PAÍS
Crédito: ATON (Contexto)
En la actualidad bastaba con que el Ministerio Público dispusiera esta medida, pero con esta resolución se deberá contarse con una autorización judicial. Esta resolución fue acordada por ocho de los 10 votos que constituyen el TC.
A través de un fallo conocido este viernes, el Tribunal Constitucional (TC) limitó las facultades del Ministerio Público a la hora de decretar el secreto en las causas judiciales por lavado de activos.
En la actualidad bastaba con que el Ministerio Público dispusiera esta medida, pero con esta resolución se deberá contarse con una autorización judicial. Esta resolución fue acordada por ocho de los 10 votos que constituyen el TC.
Esta nueva limitante quedó reflejada en medio de la causa que investiga presunta corrupción en la instalación de luminarias LED. Esto, luego de que el abogado Juan Carlos Manríquez, en representación del exadministrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos, investigado dicha causa, recurriera al TC por estimar que la aplicación del artículo 31 de la Ley de Lavado de Activos que establece el secreto, era injustificada.
En la resolución del TC si bien se rechaza el requerimiento por el “factor técnico” de que la fiscalía decidió terminar el secreto pocos días antes que se resolviera la alegación, sí establece que esta facultad “es una limitación al derecho a defensa. Pero, que por disposición expresa del artículo 83, inciso tercero, constitucional, y dado que su aplicación restringe o perturba el ejercicio de los derechos que la propia Constitución asegura, requiere siempre de aprobación judicial previa”.
Ricardo Vallejos es investigado penalmente por participar en eventuales negociaciones incompatibles mientras ejerció el cargo en el municipio local, presuntamente favoreciendo a sus familiares directos.
