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Crédito: ATON
A través de una declaración pública, los funcionarios, agrupados en Afiich y Aneiich, anunciaron que recurrirán a la Contraloría.
La Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos (Aneiich) y la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos (Afiich) se refirieron al «perdonazo» de 1.400 millones de impuestos que el Servicio de Impuestos Internos (SII) aplicó al grupo Penta, advirtiendo que «no posee ningún sustento legal» y anunciaron que recurrirán ante la Contraloría General de la República para que la investigue.
A través de una declaración conjunta, apuntaron que el beneficio al holding «no se trata de una mera interpretación de la norma, sino que reviste un abierto carácter ilegal, definiendo como ‘tributarios’ gastos que en ningún término están destinados a generar rentas, sino que corresponden a la defensa judicial frente a acciones dolosas por parte de los representantes de una empresa que cometió actos constitutivos de delito en forma reiterada, y que fue condenada por ello».
«Cualquier acción destinada a investigar y resarcir el daño ocasionado por un actuar doloso, queda reducido a su mínima expresión, si el SII reconoce como gasto aceptado a las empresas, los honorarios de abogados contratados precisamente para defenderse de la acción de organismos fiscalizadores y de control», indican.
«La interpretación esgrimida por las máximas autoridades del SII para aceptar estos gastos de la empresa Penta no posee ningún sustento legal, ni en el código tributario ni en su normativa interna», apuntando directamente al actuar del director, Fernando Barraza.
En ese sentido, recordaron que «la Circular 53 de la Subdirección Normativa, emitida con fecha 10 de agosto de 2020, señala expresamente que ‘no procede considerar como gastos necesarios para producir la renta aquellos que tengan como causa la culpa leve o grave del contribuyente'».
«Esta actitud ajena, indolente y alineada con los viejos y mezquinos intereses que han quebrado la institucionalidad de nuestro país sólo enfatizan la urgente necesidad de realizar reformas profundas al sistema tributario, y de contar con un Servicio de Impuestos Internos con autoridades institucionales autónomas, que sepan responder al interés superior de Chile», cuestionan.
«Es por esta razón que desde nuestras asociaciones de funcionarios presentaremos una denuncia formal ante la Contraloría General de la República para que investigue estas irregularidades de nuestras máximas autoridades, y hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que ejerza sus funciones fiscalizadoras y constituya una comisión investigadora para esclarecer estos graves hechos», anunciaron los trabajadores.
