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Créditos: Aton
Santana se refirió a su propuesta donde enfatizó que “tiene por finalidad garantizar el derecho a la educación sin discriminación en las y los estudiantes, durante los niveles de educación parvularia, básica, media y superior. En particular, ante la difícil situación social y económica que ha significado la crisis sanitaria
El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Juan Santana (PS), presentó un proyecto de ley que tiene como finalidad abaratar costos para los apoderados e igualar el acceso a la educación, el cual trata de la prohibición de la exigencia de marcas establecidas para útiles escolares, útiles de aseo o artículos de oficina. La propuesta también incluye que los textos elaborados o licitados por el Estado sean de acceso gratuito en versión digital para toda la comunidad educativa.
Santana se refirió a su propuesta donde enfatizó que “tiene por finalidad garantizar el derecho a la educación sin discriminación en las y los estudiantes, durante los niveles de educación parvularia, básica, media y superior. En particular, ante la difícil situación social y económica que ha significado la crisis sanitaria provocada por el coronavirus”.
Además agregó que “bajo ningún pretexto, la condición económica de los padres, madres y/o apoderados para comprar útiles escolares de marca, pueden condicionar el derecho a la educación de los niños y niñas, sea establecimiento público o privado”.
Santana indicó que la iniciativa es necesaria porque “si bien la Superintendencia de Educación ha fiscalizado este tipo de actuaciones, aún persisten establecimientos que incumplen la normativa, por tanto, este proyecto eleva la prohibición a rango legal y hace más gravosas las multas a los infractores”.
A su vez, cree que es necesario que “la inversión que realiza el Estado para elaborar y distribuir textos escolares gratuitos debe ser accesible en su formato digital para todas y todos los estudiantes, así como también sus padres, madres, apoderados y profesores”.
Finalmente el diputado socialista manifestó que “el proyecto establece infracciones de 25 a 75 UTM en caso de incumplimiento por parte de los establecimientos, la que se duplicará en caso de reincidencia sobre la misma materia”.
