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Crédito: Agencia Uno
La Corte ofició a los ministros y seremis de Salud y Medio Ambiente, al ministro del Interior y Seguridad Pública, y a los alcaldes de Quintero y Puchuncaví, para que informen “la manera en la que está dando cumplimiento a lo resolutivo de la sentencia de la Excma. Corte Suprema”.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso solicitó a siete servicios informar el cumplimiento, en un plazo de 5 días, de un inédito fallo de la Corte Suprema, del 28 de mayo de 2019, que dispuso al Gobierno identificar el origen de los gases “producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví” que “resultan dañinos para la salud y el medio ambiente”.
De esta forma, la Corte ofició a los ministros y seremis de Salud y Medio Ambiente, al ministro del Interior y Seguridad Pública, y a los alcaldes de Quintero y Puchuncaví, para que informen “la manera en la que está dando cumplimiento a lo resolutivo de la sentencia de la Excma. Corte Suprema”.
La sentencia de la Corte Suprema acogió 9 de 12 recursos de protección, interpuesto por organizaciones, municipios y políticos de la zona, a propósito de la crisis ambiental de agosto y septiembre de 2018, que provocó en 1.759 personas (425 niños) síntomas de intoxicación.
El Ministerio de Salud dijo que se prepara el oficio para la referencia pública que tiene plazo hasta el próximo miércoles.
Mientras que la seremi del Medio Ambiente de Valparaíso , Victoria Gazmuri, aseguró al diario La Tercera que “a la fecha la SEREMI no ha sido notificada (…) y con la entrada en vigencia del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), en marzo del 2019, las empresas de la zona tuvieron que congelar sus emisiones”.
“A su vez, existen una serie de acciones que forman parte de los compromisos incluidos en el PPAD y que actualmente se encuentran en ejecución, tales como el rediseño de la red de monitoreo de calidad del aire de la zona y la elaboración de una norma que regule los compuestos orgánicos volátiles (COVS)”, agregó Gazmuri.
La sentencia también establece que el Gobierno deberá acordar «las medidas necesarias para evitar la reiteración de eventos de contaminación», como la “nube tóxica” de 2018, que dio origen a los recursos de protección.
