Vicepresidente Cruch: “Las malas decisiones pueden tener consecuencias que trasciendan al gobierno”

n medio de la pública disputa por las nuevas bases del concurso Fondecyt de Postdoctorado 2027, diversos actores del ecosistema científico y educativo han manifestado un rechazo categórico a la decisión adoptada por el Ministerio de Ciencias. Lo que abrió un nuevo frente para la ministra Ximena Lincolao. 

A las críticas se sumó el Consejo de Rectores, que pidió reconsiderar los cambios.  Así lo manifestó el rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Cruch, Osvaldo Corrales, quien afirmó que el organismo “ha sido extraordinariamente claro desde el principio”. 

“Nosotros enviamos una carta a la ministra pidiéndole que reconsiderara esta medida y se dejara sin efecto”, dijo en entrevista con El Mostrador. 

Respecto a la decisión de establecer diez áreas prioritarias a las que se destinará hasta 70% de los recursos del concurso, Corrales enfatizó que esta modificación termina con el objetivo principal de destacar carreras de excelencia, ya que rompe con la lógica basada en la evaluación de proyectos por mérito científico y sin focalización temática.

“No es que nosotros nos opongamos a que haya prioridades, pero esas áreas estratégicas deberíamos definirlas en el marco de una política nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que ojalá se dialogue con la mayoría de los actores del ecosistema”, insistió. 

Asimismo, manifestó que ven con preocupación el sesgo del gobierno hacia las humanidades, las artes y ciencias sociales, “como si no fueran un aporte que permita enriquecer al país o incluso enriquecer el desarrollo científico y tecnológico”. “A nosotros nos parece que es una mirada incorrecta, hoy día lo que necesitamos son soluciones que sean interdisciplinarias y transdisciplinarias”, añadió. 

La autoridad también indicó que el “gran consenso en torno a esto, a que no es una buena idea”,  es algo que a las autoridades debiera llamar a la reflexión.

“La política de ciencias y tecnologías de un país tiene que ser una política de Estado, porque es una política de largo plazo, cuyos frutos no se van a obtener en el transcurso de un gobierno. Pero sí las malas decisiones pueden tener consecuencias que trasciendan a ese gobierno”, sentenció. 

-¿Cuáles son sus prioridades en la vicepresidencia del Cruch durante este periodo 2026-2028? 

-Chile tiene un sistema de educación superior bien robusto, con reconocimiento a nivel latinoamericano, que tiene universidades incluso de proyección mundial y ese es un patrimonio que el país tiene que cuidar, porque es de gran importancia para el logro de los objetivos de desarrollo que nos hemos propuesto para los próximos años. Por lo tanto, las prioridades tienen que ver con estimular el conjunto de transformaciones que el sistema de educación superior tiene que llevar adelante, dado los cambios que ha habido en el mundo con el conjunto de transformaciones tecnológicas tan aceleradas que estamos viviendo. Pero llevar adelante esos cambios sin comprometer la calidad, la excelencia y también el nivel de desarrollo y de complejidad que han alcanzado las universidades chilenas. 

Uno de los desafíos tiene que ver con la flexibilidad en las trayectorias educativas. Lo menciono de esa manera y no como acortamiento de carrera, porque no es exactamente lo mismo. Necesitamos trayectorias más flexibles, necesitamos trayectorias de formación que le permitan a las y los estudiantes adquirir las competencias que el mundo contemporáneo está demandando, que son muy diferentes a las que se demandaban en el siglo pasado. Pero también necesitamos garantizar el logro de esos objetivos de aprendizaje y eso no necesariamente coincide con una especie de visión un poquito mecanicista de que las carreras tienen que durar menos a partir de comparaciones que se hacen con sistemas que no funcionan exactamente igual que el chileno. 

En Chile todavía las trayectorias son muy rígidas, la gente entra por la puerta A, sale por la puerta Z y es una especie de túnel por el que uno transita hasta obtener un título profesional. Ahí hay algo en lo que tenemos que innovar.

Por cierto, tenemos el tema del financiamiento pendiente. En dos sentidos, el más obvio, no se logró superar el Crédito con Aval del Estado en el periodo presidencial anterior, sin embargo, tenemos el consenso y la convicción de que el CAE es una política pública que debe ser superada. La Subsecretaría de Educación Superior y el ministerio nos han dicho que el gobierno tiene la intención de avanzar en esa agenda de superación del CAE. 

Por otra parte, para las universidades que están en gratuidad está pendiente la definición de los aranceles regulados permanentes. Hay una fórmula que si bien ha ido avanzando, todavía merece algunos ajustes para reflejar de mejor forma los costos de la educación superior.

Además tenemos desafíos en materia de generación de conocimiento e investigación. El país requiere de eso. Hoy día precisamente está siendo un tema central del debate público y evidentemente las universidades también tenemos que ponernos a disposición para aumentar nuestra complejidad y contribuir en ese propósito general. 

-Con respecto a la superación del CAE, ¿Le han explicitado desde el gobierno la intención de que durante este periodo se pueda avanzar en ese proceso? 

-Sí, en las reuniones que hemos tenido con la ministra y también con la subsecretaria, ha sido uno de los ejes que el propio ministerio ha puesto en la agenda. Por supuesto todavía no tenemos una propuesta. Evidentemente será diferente a la que hizo el expresidente Boric, pero ha sido uno de los temas que desde la propia subsecretaría se ha explicitado, y que los rectores y rectoras del Consejo también hemos pedido que se avance.

-Con respecto a la controversia por los cambios introducidos al Fondecyt de postdoctorado, se han ido sumando cosas. Una treintena de sociedades científicas manifestaron formalmente el desacuerdo a esta decisión del Ministerio de Ciencias. Desde el Cruch enviaron una carta manifestando sus reparos y han mantenido conversaciones con la ministra Lincolao, quien ha insistido que este tipo de postdoctorados tienen que estar alineados con las prioridades del país. ¿Cómo ha visto la evolución del debate durante estos días?

-En primer lugar una pequeña explicación. El financiamiento de la ciencia, la tecnología, el conocimiento e innovación en Chile se realiza a través de varios instrumentos. Fondecyt es uno de los instrumentos. 

Es una línea de financiamiento que ha tenido una característica que en nuestra opinión es muy importante preservar, que es un concurso de los que se llama horizontales, es decir, no prioriza áreas, sino que prioriza excelencia. Los proyectos que se financian o se dejan de financiar compiten en función de las credenciales que son capaces de aportar los investigadores y también la calidad intrínseca del proyecto que se presenta, y eso es algo que evalúan los propios pares de esos científicos y científicas. Eso es lo que hoy día se está alterando al introducir estas áreas prioritarias en una de las ramas que financia Fondecyt. 

Lo que hoy día estamos viendo es un cambio en el caso de la línea de Fondecyt postdoctoral porque se han puesto dos requisitos nuevos. En primer lugar, el requisito de ser chilenos o tener residencia permanente. En Chile tener residencia permanente es algo que es un trámite que cuesta, por lo tanto, se restringe muchísimo la posibilidad de que académicos de otros países postulen y con ello se limita también severamente la posibilidad de que las universidades seamos capaces de atraer talento extranjero hacia nuestros laboratorios y hacia nuestras instituciones. 

Y por otra, se estableció en la base del concurso que hasta el 70% de los fondos pueden ser otorgados por la ANID a proyectos que tienen alguna de estas áreas prioritarias. 

El Consejo de Rectores ha sido extraordinariamente claro desde el principio. Nosotros enviamos una carta a la ministra pidiéndole que se reconsiderara esta medida y se dejara sin efecto. En primer lugar, no estamos de acuerdo con la exigencia de nacionalidad o residencia permanente porque el concurso postdoctoral ha sido una de las vías más importantes a través de las cuales las universidades chilenas hemos sido capaces de atraer talento extranjero. 

-El argumento de la ministra es que luego ellos se van y pasa a segundo plano el tema de la retroalimentación que existe. 

-Hay dos cosas que yo creo que son súper importantes. Lo primero, no tenemos todos los datos y toda la evidencia, o al menos no se ha compartido cuántas de esas personas se quedan o se van. Yo soy rector de una universidad. Hemos atraído a extranjeros que luego se han quedado y han hecho una gran contribución al país. Por ejemplo, en el área de la astronomía donde Chile tiene un liderazgo. 

Pero en segundo lugar, aunque esos investigadores luego regresen a sus países, quedan las redes de colaboración, queda la interacción con centros de investigación fuera de Chile, porque la investigación se realiza colaborativamente y en nuestra opinión es perjudicial que ese requisito se mantenga. 

Y, por otra parte, lo de las áreas prioritarias. Insisto, no es que nosotros nos opongamos a que haya prioridades, pero esas áreas estratégicas deberíamos definirlas en el marco de una política nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que ojalá se dialogue con la mayoría de los actores del ecosistema y luego se realice a través de instrumentos que sean más idóneos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Fondef, los centros de excelencia, los institutos milenio. Esos son los instrumentos que históricamente se han usado para dar esos énfasis, y no el Fondecyt regular que es un fondo pequeñito que lo que busca es precisamente destacar carreras de excelencia.

-Se ha criticado mucho que desde el gobierno existe una especie de sesgo respecto a que las humanidades y las ciencias sociales se tienen que pensar como compartimentos separados de los procesos productivos del país. Transversalmente los rectores han señalado lo contrario. ¿Cuál es su lectura sobre ese nudo en el debate? 

-Efectivamente vemos con preocupación ese sesgo. Vemos con preocupación que parte de la explicación tiene que ver con una mirada que existe respecto de las ciencias sociales, las artes y las humanidades, como si no fueran un aporte que permita enriquecer al país o incluso enriquecer el desarrollo científico y tecnológico del país. 

A nosotros nos parece que es una mirada incorrecta, que hoy día lo que necesitamos son soluciones que sean interdisciplinarias y transdisciplinarias, y en la construcción de esas soluciones las humanidades, las ciencias sociales juegan un rol fundamental.

Voy a poner un ejemplo. Estamos teniendo una cantidad de transformaciones en la vida cotidiana, en el mundo del trabajo, por supuesto en el mundo de los estudios, a partir de la introducción de la inteligencia artificial y es extraordinariamente relevante poder comprender las consecuencias antropológicas que la introducción de la IA está teniendo en las formas de relacionarnos, en las formas de organizar las sociedades, de concebirnos a nosotros mismos. Si no somos capaces de anticipar cuáles van a ser esas consecuencias antropológicas, pueden desatarse consecuencias muy negativas para la humanidad.

-O la propia capacidad de discernimiento humano. 

-Por supuesto, hoy día tenemos una crisis educacional enorme en el país, cómo vamos a comprender las raíces profundas de esa crisis educacional sin las humanidades y las ciencias sociales. 

-¿Qué salida le ve a ese debate? Estamos recién en el primer semestre del gobierno, por lo tanto queda un largo trecho para debatir respecto a las prioridades o los énfasis que se ponen en materia de financiamiento. 

-Hay dos cosas que a mí me gustaría destacar. En primer lugar, la reflexión crítica en torno a esas dos medidas no ha sido solo del Consejo de Rectores, ni solo del sistema que está representado en el Cruch, ha sido mucho más amplio y mucho más transversal. He visto un gran consenso en torno a esto, a que no es una buena idea y me parece que es algo que a las autoridades debiera llamar a la reflexión, porque es muy inusual que se produzcan consensos tan transversales y sería más inusual todavía que todos los que estamos levantando una voz de alerta estemos equivocados masivamente en algo tan importante como esto. Me parece que el Ejecutivo debería considerar también la transversalidad.

Sobre esa base creo que tiene que ocurrir una gran convocatoria al diálogo. La política de ciencias y tecnologías de un país tiene que ser una política de Estado, porque es una política de largo plazo, una política cuyos frutos no se van a obtener en el transcurso de un gobierno. Pero sí las malas decisiones pueden tener consecuencias que trasciendan a ese gobierno. 

Por lo tanto, la disposición del Consejo de Rectores es a tener un diálogo productivo con las autoridades para alcanzar un propósito que a nosotros nos parece común, que es lograr que el país enfrente los grandes desafíos que tiene en empleo, desarrollo tecnológico, entre otros muchos. 

-El Cruch está participando del debate sobre la creación del registro de vándalos en el Congreso, algo que en el marco de la agenda de seguridad es prioritario también para el Ejecutivo. ¿Cuál es la posición al respecto? 

-Nosotros hemos participado en este debate porque la ley que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades contiene entre las consecuencias de quedar inscrito en ese registro, en su régimen general, la pérdida de beneficios educacionales como la tarjeta nacional estudiantil, las becas de distinto tipo, la posibilidad también de postular a fondos de investigación. Y luego en un régimen agravado, está también la consecuencia de perder la gratuidad y, por lo tanto, habría una modificación a la Ley de Universidades y de Educación Superior, la ley 21091, que es donde está consagrado el derecho de la gratuidad. 

La posición del Consejo de Rectoras y Rectores que yo he manifestado ante la Comisión de Seguridad Ciudadana es que por supuesto no estamos de acuerdo con que eventuales infracciones que puedan cometerse afecten al derecho a la educación o se use el derecho a la educación para sancionar a una persona. No hay evidencia de que afectar el derecho a la educación, ya sea quitándole la gratuidad, las becas, la tarjeta nacional estudiantil o las becas de alimentos, disminuya la posibilidad de que haya incivilidades. Al revés, la evidencia lo que indica es que cuando uno afecta el derecho a la educación de las personas lo que ocurre es que las posibilidades de reinserción social productiva se limitan gravemente y aumentan las probabilidades de que esas personas reincidan o se involucren en una carrera delictual ascendente. 

Nos parece además que en el proyecto hay una afectación al principio de igualdad ante la ley, porque la gratuidad universitaria y algunos de estos beneficios solo están dirigidos a los sectores más desfavorecidos de la población y, por lo tanto, es una pena que finalmente se aplicará solo al 60% más pobre de la población y no al 40% de mayores ingresos. Y nos parece que si las conductas que se están estableciendo son graves, las sanciones que se establezcan deberán ser equivalentes para todas y todos. 

-¿Cuál es el debate al interior de las universidades respecto a este tipo de proyectos que restringen cuestiones que permiten el acceso a un derecho social básico como la educación? 

-Lo dije ante la comisión, no debería sorprender que quienes trabajamos en el ámbito de la educación nos opongamos a que un derecho social y humano como la educación se vea restringido, o que se use como mecanismo de castigo. A nadie le debería sorprender que veamos esto con mucha reserva, porque la educación transforma vidas y lo que busca precisamente es transformar las vidas de las personas positivamente para que puedan integrarse a la sociedad. 

La educación no solo produce un beneficio individual, también produce un beneficio colectivo. Se dice que le estamos regalando algo a alguien, pero no, estamos haciendo posible que la sociedad se desarrolle integralmente, toda ella, no solo esa persona particular. Por lo tanto, limitar el derecho a la educación por cualquier vía conspira contra ese propósito más general que es contar con sociedades más integradas, donde las personas puedan ejercer trabajos más complejos y puedan contribuir de un modo más sustantivo al progreso de todas y todos. 

Tenemos que tratar de recuperar cierta racionalidad en el debate político y en el debate de las leyes, porque hay que intentar al menos que las leyes que se dicten y las eventuales sanciones que se establezcan tengan alguna relación causal más o menos directa con las conductas que se quieren sancionar. 

-¿Algo más que le gustaría dejar sobre la mesa?

Sí, yo vuelvo al inicio de la entrevista. Creo que es responsabilidad de todos cuidar los avances que hemos tenido en materia de educación superior y en materia también de ciencia y tecnología. Y en vez de retroceder, el gran desafío es cómo avanzamos. Hoy día Chile en materia de ciencia invierte muy poquito, 0.4% del PIB. Esa cifra es más de cinco veces menos que lo que invierte la OCDE y es la mitad de lo que invierte América Latina y el Caribe. Entonces, la discusión respecto de los recursos, ojalá tenga que ver con cómo ampliamos y robustecemos para que el país aproveche mejor las capacidades que ya tiene instaladas. Lo mismo en materia de formación y de financiamiento. 

Y por último, ojalá tampoco el debate público caiga en maniqueísmos del tipo que a veces lo hemos escuchado de oponer la educación superior a la educación escolar. Tenemos que pensar el sistema de educación como un todo y fortalecerlo como un todo, porque eso va a depender del futuro del país.