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Entre los firmantes se encuentra la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Colegio de Profesores, la Coordinadora Nacional de Estudiantes (Cones), Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade) y el Consejo Nacional de Organizaciones Asistentes de la Educación (Conaech).
A través de una carta enviada a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, un grupo de organizaciones sociales pidieron gestiones para que el Gobierno suspenda o modifique el Plan Retorno Gradual a Clases Presenciales, iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación y su titular, Raúl Figueroa.
Entre los firmantes se encuentra la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Colegio de Profesores, la Coordinadora Nacional de Estudiantes (Cones), Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade) y el Consejo Nacional de Organizaciones Asistentes de la Educación (Conaech).
Los mencionados califican el plan de retorno gradual como una medida gubernamental contraria a las directrices de Naciones Unidas respecto a la forma cómo los estados deben enfrentar la pandemia en sus respectivos territorios. A su juicio, constituye «una grave amenaza al derecho a la vida y a la salud e integridad física y psíquica”.
De acuerdo a las organizaciones, “el retorno a clases presenciales requiere necesariamente tener absoluta certeza acerca no sólo de las condiciones de los respectivos establecimientos educacionales, sino del contexto pandémico local y su entorno, con sus comunicabilidad y desplazamientos, amén del plan de testeo y trazabilidad”.
“Es también de la mayor importancia entender que en esta situación de incertidumbre es crucial reconocer que, para ser efectiva la decisión de volver al colegio, ésta no puede provenir exclusivamente de un mandato de la autoridad, sino que deberá contemplar la participación de las comunidades locales, las comunidades escolares y las propias familias”, señalan.
«En las condiciones descritas y con las limitaciones antes expresadas, el retorno a clases presenciales anunciado e iniciado, no se ajusta a los estándares de cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos contraídas por el Estado de Chile”, finalizan.
