chile; Francisco Bustos, Abogado y académico Universidad de Chile; Haydee Oberreuter, Dirigenta de DDHH; Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM); Derechos en Común; Comando Unitario de exPrisioneros Políticos y Familiares – Chile; Jorge Coulon, Músico; Malucha Pinto, Actriz; José Secall, Actor; Pablo Vera Pérez, abogado; Macarena Solís de Ovando, Abogada, Estudiante de Magíster de Derecho Internacional, Universidad de Lovaina.

Puedes revisar la declaración completa.

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