PAÍS
Crédito: Aton
Una serie de documentos, fotografías, imágenes de las cámaras de seguridad del local y la incautación de una computadora forman parte de la carpeta de investigación a cargo de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.
El 25 de junio pasado, el secretario del Senado Raúl Guzmán fue protagonista de una polémica. Ese día fue fotografiado en el restaurante «Loyola», ubicado en la comuna de San Miguel, junto a otras dos personas, sin mascarilla ni distanciamiento social en plena pandemia de covid-19.
El hecho escaló rápidamente y generó críticas en el mundo político y la ciudadanía. Además, la Fiscalía inició una investigación para investigar un eventual delito sanitario.
Una serie de documentos, fotografías, imágenes de las cámaras de seguridad del local y la incautación de una computadora forman parte de la carpeta de investigación a cargo de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. Dichos elementos fueron dados a conocer por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
En primer lugar, el medio en cuestión señaló que detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema) registraron imágenes del comedor, cocina, la entrada y la oficina. En medio del recorrido, descubrieron una «comanda» escrita a mano que decía: «Secretario Guzman. Senado. Y Roberto Contreras Asesor del Ministerio Público».
Los funcionarios también incautaron un computador, el que enviaron al Cibercrimen de la PDI para para realizar las pericias.
En el informe 30061003 del 6 de agosto, se lee que «de igual forma, se inspeccionaron las dependencias del local comercial constatando que uno de los salones mantenía características similares a la fotografía publicada en el reportaje, emitido por (…) biobiochile.cl (…)».
El documento agrega que «se hace presente (…) que el sitio del suceso estaba alterado, por cuanto se constató la presencia de personas realizando labores de remodelación».
Pero esas no son las únicas pruebas. El equipo de investigadores accedió a las cámaras de la Municipalidad de San Miguel y de un edificio cercano, quedando establecido que Guzmán, junto al fiscal Patricio Rosas y el asesor Roberto Contreras almorzaron en el restaurant Loyola por una hora y 45 minutos.
Otro detalle es que Guzmán llegó al local en un vehículo Subaru propiedad del Senado. Al respecto, Cartagena solicitó a la Corporación que informara si Guzmán tenía autorización para manejar durante la cuarentena. Ante esta consulta, el prosecretario Roberto Bustos Latorre señaló que el Poder Legislativo «no ha emitido ninguna regulación especial interna al efecto». Esto significa que Guzmán podía moverse sin restricciones.
«El secretario del Senado no tiene una agenda pública de sus actividades, ni estas como jefe superior del servicio son registradas formalmente (…)».
Al ser consultado por Biobío, el secretario del Senado sostuvo que «cada vez que he salido de mi domicilio, lo he hecho con los permisos y comunicaciones pertinentes o en razón de necesidades de mis funciones. También entiendo que los establecimientos de delivery o venta de alimentos pueden funcionar, por tratarse los alimentos de un elemento esencial».
Vale recordar que el 9 de julio, el secretario del Senado explicó ante los parlamentarios que había ido al lugar a buscar libros de derechos constitucional. Sin embargo, cuando abandonó el restaurante, junto a Rosas y Contreras, ninguno tenía nada en sus manos.
En esa línea, el oficio enviado por el Congreso a Cartagena establece que «respecto de la sesión del 9 de julio en curso, en relación a los antecedentes publicados en medios de comunicación la Honorable Comisión de Régimen Interior acordó no adoptar medida alguna hasta el término de los procedimientos en curso».
La fiscal Cartagena también solicitó información al Senado respecto al recorrido que hizo Raúl Guzmán luego de abandonar el restaurante. Al respecto, el prosecretario Bustos señaló al Ministerio Público que «no existe documento que dé cuenta del recorrido y conductor de dicho vehículo institucional».
La respuesta no deja de llamar la atención, ya que la Contraloría General de la República estableció que todo vehículo fiscal debe tener una bitácora obligatoriamente.
Con todos estos antecedentes sobre la mesa, la fiscal Cartagena pretende formalizar a Guzmán, Rosas y Contreras por infracción al Artículo 318 del Código Penal.
Sin embargo, el citado medio señala que no será un caso fácil, toda vez que la defensa cuenta con reputados abogados. El fiscal Rosas, por ejemplo, designó a Waldo Bown y Christian Bawlitza, mientras que Contreras contrató al estudio de Juan Domingo Acosta. En tanto, Guzmán tiene a su servicio a Eduardo Camus.
Actualmente, los tres involucrados en esta polémica están suspendidos de sus cargos debido a la investigación discipliinaria que está llevando adelante Christian Toledo.
A ello se suma la multa por 2,5 millones de pesos que la Seremi de Salud Metropolitana dictó contra cada uno de los comensales. Además, el local de comida no está funcionando.
