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El parlamentario además pidió al Ejecutivo promulgar un decreto pendiente, de hace más de dos años, que obliga a las empresas proveedoras del servicio de Internet a garantizar una velocidad mínima de acceso: “Existe vigente actualmente la ley 21.046 de noviembre de 2017, que establece la obligación de las empresas respectivas de garantizar un porcentaje de velocidad promedio según el rango de horario de la conexión contratada”.
El diputado PS Leonardo Soto presentó un proyecto de resolución en el que pide al Presidente Sebastián Piñera, instruir al ministerio de Transportes y Telecomunicaciones una fiscalización hacia las empresas que han sobrevendido velocidades de conexión a internet y no están cumpliendo con una conexión continua, estable y de calidad.
En el escrito, Soto sostuvo que lo que se pide es que se indague y se lleve a cabo “una fiscalización integral y a fondo a las empresas proveedoras de servicios de Internet que han sobrevendido velocidades de conexión que no tienen con el afán de sacar provecho de la sobredemanda y no están cumpliendo con su obligación de entregar un servicio de conexión continuo, estable y de calidad a sus clientes».
El parlamentario además pidió al Ejecutivo promulgar un decreto pendiente, de hace más de dos años, que obliga a las empresas proveedoras del servicio de Internet a garantizar una velocidad mínima de acceso: “Existe vigente actualmente la ley 21.046 de noviembre de 2017, que establece la obligación de las empresas respectivas de garantizar un porcentaje de velocidad promedio según el rango de horario de la conexión contratada”, comentó Soto.
La norma, según explicó el diputado, establece que “en caso de detectarse un incumplimiento de la prestación entregada, la empresa está obligada a solucionar el inconveniente y a compensar al cliente por la falla ocurrida, entre otras medidas”, no obstante, la misma ley menciona que para que comience a operar esta solución y compensación hacia el cliente “es necesario que la Subsecretaría de Telecomunicaciones elabore un reglamento fijando la normativa técnica que deben cumplir las empresas que entreguen el servicio de internet».
“Lamentablemente, esta ley aún no puede entrar en vigencia en esta parte, porque el reglamento respectivo, al día de hoy, a casi dos años y seis meses de publicada la ley, aún no es terminado ni promulgado por la Subtel, sin que exista ninguna explicación técnica ni legal por este retraso”, cuestionó el socialista apuntando al “abandono de deberes” por parte de la subsecretaría, perteneciente al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, cartera encabezada por Gloria Hutt.
El diputado asegura que en tiempos de pandemia la importancia de la conectividad ha tomado mucha fuerza, ya que existe un mayor uso por parte del teletrabajo, el acceso a plataformas de transmisión de audio y video, programas de conferencia en línea, clases de educación y juegos de entretenimiento en línea.
También se usa internet para obtener un salvoconducto y “para todo” sostiene el parlamentario, considerando que la conexión a Internet “resulta vital”, sin embargo, “no siempre las empresas proveedoras de este servicio responden adecuadamente y los reclamos ciudadanos han incrementado considerablemente”.
Según Soto, las únicas acciones de fiscalización que se ha conocido por parte de la Subtel – encabezada por la subsecretaria Pamela Gidi – no han arrojado mayores resultados y un reciente reporte reveló que las tasas de sobreventa de velocidades de internet, en el período de octubre a diciembre de 2019, exceden las capacidades tanto para los enlaces internacionales como los para nacionales, situación que se habría agravado tras el inicio de la crisis sanitaria y el mayor uso a internet
“Esto, sin duda, afecta y puede perjudicar la calidad de los servicios de internet, genera alta congestión en horas peak y ofrece velocidades reales mucho más bajas que las contratadas por los clientes”, acusó el diputado, quien deja en evidencia que “esta sobreventa de velocidades de internet, más la sobredemanda derivada de la pandemia y la mala atención de los servicios al cliente de las empresas proveedoras, entre otras razones, ha provocado una natural molestia e indignación entre los chilenos y chilenas consumidores de los servicios de internet”, critica.
De acuerdo a datos de la Subtel, entre el 18 de marzo y el 17 de abril de 2020, se ingresaron 9.605 reclamos al Departamento de Gestión de Reclamos (DGR) de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, cifra superior en casi un 100% a los 5.396 reclamos recibidos en las mismas fechas de 2019.
Asimismo, del total de reclamos ciudadanos, el 61% (5.848) corresponden a servicios de telefonía fija e Internet fijo, los que se han duplicado en comparación con igual período del año pasado, cuando alcanzaron las 2.441 quejas. Mientras que el 39% restante, equivalente a 3.757 reclamos, responde a servicios de telefonía móvil (voz y datos), TV de pago y servicios de larga distancia, cifra que es superior a las 2.955 quejas registradas el año pasado por los mismos segmentos, en igual período de tiempo.
Los cuatro motivos principales por los que los usuarios ingresaron sus reclamos contra las empresas proveedoras, en este período, son: continuidad de servicio y/o indemnización, atención en terreno, velocidad de Internet e incumplimiento de contrato. En esta línea, la mayor parte de estas quejas se concentraron en las regiones Metropolitana (68%), Valparaíso (8%) y Biobío (5%).
