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Crédito: Agencia Uno (Contexto)
Los autores de los delitos arriesgan penas de hasta tres años y un día de cárcel, por arriesgar la salud pública. Estas penas pueden aumentar hasta cinco años y un día en caso de agravantes como reiteración.
80 empresas han sido inspeccionadas y fiscalizadas por la Policía de Investigaciones (PDI), después de una semana de fiscalización al uso del Permiso Único Colectivo.
Tras la fiscalización, se presentaron 8 denuncias y se sumarán otras 15 acciones judiciales contra empresas que funcionaban con permisos fraudulentos o sin autorización, según reporta el diario El Mercurio.
Entre los casos que se han encontrado, está el de una fábrica de cortinas en Colina que en mayo había ampliado su giro al de farmacia par continuar con sus labores.
También mencionaron otro caso descubierto el viernes en Conchalí, donde un taller mecánico de compraventa de vehículos estaba en funcionamiento pese a que no contaba con autorización, ya que tampoco es considerado como un servicio esencial.
Los autores de los delitos arriesgan penas de hasta tres años y un día de cárcel, por arriesgar la salud pública. Estas penas pueden aumentar hasta cinco años y un día en caso de agravantes como reiteración.
