PAÍS
Crédito: ATON (Contexto)
Según lo comentado en un comunicado, «el estudio identifica los avances y desafíos pendientes en el sistema de justicia penal de adolescentes, a través del análisis de información provista por la Defensoría Penal Pública y y entrevista a actores claves vinculados al sistema. En función de estos se levantan las recomendaciones, organizadas en tres ámbitos: normativas, institucionales y de conocimientos, actitudes y prácticas de los operadores del sistema».
La Defensoría Penal Pública y Unicef dieron a conocer los resultados del estudio “Análisis de la implementación de la Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente”, el que consigna entre sus principales resultados la falta de especialización de los actores del sistema, el excesivo uso de la internación provisoria y la ausencia de unificación de condenas, que implica que los adolescentes deban cumplir en forma paralela o sucesiva más de una sanción.
Según lo comentado en un comunicado, «el estudio identifica los avances y desafíos pendientes en el sistema de justicia penal de adolescentes, a través del análisis de información provista por la Defensoría Penal Pública y y entrevista a actores claves vinculados al sistema. En función de estos se levantan las recomendaciones, organizadas en tres ámbitos: normativas, institucionales y de conocimientos, actitudes y prácticas de los operadores del sistema».
Entre los resultados, se revela que entre el 2008 y el 2018, el número de causas penales con participación de adolescentes bajó en un 36,8%. De acuerdo a los autores, esta disminución se produce incluso controlando el efecto demográfico, pues la población menor de 18 años disminuye en un 15,4% en el periodo.
Otra de las conclusiones que destaca el estudio es la falta de especialización de los actores que intervienen en el sistema de justicia penal de adolescentes, que a 10 años de funcionamiento sigue estando en deuda.
El informe concluye que siguen existiendo brechas importantes a nivel normativo e institucional. Sin embargo, identifica a la Defensoría Penal Pública como la institución con el mayor nivel de especialización en justicia juvenil, por sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Al respecto, el Representante de UNICEF, Paolo Mefalopulos, indicó que «el presente estudio ofrece información que permite identificar los diferentes ámbitos de mejora, y vemos que algunos son asumidos por el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y en otros se puede avanzar sin necesidad de cambios legislativos”.
En tanto, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke lamentó la doble vulnerabilidad de la que son objeto los niños, niñas y adolescentes como sujetos en desarrollo, la cual -dijo-
se acentúa aún más en un sistema que no les asegura el derecho a la salud, a la educación y al desarrollo pleno de manera adecuada. “Resulta paradójico que, al cometer una infracción penal, ese niño, niña o adolescente deje de ser un sujeto de derecho merecedor de especial protección”, afirmó.
“Sin embargo, en vez de intervenir y prevenir su involucramiento en hechos delictivos, el sistema de justicia penal termina ‘recibiéndolos´ y tratando de reinsertar a muchas personas que nunca han sido parte de la sociedad, porque se les ha excluido desde muy temprana edad. Esta realidad debe ser modificada con urgencia y el sistema penal es absolutamente insuficiente para hacerlo por sí solo”, lamentó.
