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El diputado PS Marcos Ilabaca. Crédito: Agencia UNO
Sin embargo, en el Gobierno la versión es otra e indican que enviaron ayer en la tarde el oficio promulgatorio a la Contraloría dejando así fuera de plazo la acción de la oposición ante el TC. Pese a ello, en la actividad de esta tarde en Palacio, el Presidente nunca habló de promulgación de la ley sino solamente de “destacar” los alcances de la norma despachada por el Congreso [ACTUALIZADA]
En compás de espera está la ley que aumenta las sanciones contra aquellas personas que incumplan las normas sanitarias en medio de la pandemia de Covid-19.
Esto, porque el Tribunal Constitucional citó para mañana viernes a las 12:30 horas a una sesión extraordinaria para analizar la reserva de constitucionalidad impulsada por diputados del Partido Socialista.
Con esto, hay que esperar el pronunciamiento de la entidad para que el Presidente de la República pueda promulgar la norma despachada ayer por el Congreso, señalan desde el PS.
Sin embargo, en el Gobierno la versión es otra e indican que enviaron ayer en la tarde el oficio promulgatorio a la Contraloría dejando así fuera de plazo la acción de la oposición ante el TC.
Precisamente este jueves, Piñera se refirió a la ley que aumenta las sanciones contra aquellas personas que incumplan las disposiciones sanitarias. En un discurso desde el Palacio de La Moneda, el Mandatario destacó que la norma busca «endurecer las penas para aquellos que no cumplan con las medidas sanitarias o con las cuarentenas. Para que haya un castigo que sea ejemplificador, para decirles fuerte y claro que no tienen derecho a comprometer la salud y la vida de todos los demás por su conducta irresponsable y egoísta».
Pese a ello, en la actividad de esta tarde en Palacio, el Presidente nunca habló de promulgación de la ley sino solamente de “destacar” los alcances de la ley despachada por el Congreso.
El diputado Marcos Ilabaca (PS) reunió las firmas necesarias para recurrir al Tribunal Constitucional, bajo el argumento de que «esta norma hoy día presenta graves vicios de constitucionalidad en el derecho penal estricto. Entonces, esperamos que en definitiva sea el Tribunal Constitucional el que defina la constitucionalidad».
A juicio del legislador, “no es posible establecer una figura penal a través de una normativa infralegal. Es decir, aquí la propia norma es clara y precisa respecto de la figura penal que se va a establecer».
Ilabaca logró ingresar el requerimiento este jueves con 43 firmas, 4 más de las 39 necesarias.
Entre los firmantes, aparecen los diputados: Raúl Saldívar (PS), Florcita Alarcón (PH), Amaro Labra (PC), Marcelo Schilling (PS), Boris Barrera (PC), Daniel Núñez (PC), Pablo Vidal (RD), Jaime Toha (PS), Juan Luis Castro (PS), Juan Santana (PS), Gabriel Boric (CS), Gonzalo Winter (CS), Hugo Gutiérrez (PC), Tomás Hirsch (PH), Diego Ibáñez (CS), Manuel Monsalve (PS), Leonardo Soto (PS), Felix González (PEV), Raúl Soto (ind/PPD), Guillermo Teillier (PC), Gastón Saavedra (PS), Miguel Crispi (RD), Giorgio Jackson (RD), Raúl Leiva (PS), Jaime Naranjo (PS), Jorge Brito (RD) y Luis Rocafull (PS).
Se sumaron también las parlamentarias Gael Yeomans (CS), Pamela Jiles (PH), Emilia Nuyado (PS), Jenny Alvarez (PS), Camila Vallejo (PC), Maite Orsini (RD), Carmen Hertz (PC), Natalia Castillo (RD), Andrea Parra (PPD), Maya Fernández (PS), Daniella Ciccardini (PS), Claudia Mix (Comunes), Marisela Santibáñez (PC), Cristina Girardi (PPD), y la presidenta de RD, diputada Catalina Pérez.
