PAÍS
Crédito: Aton
Gloria Ana Chevesich explicó que «la comisión de libertad condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en abril de 2016 otorgó la libertad condicional a varios internos que figuraban en una nómina que al efecto elaboró Gendarmería de Chile en base a criterios objetivos y conforme a la legalidad vigente a esa época».
La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich lamentó la muerte de la adolescente de 16 años, Ámbar Cornejo y dijo estar consciente de la crítica en relación a la libertad condicional que se le otorgó a Hugo Bustamante, único imputado en este caso.
«A mí, y a todos los integrantes del poder judicial nos duele profundamente la muerte de una adolescente y estamos conscientes de la crítica que se nos formula por haberse otorgado la libertad condicional a una persona a quien se le imputa participación directa en ese hecho, quien la obtuvo en el año 2016 tras cumplir once años de una pena impuesta por un doble homicidio que cometió», manifestó Chevesich a través de un video.
De acuerdo a La Tercera, la vocera del máximo tribunal explicó que «la comisión de libertad condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en abril de 2016 otorgó la libertad condicional a varios internos que figuraban en una nómina que al efecto elaboró Gendarmería de Chile en base a criterios objetivos y conforme a la legalidad vigente a esa época».
Detalló que esa nómina se hizo «conforme a los siguientes parámetros: haber cumplido el postulante la mitad de la condena impuesta por sentencia ejecutoriada; haber observado una conducta intachable en el recinto penitenciario en que estaba cumpliendo la condena; haber aprendido bien un oficio si hay talleres en dichos establecimientos; Y haber asistido con regularidad y provecho a la escuela instalada en dicho lugar».
«Los miembros de dicha comisión analizaron el cumplimiento de los requisitos respecto de aquellos internos que pidieron la libertad condicional, y se les concedió en forma unánime a aquellos que sí lo cumplían, lo que significa que aquellos debían seguir cumpliendo la pena impuesta pero en libertad», dijo.
Para Chevesich, «la gran deuda del sistema pena chileno es lo concerniente a la ejecución de las penas, es decir, a lo relativo a la implementación de un proceso de seguimiento eficiente y eficaz de los condenados, mediante la labor de delegados que los acompañen en todo su proceso de reinserción social. Y la existencia de jueces y juezas de ejecución que puedan adoptar decisiones en torno a aquello».
«El poder judicial siempre ha estado disponible para introducir modificaciones y perfeccionar la normativa que regla su quehacer. En el caso concreto, para establecer mejores estándares para otorgar la libertad condicional que permita un efectivo seguimiento de los procesos y el desarrollo y aplicación de las políticas de reinserción social», finalizó.
