MERCADOS
Crédito: ATON
«Es inaceptable que hoy el Gobierno presente una indicación sustitutiva, intentando dilatar su trámite legislativo, como ha ocurrido con otros proyectos muy anhelados y necesarios por la gente. Parece ser una práctica reiterativa el poner trabas a las ayudas que impulsamos desde el Parlamento», dijo el vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González (PPD).
Por 117 votos a favor, uno en contra y una abstención, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que permite la suspensión de hasta 6 cuotas de créditos y compromisos financieros de las personas y pymes, con el objetivo de entregar alivio económico a las familias en el marco de la crisis sanitaria y económica por el Covid-19.
Sin embargo, la iniciativa deberá volver a las Comisiones de Economía y Hacienda para su tramitación en particular, tras una indicación sustitutiva ingresada por el Gobierno, que buscaría evitar «problemas de constitucionalidad».
En la Sala, el subsecretario General de la Presidencia, Juan José Ossa explicó que la indicación del Ejecutivo busca evitar demandas millonarias en contra del Estado. Sostuvo que, al igual que los parlamentarios, el Gobierno quiere aliviar la situación de la gente y dar luz a esta ley, pero respetando la Constitución y con una letra que fuera aplicable en su mérito.
Sin embargo, el autor principal de la iniciativa, Rodrigo González, señaló que «el Ejecutivo podrá presentar una indicación sustitutiva que no contará con nuestro apoyo, porque estamos por asegurar a todas y todos los deudores la posibilidad que sus deudas sean suspendidas durante un tiempo de 6 meses, para que no se continúe asediando por otras preocupaciones a quienes sufren las dificultades de la pandemia».
«Es inaceptable que hoy el Gobierno presente una indicación sustitutiva, intentando dilatar su trámite legislativo, como ha ocurrido con otros proyectos muy anhelados y necesarios por la gente. Parece ser una práctica reiterativa el poner trabas a las ayudas que impulsamos desde el Parlamento», agregó el vicepresidente de la Cámara.
Por su parte, el jefe de bancada del PPD y miembro de la Comisión de Economía, Raúl Soto, acusó al Gobierno de “obstruccionismo”, ya que “la iniciativa fue largamente discutida en la Comisión de Economía hace casi un mes, y el mismo día que votamos para que esta pueda avanzar a su segundo trámite, el Gobierno ingresa una indicación sustitutiva que busca solo entrampar y cambiar las condiciones del proyecto, creando prácticamente un nuevo crédito de postergación”.
“En nuestro país hay más de 5 millones de personas morosas financieras, personas con deudas de consumo, créditos automotrices, créditos hipotecarios, leasing, avances en efectivo en tarjetas de crédito, y un sinfín de instrumentos financieros, cuya situación está tremendamente agravada con la pandemia”, añadió Soto.
Finalmente, el parlamentario hizo un llamado al Gobierno a “dejar de dilatar los proyectos de ley que van en ayuda directa a la ciudadanía” y aclaró que “esto debe ser regulado en estos momentos, no para hacer un perdonazo, ni tampoco para afectar el derecho de propiedad. Sino que para poner las cosas sobre la mesa y decir que hoy la gente requiere un tratamiento especial, debido al contexto de pandemia y los efectos económicos y sociales que esto genera en las familias chilenas de clase media”.
El texto establece que, desde la publicación de esta ley, las personas naturales, las micro, pequeñas y medianas empresas, que reúnan los requisitos establecidos, tendrán derecho a solicitar la suspensión del pago de seis cuotas de los créditos de cualquier naturaleza, suscritos con instituciones con acceso a la Facilidad de Liquidez con Incentivo al Crédito del Banco Central y por el monto otorgado por este.
El mecanismo se aplicará para las siguientes operaciones: crédito de consumo, incluidos aquellos con garantía prendaria y los créditos automotrices, por hasta un monto total de UF3000; créditos hipotecarios, celebradas para la adquisición del inmueble que sirva como residencia principal del deudor, por un monto de hasta UF5000; de leasing para adquirir bienes muebles por hasta un monto de UF3000 y/o bienes inmuebles por hasta un monto de UF5000; y de avance en efectivo con tarjetas de crédito, cuyo monto total no exceda de UF10.
El proyecto especifica que podrán acogerse al beneficio las personas naturales que acrediten estar dentro del 70% de menores ingresos en el registro social de hogares; beneficiarios de la Ley 21.230, que concede un Ingreso Familiar de Emergencia; que se encuentren percibiendo las prestaciones de la ley 19.728, que establece un seguro de desempleo; o bien que se han acogido a algunas de las causales de la Ley 21.227 que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo por la suspensión de la relación laboral o por la celebración de un pacto de reducción temporal de la jornada.
También considera a los trabajadores independientes, que mediante declaración jurada simple den cuenta de una disminución significativa de sus ingresos; además, las micro, pequeñas y medianas empresas que destinen recursos a actividades de producción de bienes y servicios cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades no excedan las UF75.000.
