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El parlamentario explicó que el proyecto de ley en cuestión busca que cualquier centro de estudios investigado por el Ministerio Público tenga prohibido asesorar al Congreso y a parlamentarios.
El diputado Diego Ibáñez (CS) anunció la presentación de un proyecto de ley que permite modificar el reglamento de la Cámara de Diputados, en el contexto de los millonarios pagos que realizó la bancada de la UDI a la Fundación Jaime Guzmán por informes repetidos.
«Por situaciones como las de los informes de la UDI y la fundación Jaime Guzmán es que la política vive hoy una situación de desprestigio generalizado, el Congreso vive una situación de desprestigio generalizado», comentó el diputado Ibáñez, según consigna CNN Chile.
En ese sentido, el parlamentario explicó que el proyecto de ley en cuestión busca que cualquier centro de estudios investigado por el Ministerio Público tenga prohibido asesorar al Congreso y a parlamentarios.
«Y si este centro es condenado, que restituya el dinero y sea inhabilitado de por vida para prestar dichas asesorías, porque estos son atentados contra la democracia», manifestó el diputado.
Un reportaje de Chilevisión Noticias reveló que solo este año, 20 diputados de la UDI han encargado informes por 10 millones de pesos cada uno a la fundación, pagados conjuntamente por los parlamentarios y que tendrían relación con proyectos de ley, resúmenes de sesiones y sugerencias de votos. Dichos informes ya suman un gasto fiscal de 79 millones de pesos en lo que va de este año.
Sin embargo, al sumar los primeros informes encargados desde 2018 hasta la fecha, esta suma asciende hasta los 333 millones de pesos de fondos fiscales pagados a la fundación ligada a la tienda gremialista.
La Fundación Jaime Guzmán se defendió, señalando a través de un comunicado que «el vínculo de la Fundación con el Congreso Nacional se materializa a través de contratos de asesoría externa. En específico, una modalidad de contratación denominada ‘contrato múltiple’, donde existe un solo contrato, suscrito en la actualidad por 20 parlamentarios».
En esa línea, explican que todos los contratos «entre la Fundación Jaime Guzmán y el Congreso Nacional cumplen plenamente con la legislación vigente, habiendo sido auditados y validados por la Contraloría de la Cámara de Diputados».
