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El fallo de la Corte de Apelaciones puede ser apelado por la Corte Suprema. Sin embargo, el seremi de Obras Públicas, Víctor Reinoso delizó la posibilidad de que la DGA lo acate.
La Corte de Apelaciones de Concepción dio la razón a las comunidades Pehuenche y ordenó a la Dirección General de Aguas que incorpore la consulta indígena en los remates de derechos de agua del Río Queuco.
El 25 de septiembre del año pasado, una decena de representantes de comunidades Pehuenches llegaron hasta las oficinas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Concepción, con el fin de manifestar su oposición al remate de los derechos de aguas de dos esteros del Alto Biobío y de la privatización del Río Queuco, informó en su momento El Mostrador.
Dos de los remates resultaron desiertos, pero uno fue paralizado por la Corte de Apelaciones de Concepción, que dictó una orden de no innovar, luego que la werkén de la comunidad de Butalelbun en Alto Bíobío, Carmen Paine, junto a Abel Marilao y el senador Alejandro Navarro, interpusieran un recurso de protección para bloquear el remate del río.
La orden de no innovar se dio en medio de un agitado contexto social en la zona, en donde distintas organizaciones por la defensa de las aguas en el Biobío se han movilizado en contra del proyecto de Carretera Hídrica, liderada por el empresario Juan Sutil Servoin, de la Corporación Reguemos Chile, que tiene como objetivo alimentar con nuevos recursos hídricos a los proyectos agrícolas afectados por la sequía entre la Tercera y Octava regiones.
De acuerdo a Biobío, el fallo de la Corte de Apelaciones puede ser apelado por la Corte Suprema. Sin embargo, el seremi de Obras Públicas, Víctor Reinoso delizó la posibilidad de que la DGA lo acate: «Tenemos que pensar los nuevos procesos y procedimientos que vamos a tener que ver más adelante en conjunto con las comunidades».
En la resolución, la Corte de Apelaciones señala que el acto administrativo afecta las costumbres ancestrales de la comunidad pehuenche de Butalelbún, para lo cual existe una normativa especial que obliga a consultas indígenas.
