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Adriana Rivas en una entrevista con el canal australiano SBS Spanish
El magistrado Philip Stewart del tribunal del estado de Nueva Gales del Sur indicó este martes, cuando estaba previsto que anunciara su fallo, que necesita más tiempo para analizar el caso y retrasó su decisión hasta el 29 de octubre.
Un tribunal de justicia de Australia aplazó el fallo sobre la solicitud de extradición de Adriana Rivas, presunta torturadora de la dictadura de Augusto Pinochet, para ser enjuiciada en Chile por la desaparición en la década de 1970 de siete personas, entre ellas una mujer embarazada.
El magistrado Philip Stewart del tribunal del estado de Nueva Gales del Sur indicó este martes, cuando estaba previsto que anunciara su fallo, que necesita más tiempo para analizar el caso y retrasó su decisión hasta el 29 de octubre.
La acusada, quien compareció por videoconferencia desde la prisión en la que está recluida desde su detención en Sídney en febrero de 2019, mantiene su inocencia y asegura que se trata de un juicio político contra ella.
Adriana Navarro, abogada que representa a seis de las siete familias de las presuntas víctimas de la exagente de Pinochet, dijo a Efe que el aplazamiento responde a «una serie de retrasos» en el equipo legal de Rivas durante el juicio.
Por su parte, Frank Santisi, uno de los abogados de Rivas, comentó a Efe que se trata de «un asunto complejo» que necesita «digerir» el juez, al agregar que la defensa esperará la decisión para saber cuál será el siguiente paso a tomar.
La defensa de Rivas ha cuestionado la legalidad de la petición de extradición de Chile, aunque la fiscalía considera que la solicitud se ajusta a los requerimientos de la ley australiana.
El proceso para decidir sobre la extradición de la exespía de Pinochet puede prolongarse durante años si las partes deciden apelar cada uno de los fallos en los distintos escalones judiciales hasta llevar la batalla legal a la máxima instancia judicial de Australia, el Tribunal Superior.
A las afueras del tribunal esperaban una veintena de activistas portando pancartas y fotografías de los siete desaparecidos al ritmo de la música de Víctor Jara, asesinado en 1973 por las fuerzas militares de Pinochet.
«Hoy día queríamos un resultado, hasta cuándo las familias pueden estar esperando», dijo una de las activistas que no pudo entrar en la sala por las medidas de restricción por el covid-19, mientras otra persona remarcó: «Seguiremos hasta que se haga justicia».
Por su lado, la abogada Navarro recalcó que las familias de las víctimas de Rivas tomaron el retraso con tranquilidad dado que «han estado esperando más de 40 años una resolución para saber qué ha sucedido con sus seres queridos».
Rivas, de 67 años, habría participado en la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en donde llegó a ser la secretaria de Manuel Contreras, máximo jefe de esta entidad.
Chile realizó la solicitud de extradición de la mujer en 2014, aunque después tuvo que ser modificado varias veces, por los casos de siete detenidos y desaparecidos afiliados al Partido Comunista de Chile en la década de los setenta.
Rivas está acusada de haber participado como miembro de la brigada Lautaro en el «secuestro agravado» de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista, en 1976, así como los de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada de su primer hijo en el momento de su detención.
