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Crédito: Agencia Uno (Contexto)
Grace Arcos, concejala de Conchalí que lidera esta acción judicial, valoró la determinación apuntando a “la importancia de esta decisión, pues no solo resuelve que en términos formales la querella está bien presentada, sino que desmiente el argumento falaz de la defensa del presidente y el ex ministro en relación a un aprovechamiento político que tendrían estas iniciativas”.
Este miércoles, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada por la Concejala de Conchalí, Grace Arcos (PC), en contra del Presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, de Salud Pública y Redes Asistenciales, respectivamente, por cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino, por las muertes ocurridas en dicha comuna por causa del Covid-19.
Al respecto, Arcos valoró la decisión del juzgado, apuntando a “la importancia de esta decisión, pues no solo resuelve que en términos formales la querella está bien presentada, sino que desmiente el argumento falaz de la defensa del presidente y el ex ministro en relación a un aprovechamiento político que tendrían estas iniciativas”.
«Hemos recurrido a la justicia para que se establezcan las responsabilidades que puedan recaer sobre quienes han estado a cargo del manejo de la pandemia, que a nuestro entender han cometido graves errores que han sido parte del debate público y refutado por expertos, como la tardanza en el establecimiento de cuarentenas. Para nosotros es muy importante que se investigue y eso tendrá que determinarlo la justicia”, afirma.
“La querella contiene datos de 20 personas de Conchalí que fallecieron a causa del Covid-19. Para eso, nos pusimos en contacto con sus familias, les explicamos respecto a la acción judicial y las hicimos parte de esta acción. En general hay muy buena aceptación, porque junto al dolor de perder a un familiar, hay un sentimiento de injusticia muy grande, de saber que no se hicieron todas las acciones posibles para poder salvarle la vida a su familiar”, explica.
En el documento, de 40 páginas patrocinado por el abogado Ramón Sepúlveda, se indica que “en Chile era clara y urgente necesidad de toma de medidas concretas y radicales encaminadas a evitar un nivel de contagios tan elevados como los detectados en aquellos países. La propagación de este virus pudo advertirse de manera pública y notoria, ya que daba cuenta de que el contagio era a través del contacto entre personas, lo que se agrava por la falta de acciones y medidas específicas para combatir la velocidad y alcance de la propagación del virus”.
“Se puede observar por parte de los querellados, todos autoridades de Gobierno, una serie de acciones, omisiones y comportamientos erróneos inexcusables(…), que a nuestro criterio constituyen faltas graves a su función pública y que configuran en el caso en comento figuras penales tipificadas por nuestro legislador”, detalla.
Esta querella se suma a la presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, la de la concejala de Santiago, Irací Hassler, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud (Fedeprus) y la Agrupación nacional de Empleados Fiscales (Anef).
