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Mientras el Ministerio Público declinó comentar si habrá un cambio de criterio en materia de las prisiones preventivas que afectan a los denominados presos del estallido social, el senador RD compartió que el Fiscal Nacional podría instruir una nueva directriz en esta materia. Sin embargo, remarcó que si bien es un avance, no se soluciona el problema, argumentando que es necesaria una «salida política». En ese sentido, defendió el proyecto de indulto que él -junto a otros parlamentarios- presentó en el Congreso Nacional.
Una de las tesis para abordar la situación de los denominados presos del estallido social apunta al rol que podría jugar el Fiscal Nacional Jorge Abbott para poner fin a la prisión preventiva de estas personas, pudiendo adoptar medidas cautelares alternativas, como el arresto domiciliario o el arraigo nacional, tal como lo plantea la editorial de El Mostrador de este miércoles.
Mientras el Ministerio Público declinó comentar si habrá un cambio de criterio en materia de las prisiones preventivas que afectan a los denominados presos del estallido social, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, coincidió en que “efectivamente el fiscal nacional podría instruir a los fiscales a revisar las prisiones preventivas”.
“Es algo que las defensas apelan, pero no ha habido en muchos casos respuestas favorables y siguen con prisiones preventivas muy largas (…) es algo que él podría instruir, sobre todo cuando parte de la queja ha sido (que ha habido) prisiones preventivas muy largas, más de un año en muchos casos. Entonces, que pudiera revisar aquello, instruir un cambio de medida cautelar, por ejemplo arresto domiciliario o arraigo nacional», dijo Latorre a El Mostrador.
Sin embargo, el parlamentario de Revolución Democrática remarcó que si bien es un avance, no se soluciona el problema, y en ese sentido defendió el proyecto de indulto que él -junto a otros parlamentarios- presentó en el Congreso Nacional, argumentando que es una «salida política».
«No se soluciona el problema con eso. Hoy día tenemos varios casos con arresto domiciliario. Ellos están esperando una condena. Por eso el proyecto de indulto que presentamos en el Senado incluye personas que son imputadas o que están en prisión preventiva, y que también incluya a personas condenadas (…) ayudaría a descomprimir el problema, pero no lo soluciona», sostuvo el senador.
«No sacamos nada con tener esperando largos periodos de tiempo a personas con arresto domiciliario, que si bien es mejor que estar en la cárcel, sigue habiendo dudas respecto de los montajes que han habido por parte de Carabineros, la falta de prueba en muchos casos», agregó.
En ese sentido, Latorre llamó al fiscal nacional a que junto con instruir «a los fiscales para revisar las medidas cautelares, que puedan revisar también los múltiples casos donde han habido largas prisiones preventivas y luego las personas han salido absueltas por falta de pruebas, que pueda escuchar esos testimonios de los familiares, de los presos de la revuelta, y que también puedan revisar cómo se está trabajando a nivel de la fiscalía».
«No es algo deseable -continuó- en una sociedad democrática que existan juicios o personas con un largo periodo en la cárcel, vulnerando el debido proceso, la presunción de inocencia, finalmente después de estar más de un año privados de libertad, terminan absueltos. Se han demostrado múltiples casos de montajes o pruebas muy débiles. No se justifica la prisión preventiva, más aún en condiciones de pandemia».
Hace algunas semanas, la Fiscalía Nacional señaló que el número de personas que permanecen en prisión preventiva por delitos cometidos asociados al estallido social son actualmente 25. «Los 25 imputados fueron formalizados ante los Tribunales de Justicia, los que determinaron su privación de libertad, por cumplirse las causales legales para ello, en términos de que la Fiscalía presentó antecedentes que justifican la existencia del delito investigado y que permiten presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en tal ilícito como autor, cómplice o encubridor», informó la Fiscalía.
Latorre pone en duda esta cifra, argumentando que «lo que hemos recogido (…) es que hay más personas privadas de libertad, y además no se considera a los menores de edad, adolescentes que están en centros del Sename. Las cifras que maneja la sociedad civil serían superiores a esa».
«Hay otro grupo importante de más de 300 personas que están con arresto domiciliario esperando que terminen las investigaciones. Por eso el tema de las cifras no es solo a los presos, sino que al conjunto de personas que tienen procesos abiertos en el Poder Judicial con distintas medidas de arraigo o arresto domiciliario», finalizó.
